Ofelia Ek Chalé

Expediente 938/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
938/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Ofelia Ek Chalé

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de once de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se realizó a la parte quejosa el doce de diciembre que transcurre, sin que a la fecha hubiera hecho manifestaciones al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en el resolutivo primero se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: "a) La Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado responsable deje insubsistente el oficio reclamado; y b) Dicte uno nuevo, el cual podrá ser en el mismo sentido del anterior o en sentido diverso, pero fundando y motivando su resolución, clasifique si la información que obra en el expediente de origen tienen el carácter de "reservada" y "confidencial", y en su caso, de ser procedente, podrá aplicar la prueba de daño." (foja 32). Posteriormente, en auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la procuraduría responsable. Mediante acuerdos de trece de noviembre y cuatro de diciembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos se tuvo por no cumplido el fallo protector en este asunto y se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. A fin de cumplir con este último requerimiento, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, mediante misiva de diez de diciembre de dos mil dieciocho, informó que dictó un nuevo acuerdo el siete del propio mes y año en el que dejó insubsistente el oficio DIF/PRODEMEFA/JUR.EXT/5330.2018 de catorce de noviembre del año que transcurre y accedió a la petición de la quejosa de expedirle copia simple de las constancias que obran en el expediente natural, pero en versión pública a fin de garantizar la protección de datos personales, por contener información clasificada como confidencial, fundando y motivando dicha determinación, en los términos conducentes siguientes: "...Teniendo en consideración lo anterior, en el caso que nos ocupa, si bien es cierto Usted es parte interesada en respectivo expediente número 402/2018, también lo es el hecho que esta Procuraduría cumpliendo con la protección de datos personales, establecida en la fracción II, del Apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que dispone: "Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: II.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes"; no cuenta con la autorización y/o consentimiento de los particulares titulares de la información, en términos del artículo 120 de la invocada ley y que a la letra dice: "Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: I.- La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II.- Por ley tenga el carácter de pública; IV.- Exista una orden judicial; IV.- Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o V.-Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión o la intimidad ocasionada por la divulgación de información confidencial y el interés público de la información." "Así tenemos que, en virtud de que no se cuenta con el consentimiento de las demás personas o particulares titulares de la información que aparece en las constancias del expediente número 402/2018, esta Procuraduría sólo puede acceder a expedirle las copias que solicitó, pero en versión pública para proteger sus datos personales; debido a que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 120 antes citado y transcrito, como lo sería por ejemplo la existencia de una orden y/o requerimiento judicial; lo cual no puede ni debe ser considerado como una violación a su derecho fundamental de Defensa, por tratarse de información de perteneciente a personas diversas a Usted..." (fojas 78 a 80). En este orden de ideas, de un análisis comparativo entre el nuevo acuerdo de siete de diciembre en curso y las consideraciones expuestas en el fallo protector, pone de manifiesto que aquélla no incurre en las violaciones formales por las que se concedió el amparo solicitado. Se afirma lo anterior, toda vez que si la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dictó el día siete de diciembre en curso un nuevo acuerdo en el que accedió a la petición de la quejosa de expedirle copia simple de las constancias que obran en el expediente natural, pero en versión pública a fin de garantizar la protección de datos personales, por contener información clasificada como confidencial, expresando los motivos y fundamentos legales como se ha visto, con ello cumple con la ejecutoria de mérito. Pues para que lo anterior no aconteciera, se requeriría que ambas resoluciones se sustentaran en los mismos motivos, lo cual traería como consecuencia, por una parte, que el nuevo reiterara la violación de derechos fundamentales que ya fue declarada inconstitucional y, por otra, que la ejecutoria correspondiente no se respetó, lo que no sucede en el caso, habida cuenta, que en la primera de ellas materia del juicio de amparo, la responsable se había negado a expedir las copias; y en la diversa resolución materia de esta determinación, la responsable subsanó la irregularidad formal en que había incurrido al acceder a la expedición de la copias pero en versión pública a fin de garantizar la protección de datos personales, por contener información clasificada como confidencial, expresando las razones y fundamentos para ello y del porqué no se afectaba el derecho fundamental de defensa de la aquí quejosa. Cobran aplicación, por analogía en lo relativo a la fundamentación y motivación, las jurisprudencias 1a./J. 30/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa lo siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio." (Época: Novena Época, Registro: 196209, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 30/98, Página: 337). