Odon García Mata

Expediente 1064/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1064/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Odon García Mata

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la agraviada ********************; a fin de que la autoridad responsable dentro del expediente laboral ********************, señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en su caso ordenara al actuario de su adscripción realizar el emplazamiento a la parte demandada; asimismo, mediante proveído de trece de junio del año en curso, causó ejecutoria el citado fallo, requiriendo su debido cumplimiento a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, no obstante los múltiples requerimientos, la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y sus integrantes Presidente; representante de los trabajadores; y, representante de los patrones, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de garantías, o en su caso, hacer del conocimiento del impedimento que tengan para ello; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta, para que en el término de tres días legalmente computado, informen sobre el cumplimiento dado al fallo protector, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de incumplimiento, se hará efectiva en lo individual la multa con que fueron conminados respectivamente en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, consistente en la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que Corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la boleta enviada por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por medio de la cual se hace del conocimiento que el expediente original del asunto en que se actúa fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de ese circuito y localidad, para la substanciación de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito inicial de demanda de derechos humanos signado por Odón García Mata, contra actos de la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Tamaulipas y de otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Juzgado de Distrito, bajo el número 1064/2023-VI. Ahora bien, este órgano de control constitucional procede al análisis íntegro del ocurso de cuenta, de donde se obtiene que el promovente señaló como acto reclamado, el siguiente: "Lo constituye los considerandos y puntos resolutivos de la resolución interlocutoria de fecha diez de julio del año dos mil veintitrés, derivado del incidente de sustitución procesal dentro del juicio especial que se tramita en el expediente número 1107/2017, registrado en el libro y sistema electrónico de la autoridad nombrada como responsable." Mientras que, como antecedentes de los actos reprochados, en la parte que interesa, estableció: ". El C. Marcelino Méndez Montalvo, generó dentro del régimen obligatorio derechos de seguridad social, sin que a su defunción los hubiere disfrutado, nunca fue casado ni procreó hijos, a su defunción en trámite pensión de invalidez y vida por juicio especial laboral con Laudo ejecutoriado, sobreviviéndole madre y hermana. A la defunción del titular, en carácter de madre sobreviviente la C. Petra Montalvo Godoy, promovió juicio especial para designación de beneficiaria de los derechos de seguridad social, sin embargo, en trámite del juicio fallece sin que la junta emitiera resolución interlocutoria. Ante la ausencia de otros beneficiarios con derecho a pensión, la C. Mercedes Méndez Montalvo, en su carácter de hermana sobreviviente interpone procedimiento de sustitución procesal a fin de que se le declarara beneficiaria única de los derechos de seguridad social del extinto Marcelino Méndez Montalvo y Petra Montalvo Godoy, la autoridad responsable después de un periodo rezagado dicta la resolución declarativa en favor de la promovente quien fallece durante el trámite de dicho juicio. Una vez reconocido los derechos con carácter de beneficiaria de la C. Mercedes Méndez Montalvo, y haber dejado de existir, encontrándose el reconocimiento legal de sustitución procesal, con dicho sustento legal en mi carácter de cónyuge supérstite de la interfecta el suscrito permanecía unido en matrimonio legal, tal y como se demuestra en autos; ahora bien, considerando que la ley reconoce a otros beneficiarios sustitutos, en mi carácter de agraviado se interpone escrito solicitando el reconocimiento y declaración de los derechos que le correspondían a mi difunta cónyuge, el resolutivo Primero carece de fundamento ante el derecho reconocido en favor de la C. Mercedes Méndez Montalvo, como se ha evidenciado la relación que nos unió, considerando además que la autoridad responsable no tiene facultades para modificar sus resoluciones, sin controversia alguna y por disposición de la ley se me reconoce el derecho de cónyuge supérstite se me tiene por protegido el derecho en consecuencia no existe la ilegalidad aludida en la interlocutoria que se controvierte." En este apartado habrá de traerse el contenido de los arábigos 115, 501, 503 y 892, todos de la Ley Federal del Trabajo, los que en la parte que interesa y por su orden dicen: "Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio". "Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte: I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más; II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador; III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social". "Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales, por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. La Inspección del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la desaparición por actos delincuenciales, o el Tribunal ante el que se inicie el reclamo del pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las setenta y dos horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante el Tribunal del conocimiento, dentro de un término de treinta días naturales, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de seis meses, se girará exhorto al Tribunal o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. El Tribunal o el Inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente al Tribunal; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, el Tribunal procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 893 de la Ley, observando el procedimiento especial; VI. El Tribunal apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil, y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del Tribunal libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron". "Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153-X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III, 484, 503 y 505 de esta Ley, así como los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios, la designación de beneficiarios del trabajador fallecido, con independencia de la causa del deceso, o desaparecido por un acto delincuencial, y los conflictos en materia de seguridad social" De la anterior trascripción se puede inferir válidamente, que el procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. En el procedimiento de trato, la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, con el fin de que tengan oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios; es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de un juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Luego entonces, si el procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de Laudo, en términos de la fracción III, del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y; por ende, en su contra es procedente el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a la anterior concusión, el contenido de la jurisprudencia por contradicción número 2a./J.1/2017 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2013592, en Portal de Internet del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo". Con base a los motivos expuestos, se puede inferir válidamente, que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de derechos humanos promovida por Odón García Mata, ya que de lo que se duele es del contenido de la determinación emitida por la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con asentamiento en Reynosa, Tamaulipas, fechada el diez de julio de dos mil veintitrés, por la que se resolvió el incidente de sustitución procesal, dentro del juicio laboral 1107/2017; fallo el mencionado que este juzgador considera que tiene la naturaleza de una sentencia definitiva, pues en la parte final de su segundo punto resolutivo se ordena el archivo general del expediente de trato como asunto totalmente concluido. Para llegar a la conclusión anterior, resulta indispensable transcribir el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten." Por su parte, la Ley de Amparo en sus numerales 34, 47 y 170, dispone: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Ahora bien, en los dispositivos transcritos con antelación, se establece que procede el amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Luego entonces, debe decirse que para el caso en particular, el quejoso se duele del contenido de la determinación emitida por la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con asentamiento en Reynosa, Tamaulipas, fechada el diez de julio de dos mil veintitrés, por la que se resolvió el incidente de sustitución procesal, dentro del juicio laboral 1107/2017, la que este juzgador considera tiene la naturaleza de una sentencia definitiva, pues en la parte final de su segundo punto resolutivo se ordena el archivo general del expediente de trato como asunto totalmente concluido; por ende, en contra de ese fallo no existe recurso ordinario alguno por el que pueda ser modificado o revocado; de ahí que, únicamente puede ser analizado a través del juicio de amparo directo que se promueve en su contra ante el Tribunal Colegiado correspondiente, según lo establecido por los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, residente en esta ciudad, se abstiene de conocer de la demanda de derechos humanos promovida Odón García Mata, y ordena se remitan las constancias al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, para que tenga a bien pronunciarse al respecto, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo previsto por los 34, 47 y 170, todos de la legislación de la materia; esto es así, toda vez que la equivocación en la vía no debe dar lugar a imposibilitar la defensa de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I. 1°.A.J/15, Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del Tomo IX, Marzo, de 1992, Octava Época, visible en la página 87, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE TRIBUNALES COLEGIADOS EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Finalmente, téngase al promovente señalando los estrados de este Tribunal para oír y recibir toda clase de notificaciones. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.

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