Ofelia Elizondo Sánchez
Expediente 1129/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/07/2019
Partes del expediente
- Ofelia Elizondo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO...
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TAL Y COMO FUE ORDENADO EN EL AUTO DE 02 DE JULIO DE 2019, SE ORDENA PRACTICAR A LA PARTE QUEJOSA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEIDO POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: ""... AUTORIDAD RESPONSABLE DA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO, DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA, SE APERCIBE.
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NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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POR ESTE MEDIO Y CON ESTA FECHA SE ORDENA NOTIFICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS EL PROVEÍDO DE 14 DE JUNIO DE 2019, QUE A LA LETRA DICE: Visto lo de cuenta, se provee: como está ordenado en el juicio principal del cual deriva este cuaderno, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, relativo a la ampliación de demanda del juicio de amparo 2784/2018, promovido por Alejandro Cervantes Escobar en su carácter de Gerente General de Grupo Cesco de los Altos, sociedad anónima de capital variable, contra actos que reclama de las autoridades que denominó: 1. Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. 2. Director de Padrón y Licencias del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberá rendir, por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, el cual deberán rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser objeto de multa, de conformidad al artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. En el entendido de que la autoridad responsable se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Ahora bien, a fin de agilizar la integración de este asunto, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que pueden remitir sus informes al correo electrónico de este juzgado: 5jdo3ctoa@correo.cjf.gob.mx, sin que ello implique prescindir de su remisión vía ordinaria. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DOS MIL DIECINUEVE. Se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de distrito, para que notifique la tramitación de esta incidencia a las terceras interesadas Mega Gasolineras, sociedad anónima de capital variable y Salvador Hernández González, entregándoles copia simple del presente acuerdo. Ahora bien, tomando en consideración que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y evitar que las consecuencias de los actos reclamados causen daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación, para que la sentencia que en su caso declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Del análisis a la ampliación de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama medularmente de las autoridades señaladas como responsables: a) La omisión por parte de las responsables de ejercer las facultades previstas en los ordenamientos correspondientes al permitir la edificación de la gasolinera ubicada en calle Agustín Rivera número 690, colonia El Pirulito, en Lagos de Moreno Jalisco. b) Las consecuencias jurídicas derivadas de lo anterior que se traducen en la anuencia para el inicio de actividades comerciales de la negociación indicada en el inciso que antecede. Por otra parte, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar para los efectos siguientes: "1. Restituir provisionalmente en el derecho violado, esto es, para que las autoridades responsables dejen si eficacia jurídica temporalmente las consecuencias jurídicas de las autorizaciones, permisos o licencias de operación o funcionamiento del giro y vigilen que los terceros interesados observen el acto de suspensión. 2. Restituir provisionalmente en el derecho violado, esto es, para el efecto de que la Unidad Estatal de Protección Civil realice las visitas de verificación necesarios y, en su caso, determine las medidas de seguridad correspondientes, con la finalidad de asegurar el estricto cumplimiento del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de seguridad y prevención de riesgos en establecimientos de venta, almacenamiento y autoconsumo de gasolinas y diesel." En ese contexto, toda vez que la suspensión se solicita para los efectos precisados en el párrafo que antecede, este Juzgador Federal se pronunciará únicamente respecto de ellos. Al respecto, y previo al pronunciamiento de la medida cautelar solicitada, cabe precisar que en el caso el solicitante del amparo aduce le reviste un interés legítimo, dado que es poseedor de la negociación con actividad de estación de servicio (gasolinera) que se localiza en Carretera a la Unión número 472 Colonia Santa Elena en Lagos de Moreno, Jalisco, esto es, se encuentra cercana al predio localizado en Calle Agustin Rivera número 690, colonia El Pirulito, en la Ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, en que tiene conocimiento del inicio operaciones de la estación de servicios (gasolinera), bajo autorizaciones, que en su opinión, se encuentran fuera del marco normativo aplicable. En esa tesitura, por lo que ve a los actos sintetizados, toda vez que se trata de actos susceptibles de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 107, fracción X, 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:... X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Conforme al precepto legal transcrito, los actos reclamados en los juicios de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo), para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social. Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En principio es importante señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la tesis P./J. 50/2014 (10a.), que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Entonces, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por la parte interesada, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo impetrado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que se reprochan las consecuencias jurídicas de la omisión por parte de las responsables de ejercer las facultades previstas en los ordenamientos correspondientes al permitir la edificación e inicio de actividades de la gasolinera ubicada en calle Agustín Rivera número 690, colonia El Pirulito, en Lagos de Moreno Jalisco actos que de continuar serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a lo habitantes cercanos al domicilio de dicha estación de servicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 1053 , que establece: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular, a través de las sentencias de amparo, el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". Además, la parte quejosa demostró el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata, con las documentales que allegó consistente en: Copia certificada de la licencia municipal número LM11918, expedida por el Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco, a favor de la quejosa Grupo Cesco de los Altos, sociedad anónima de capital variable. Original de comprobante de consumo expedido por la empresa Mega Gasolineras, sociedad anónima