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio reclamado y dictar uno nuevo, en el que clasificara si la información contenida en el expediente era considerada como reservada, debiendo invariablemente fundar y motivar dicha resolución, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. No es óbice la circunstancia de que lo resuelto por la autoridad responsable en la nueva resolución pudiera resultar antijurídico por una indebida aplicación o interpretación de la ley, por no haberse aplicado una disposición normativa cuando era necesario aplicarla o porque se aplicó sin serlo, ya que eso no podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, por no contar, como ya se dijo, con la característica de reiterar una violación de derechos fundamentales que ya se juzgó. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de once de diciembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se realizó a la parte quejosa el doce de diciembre que transcurre, sin que a la fecha hubiera hecho manifestaciones al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en el resolutivo primero se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: "a) La Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado responsable deje insubsistente el oficio reclamado; y b) Dicte uno nuevo, el cual podrá ser en el mismo sentido del anterior o en sentido diverso, pero fundando y motivando su resolución, clasifique si la información que obra en el expediente de origen tienen el carácter de "reservada" y "confidencial", y en su caso, de ser procedente, podrá aplicar la prueba de daño." (foja 32). Posteriormente, en auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la procuraduría responsable. Mediante acuerdos de trece de noviembre y cuatro de diciembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos se tuvo por no cumplido el fallo protector en este asunto y se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. A fin de cumplir con este último requerimiento, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, mediante misiva de diez de diciembre de dos mil dieciocho, informó que dictó un nuevo acuerdo el siete del propio mes y año en el que dejó insubsistente el oficio DIF/PRODEMEFA/JUR.EXT/5330.2018 de catorce de noviembre del año que transcurre y accedió a la petición de la quejosa de expedirle copia simple de las constancias que obran en el expediente natural, pero en versión pública a fin de garantizar la protección de datos personales, por contener información clasificada como confidencial, fundando y motivando dicha determinación, en los términos conducentes siguientes: "...Teniendo en consideración lo anterior, en el caso que nos ocupa, si bien es cierto Usted es parte interesada en respectivo expediente número 402/2018, también lo es el hecho que esta Procuraduría cumpliendo con la protección de datos personales, establecida en la fracción II, del Apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que dispone: "Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: II.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes"; no cuenta con la autorización y/o consentimiento de los particulares titulares de la información, en términos del artículo 120 de la invocada ley y que a la letra dice: "Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: I.- La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II.- Por ley tenga el carácter de pública; IV.- Exista una orden judicial; IV.- Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o V.-Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión o la intimidad ocasionada por la divulgación de información confidencial y el interés público de la información." "Así tenemos que, en virtud de que no se cuenta con el consentimiento de las demás personas o particulares titulares de la información que aparece en las constancias del expediente número 402/2018, esta Procuraduría sólo puede acceder a expedirle las copias que solicitó, pero en versión pública para proteger sus datos personales; debido a que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 120 antes citado y transcrito, como lo sería por ejemplo la existencia de una orden y/o requerimiento judicial; lo cual no puede ni debe ser considerado como una violación a su derecho fundamental de Defensa, por tratarse de información de perteneciente a personas diversas a Usted..." (fojas 78 a 80). En este orden de ideas, de un análisis comparativo entre el nuevo acuerdo de siete de diciembre en curso y las consideraciones expuestas en el fallo protector, pone de manifiesto que aquélla no incurre en las violaciones formales por las que se concedió el amparo solicitado. Se afirma lo anterior, toda vez que si la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dictó el día siete de diciembre en curso un nuevo acuerdo en el que accedió a la petición de la quejosa de expedirle copia simple de las constancias que obran en el expediente natural, pero en versión pública a fin de garantizar la protección de datos personales, por contener información clasificada como confidencial, expresando los motivos y fundamentos legales como se ha visto, con ello cumple con la ejecutoria de mérito. Pues para que lo anterior no aconteciera, se requeriría