Ofelia Esquivel Mejía

Expediente 475/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
475/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • Ofelia Esquivel Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio número 8975, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso 7590, e informa que acepta la competencia declinada, por lo que se avocó al conocimiento del juicio de amparo número 475/2019-V, promovido por..., en su carácter de apoderado de..., contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribual de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Por otra parte, tomando en consideración que mediante proveído de tres de mayo de este año, se reservó acordar en cuanto al fondo del oficio número 2334, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjuntó el diverso 490, suscrito por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hasta en tanto el Juez a quien por turno tocara conocer del referido juicio de amparo, se pronunciara sobre la competencia planteada, lo que ya aconteció; en consecuencia, se ordena remitir el aludido oficio número 490, al Juez Federal en alusión, para los efectos legales a que haya lugar, previa copia certificada que del mismo se deje en autos. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que del párrafo que antecede se advierte que el cuaderno de antecedentes en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio número 2334, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el diverso 490, suscrito por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; empero, resérvese acordar en cuanto al fondo del mismo hasta en tanto el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Michoacán, que por razón de turno corresponda conocer del presente juicio de amparo, informe si se avoca al conocimiento del juicio de amparo 475/2019-V, del que deriva el presente cuaderno de incompetencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...Por recibido el oficio número 2203, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo civil 318/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Javier Torres Roa, en su carácter apoderado de Ofelia Esquivel Mejía, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; lo anterior, en cumplimiento a la resolución de veintitrés de abril del año en curso, en la que declaró carecer de competencia legal para su conocimiento, por no encontrarse en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo; por tanto, este Juzgado SE AVOCA al estudio de la misma; acúsese recibo. Ahora bien, de la demanda de amparo en trato, se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, estable lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: ".ACTO RECLAMADO: De la autoridad que señalo como responsable, reclamo: La Resolución de fecha 14 catorce de Marzo del presente año 2019 dos mil diecinueve, con la que en definitiva resuelve el Toca Civil I-55/2019, relativo al procedimiento del recurso de Apelación interpuesto en contra del auto de 04 cuatro de Diciembre del año próximo pasado 2018 dos mil dieciocho dictado sin el debido fundamento legal por el C. Juez primero de primera instancia del Distrito Judicial de los Reyes, Michoacán dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario número 922/2004 a bienes del extinto Luís Esquivel Mejía, reclamación que para efectos legales me permito hacer extensiva para los actos que de ella se deriven, por considerar su inconstitucionalidad por las razones lógicas y jurídicas a exponer como sustento de los conceptos de violación a formular en este escrito de demanda de garantías.". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tendrá materialización en Peribán, Michoacán, lugar en donde tiene jurisdicción dicho Juez Federal, , según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, si se toma en consideración que el acto reclamado consistente en la resolución de catorce de marzo de dos mil diecinueve, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca civil IV-I-55/2019, la cual confirmó el proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario número 922/2004, en el que se ordenó la entrega del bien inmueble denominado "El Zapote", ubicado en la población de Peribán, Michoacán; por tanto, como ya se dijo, el acto reclamado lleva implícita una ejecución, que se materializará en Peribán, Michoacán, pues es ahí donde se ubica el bien inmueble cuya entrega se ordenó. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 606, tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Y la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Circuíto Luis Mireles número 847-B, colonia Ana María Gallaga, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a PATRICIA LICEA LUGO, pero no gozará de las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no se encontró dato inherente a la cédula profesional que acredite a la referida autorizada como licenciada en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Diego de Jesús Torres García, toda vez que la parte quejosa manifiesta que es pasante jurista. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Supema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional...

  4. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de seis meses que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que la parte tercera interesada haya hecho valer el incidente a que se refiere el citado numeral; en consecuencia, déjese a disposición de la quejosa MA. RAFAELA HUERTA PÉREZ, el billete de depósito número N 792954, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, valioso por la cantidad de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), mismo que exhibió para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, en atención a que resulta innecesario seguir conservándolo en depósito y a disposición de este Juzgado; en consecuencia, la anterior circunstancia, hágase de su conocimiento en el domicilio que tiene señalado en autos para recibir notificaciones, informándole además que de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, tiene dos años contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, para que comparezca ante este Juzgado a recibir dicho billete de depósito previamente endosado, apercibida que de no hacerlo en ese lapso, la garantía de que se trata prescribirá a favor del Erario Federal. Ahora bien, una vez que se actualice alguno de los supuestos a que se hace referencia en el párrafo que antecede, esto es, que el citado depositante comparezca ante este Juzgado a recibir el billete de depósito respectivo, o bien, que el mismo sea ingresado al Erario Federal en el término de dos años, provéase lo relativo a la depuración de este expediente en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito...

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