de capital variable, con domicilio en Agustín Rivera número 690, colonia El Pirulito, Lagos de Moreno, Jalisco. Impresiones de tres fotografías en las que se observa una estación de servicio (gasolinera). Acuse de recibo del escrito dirigido al Director General de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco. Medios de convicción que se tiene a la vista al momento de proveer la suspensión provisional y a los que se les otorga valor probatorio indiciario por contar con sellos originales certificadas, acorde a lo previsto por los numerales 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su artículo 2°. Los cuales, adminiculados con la manifestación que bajo protesta de decir verdad, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, por tanto, cualquier afectación sobre sus derechos le afecta. Lo que resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 199 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para tener por demostrado indiciariamente su interés suspensional. Resulta aplicable a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito , cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA. Es frecuente que en el momento de decidir sobre la suspensión provisional, el juez de Distrito no cuente con pruebas para proveer sobre tal medida, siendo lógico e inevitable que ante el peligro de inminente ejecución del acto reclamado, tenga que otorgar credibilidad a lo afirmado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías siempre que se trate de hechos razonables y verosímiles; ya que el juzgador, en ese momento procesal, no dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo manifestado por el promovente en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se le pueden ocasionar con su ejecución. Es por lo anterior que apoyándose en tales datos y con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo el juez debe conceder la suspensión provisional, independientemente de que durante el trámite del incidente suspensivo se aporten pruebas, sean valoradas de conformidad con las disposiciones aplicables y se pueda conceder o negar la medida suspensional en forma definitiva." En razón de lo expuesto con antelación, se CONCEDE a la parte quejosa, la suspensión provisional para el único efecto de que las autoridades responsables lleven a cabo las visitas correspondientes y verificación de que la estación de combustible propiedad de la tercera interesada, cumpla con los requisitos de acuerdo a las normas Estatales y Municipales para su funcionamiento, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión. Sin que en caso de existir, proceda suspender los efectos del otorgamiento de la licencia para la operación del giro comercial por tratarse de un derecho constituido del tercero interesado, limitante establecida por el artículo 131 de la propia Ley de Amparo, que dispone que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Además, de que en caso se concederse la referida medida en esos términos, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, de lo que constituye el acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda, según se advierte de la solicitud de la suspensión en dicho ocurso; y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su primera integración, cuyo epígrafe y contenido dicen: "SUSPENSION, AL RESOLVERSE NO DEBEN TRATARSE CUESTIONES DE FONDO .- La suspensión del acto reclamado, debe estudiarse a través de las disposiciones del capítulo 3o., título II, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que reglamentan la suspensión, y no tratarse en ellas cuestiones que se refieran a la procedencia del amparo." La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados al tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. Dicha garantía se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 132, en relación con el diverso 136 de la Ley de Amparo, la que deberá de presentarla en cualquiera de las formas previstas por la ley, en el entendido que si opta por la exhibición de póliza de fianza o billete de depósito, en el documento relativo debe asentarse que la compañía que lo expide se somete expresamente a la jurisdicción de este tribunal, así como establecer que garantiza la suspensión provisional. Se hace del conocimiento de las partes que, el hecho de que se fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la concesión de la medida, no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero interesada, ni tampoco el parámetro considerado por el juzgador federal para fijar su importe, constituye el método obligatorio que ha de considerarse en un incidente de daños y perjuicios para su cuantificación, pues dado que su determinación es hipotética, en todo caso corresponde al tercero interesado no sólo la plena demostración de que éstos se causaron, sino también su importe. Más aun, la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica del tercero interesado como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los perjuicios que pudieran causarse a los terceros interesados por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. En el entendido de que si se opta por la exhibición de póliza de fianza, en el documento relativo debe asentarse que la compañía afianzadora se somete expresamente a la jurisdicción de este tribunal. Tienen apoyo a lo anterior la tesis del tenor literal siguiente: "FACULTAD POTESTATIVA Y DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DEL AMPARO ESTABLECER LA FORMA DE GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS .- Una interpretación armónica y sistemática de los artículos 125, 126, 173 y 174 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales permite concluir que, en materia de amparo directo, en los casos en que sea procedente la suspensión del acto reclamado, el quejoso debe garantizar los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, por medio de una garantía. El ordenamiento aludido otorga a la autoridad responsable la facultad discrecional en materias civil o administrativa de conceder la suspensión, la cual surtirá efectos si el quejoso otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se causaren, cuyo importe será fijado discrecionalmente por la autoridad que conozca del mismo; y en materia laboral, cuando a juicio del presidente del tribunal del trabajo no se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir, mientras se resuelve la instancia constitucional; en ambos casos, queda al arbitrio de la autoridad establecer el tipo de caución que sea bastante para esos efectos, y no al promovente la elección de la garantía." Ténganse como pruebas de la parte quejosa las documentales antes señaladas, así como la impresión del testimonio que resolvió la queja 346/2018, medios de convicción que se admiten y desahogan, en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Finalmente, con la finalidad de agilizar el trámite de incidente de suspensión, remítanse vía mensajería acelerada a la autoridad responsable Director de Padrón y Licencias del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco el oficio por el que se solicita su informe previo. Notifíquese personalmente.
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