que ambas resoluciones se sustentaran en los mismos motivos, lo cual traería como consecuencia, por una parte, que el nuevo reiterara la violación de derechos fundamentales que ya fue declarada inconstitucional y, por otra, que la ejecutoria correspondiente no se respetó, lo que no sucede en el caso, habida cuenta, que en la primera de ellas materia del juicio de amparo, la responsable se había negado a expedir las copias; y en la diversa resolución materia de esta determinación, la responsable subsanó la irregularidad formal en que había incurrido al acceder a la expedición de la copias pero en versión pública a fin de garantizar la protección de datos personales, por contener información clasificada como confidencial, expresando las razones y fundamentos para ello y del porqué no se afectaba el derecho fundamental de defensa de la aquí quejosa. Cobran aplicación, por analogía en lo relativo a la fundamentación y motivación, las jurisprudencias 1a./J. 30/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa lo siguiente: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en esas hipótesis es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, pues de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio." (Época: Novena Época, Registro: 196209, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 30/98, Página: 337). Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio reclamado y dictar uno nuevo, en el que clasificara si la información contenida en el expediente era considerada como reservada, debiendo invariablemente fundar y motivar dicha resolución, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. No es óbice la circunstancia de que lo resuelto por la autoridad responsable en la nueva resolución pudiera resultar antijurídico por una indebida aplicación o interpretación de la ley, por no haberse aplicado una disposición normativa cuando era necesario aplicarla o porque se aplicó sin serlo, ya que eso no podría dar lugar a no tener por cumplida la sentencia ejecutoria, por no contar, como ya se dijo, con la característica de reiterar una violación de derechos fundamentales que ya se juzgó. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, así como el anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se realizó a la parte quejosa el veintisiete de noviembre pasado por medio de la lista de estrados y mediante escrito presentado el veintiocho siguiente en este Juzgado Federal, desahogó la vista del cumplimiento que se le dio. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en el resolutivo primero se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para el efecto de que: "a) La Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado responsable deje insubsistente el oficio reclamado; y b) Dicte uno nuevo, el cual podrá ser en el mismo sentido del anterior o en sentido diverso, pero fundando y motivando su resolución, clasifique si la información que obra en el expediente de origen tienen el carácter de "reservada" y "confidencial", y en su caso, de ser procedente, podrá aplicar la prueba de daño." (foja 32). Posteriormente, en auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la procuraduría responsable. Mediante acuerdo de trece de noviembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos se tuvo por no cumplido el fallo protector en este asunto y se requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la misma, la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, mediante misiva de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, informó que el catorce del propio mes y año, dictó un nuevo acuerdo en el que dejó insubsistente el oficio reclamado DIF/PRODEMEFA/JUR.EXT/3431.2018 de veinticinco de julio del año que transcurre y dictó otro en el que accedió a la petición de expedir copias simples de las constancias que obran en el expediente natural pero en versión pública, por contener información clasificada como confidencial. Sin embargo, DEBE ESTIMARSE POR NO CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR atendiendo a lo siguiente: El artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado en la demanda sea de carácter positivo, la sentencia que conceda tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Y, de ser de carácter negativo, el efecto de la concesión será para obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. En la especie, confrontando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del invocado numeral, con la documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que no puede estimarse que se dio cabal cumplimiento a la misma. Lo anterior, toda vez que la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán no fundó ni motivó su resolución al momento de clasificar que la información contenida en el expediente era confidencial. Ya que se limitó a señalar lo siguiente: "...se accede a su petición consistente en la expedición de una copia simple de las constancias que obran en el expediente, sin embargo se realizara en versión pública, toda vez que el mismo contiene información de datos personales concernientes a personas identificadas o identificables, considerados como información confidencial dándole así contestación a su escrito de fecha siete de Julio del año en curso; con fundamento en los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública..." Como puede observarse, si bien es verdad que en la nueva determinación la autoridad en cita señaló determinados preceptos legales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también