Odilón Torres Hernández

Expediente 1057/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1057/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Odilón Torres Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo y se ordena archivo...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO C, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO ODILON TORRES HERNANDEZ, EL SIGUIENTE: Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Odilón Torres Hernández, por su propio derecho, a través del cual promueven juicio de amparo, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Formación y registro de expediente: Se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1057/2021, y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Prevención: Ahora bien, a efecto de proveer respecto de su admisión, resulta oportuno precisar que los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Esto es, en el primer numeral se establecen los requisitos esenciales que indefectiblemente deberá contener la demanda de amparo, y en el segundo de los numerales, entre otras hipótesis, que habrá lugar a prevenir se aclare la demanda, ante la falta de alguno de dichos requisitos. En ese orden de ideas, al realizar un análisis del escrito de demanda, este Juzgado advierte deficiencias en cuanto al requisito establecido en el artículo 114, fracción I y II, en relación con el 108, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que, se ordena requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días manifieste: Sí reconoce como suya la firma del escrito que se atiende y, en su caso, la ratifique ante el fedatario que realice la notificación personal de la presente determinación, o en comparecencia ante este órgano jurisdiccional. Lo anterior, toda vez que, si bien en el proemio de la demanda aparece el nombre de Odilón Torres Hernández, lo cierto es que no hay certeza de que la firma que calza en el documento corresponda al mismo, lo que causa incertidumbre en este juzgador sobre la expresión de la voluntad del solicitante de amparo, el cual es un requisito necesario para dar trámite a la demanda en cuestión. Toda vez que tal aspecto no se colma con el escrito de demanda de cuenta y es un requisito necesario para dar trámite a la demanda en cuestión; lo que es obligación para este órgano jurisdiccional constatar para proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda que se promueve, en caso contrario, de no contar con tales datos y acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, se incurriría a una violación a las reglas que rigen el procedimiento en materia de amparo. En el entendido de que en términos del numeral 110, párrafo primero de la Ley de Amparo, dispone que junto con la demanda de amparo, se exhibirán copias para cada una de las partes. De igual forma, en su segundo párrafo, el citado numeral estatuye que el órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el juicio se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos; asimismo, cuando la demanda verse sobre asuntos del orden penal y laboral tratándose de los trabajadores; cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros y cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Bajo apercibimiento que de ser omiso en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Se hace del conocimiento a la promovente, que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." De igual manera, se hace saber a la parte quejosa que este juzgador se encuentra facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, en caso de apreciar una diferencia notoria y discordante en la firma de ratificación, a fin de corroborar su autenticidad, así como dar vista al Agente del Ministerio Público de la federación, ante el conocimiento de posibles hechos constitutivos de alguno de los delitos especiales tipificados en el precepto legal citado con antelación. Sustenta lo anterior, por las razones que lo informan la jurisprudencia, cuyo rubro y texto es del siguiente tenor: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Asimismo, apoya a esta determinación la jurisprudencia de rubro y texto del tenor literal siguiente: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Domicilio y Autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en boulevard Serna, número 33-C, esquina con calle Comonfort, colonia Las Palmas, en esta ciudad. Ahora, se tiene a Luis Alejandro Leos Valenzuela, Héctor Alejandro Sifuentes Gámez, Adriana Isabel Colorado Rodelo y José Óscar Loustaunau Calvillo, por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Habilitación de días y horas: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese personalmente.

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