lo es que de nueva cuenta se incurre en violaciones de carácter formal que dejan en estado de indefensión a la quejosa e impiden restituirlas en el goce de sus derechos fundamentales violados. Pues no basta con citar determinados preceptos y reseñar los hechos, sino que para que un acto de autoridad esté debidamente fundamentado y motivado es menester que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro; extremos que la autoridad no satisface en la resolución en comento, pues no pasa inadvertido que otra vez omitió efectuar un razonamiento lógico jurídico del por qué la información resultaba confidencial para la peticionaria, pues soslayó destacar si la quejosa era parte interesada o no en el asunto que ante ella se ventila, ya que si lo es, no puede considerarse como información reservada o confidencial, pues se trastocaría su derecho de defensa. Además, no se declina precisar que en la ejecutoria en análisis se le hizo la acotación de que podría observar lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Décima Época, registro 2012663, página 470, que es del tenor literal siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Así como lo que informa la tesis I.9o.P.183 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA "PRUEBA DE DAÑO" PREVISTA EN LAS LEYES FEDERAL Y GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INSTITUIDA PARA DETERMINAR SI SE PERMITE EL ACCESO A INFORMACIÓN RESERVADA, ES INAPLICABLE PARA QUIENES SON PARTE EN LA INDAGATORIA, POR LO QUE UTILIZARLA PARA RESTRINGIRLES EL ACCESO A LAS CONSTANCIAS QUE LA INTEGRAN, CONSTITUYE UNA CARGA DESPROPORCIONADA, INCOMPATIBLE CON EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el derecho de acceso a la información, determinó que la información reservada puede darse a conocer públicamente, mediante la elaboración de una "prueba de daño" -prevista en las Leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública- que consiste, medularmente, en la facultad de la autoridad que posee la información solicitada para ponderar y valorar mediante la debida fundamentación y motivación, el proporcionarla o no, en tanto que su divulgación ponga en riesgo o pueda causar un perjuicio real al objetivo o principio que trata de salvaguardar, y de manera estricta debe demostrarse que el perjuicio u objetivo reservado, resulta mayormente afectado que los beneficios que podrían lograrse con la difusión de la información. Lo anterior, conforme al principio de buena fe en materia de acceso a la información, previsto en el artículo 6o., fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública. Lo anterior le permitió concluir que los párrafos segundo, tercero y sexto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (abrogado), transgreden el derecho humano de acceso a la información, al prever que la contenida en una averiguación previa debe considerarse reservada, sin contener criterios que permitan determinar casuísticamente cuál es la información que debe reservarse. Ahora bien, tratándose de averiguaciones previas, esas consideraciones deben entenderse aplicables para terceros a ellas, esto es, cuando quien solicita la información no es parte en la indagatoria, pues para el inculpado, su defensor, la víctima u ofendido y su representante legal, la averiguación previa no puede considerarse como información reservada o confidencial, ni justifica la negativa de expedirles copias de las constancias que la integran, porque hacerlo constituye una carga desproporcionada, incompatible con el derecho de defensa adecuada, previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal, aunado a que las partes gozan de legitimación para intervenir en la fase procesal de referencia, a fin de acreditar sus pretensiones y tienen conocimiento de los hechos. La anterior interpretación es acorde con el artículo 1o. constitucional y con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos", en el que determinó que la negativa de expedir copias del expediente de una investigación a las víctimas, constituye una carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación en la averiguación previa y que, por tanto, el Estado debe contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes." (Época: Décima Época, Registro: 2016501, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.9o.P.183 P (10a.), Página: 3330). Por ello y a fin de asegurar un cumplimiento efectivo de la sentencia y su observancia puntual y satisfactoria a los intereses de la parte quejosa en este juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador determina que el acto de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, que ha ejecutado en representación de la procuraduría a su cargo, no da cumplimiento a la ejecutoria emitida en este asunto, pues cuenta con un defecto, consistiendo éste en que no fundó ni motivó su resolución al clasificar que la información contenida en el expediente era confidencial. En consecuencia, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que, dentro el término de tres días hábiles siguientes a aquel en que se le notifique este acuerdo, cumpla a cabalidad con la ejecutoria en análisis, remitiendo copia certificada de lo que resuelva al respecto. Lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." En la inteligencia que subsiste el apercibimiento de multa decretado por auto de veinticinco de octubre del año en curso en caso de incumplir. Notifíquese personalmente y cúmplase.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano