Odilón Palafox Godínez y Otros.

Expediente 711/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
711/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Ángel Palafox Palafox y Otros.
  • Odilón Palafox Godínez y Otros.
  • Odilón Palafox Godínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    (1)... Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veinte de junio de dos mil veintidós (fojas 132 a 141), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa, obra fotocopia certificada de diversos documentos descritos en los puntos 1, 2 y 3, de la cuenta del proveído de trece de mayo último (foja 34), así como en punto 1, de la cuenta del diverso auto de veinte de junio próximo pasado, exhibidos por la parte quejosa, requiérase a la misma para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal a recibirlo, previa copia certificada que ello se deje en autos y asentando razón de su recibo; con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término indicado, las constancias de referencia podrán ser destruidas junto con el expediente en el momento procesal oportuno. Exhortación a que hace alusión el artículo 6 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL MODELO DE ATENCIÓN PRESENCIAL BASADA EN CITAS. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    (1)... Agréguese el escrito signado por los quejosos ***************, por el cual solicita la devolución de los documentos originales que anexaron a su escrito inicial de demanda; al respecto, dígase que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad a su solicitud, hasta en tanto se declare que ha causado estado el proveído de veinte de junio de dos mil veintidós (foja 132140), de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  3. Principal

    (1) II. Cumple prevención. Agréguese a los autos lo de cuenta y, visto su contenido se tiene a los quejosos****, dando cumplimiento a la prevención efectuada el trece de mayo y seis de junio actual y al efecto exhiben el testimonio de la escritura pública que contiene la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el seis de marzo de dos mil veintidós, de la sociedad denominada****, así como también realizan diversas manifestaciones en relación con los antecedentes del acto reclamado y, se provee: III. Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Así, en el caso respecto de los actos que reclaman****, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente, de la sociedad denominada ****, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo genérico de quince días. En efecto, el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días; asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el segundo de los numerales transcritos, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, es decir, no pueden coexistir simultáneamente dos o más formas de imponerse de un solo hecho o acto para computar el plazo correspondiente; verbigracia, si la parte impetrante tiene conocimiento de un acto por cualquier medio externo, o simplemente se ostenta pleno sabedor de éste con antelación a que se le efectúe la notificación correspondiente en un procedimiento y con posterioridad éste le es notificado formalmente, ambos medios de imposición no pueden surtir efectos a la par para computar el término para la promoción del amparo, sino que el primero de ellos subsiste sobre el segundo, por haber sido la primera hipótesis en que se actualizó el conocimiento del acto. Sustenta lo anterior, el precedente que enseguida se cita: "Registro digital: 239520 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 105 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Asimismo, tiene aplicación al caso, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2016652 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 8/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." En esa guisa, lo mismo ocurre cuando la quejosa, siendo parte en un procedimiento judicial o administrativo, le es hecha la notificación de un acto conforme a la legislación correspondiente y, con posterioridad a ésta, tiene conocimiento del hecho por cualquier otro medio, pues de ninguna manera puede ser considerada para la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo la segunda fecha de conocimiento, ya que bastaría con que la quejosa se apersonara al asunto en la temporalidad que le convenga a imponerse de autos y aducir que en esa data tuvo conocimiento, para después promover el amparo dentro de los quince días siguientes, lo que equivaldría en dejar al total arbitrio del justiciable la temporalidad para la promoción del amparo. Excepción a lo anterior, cuando habiéndose efectuado una notificación al impetrante siendo parte en el procedimiento, este se entera con posterioridad del acto afecto y -a través del medio idóneo- impugna la notificación correspondiente, pues en ese caso deberá atenderse a la resolución del medio hecho valer, es decir, si el incidente o recurso resulta fundado, se deberá tomar en cuenta para computar el plazo para la presentación del amparo la fecha de la nueva notificación que en su caso se efectúe, en caso contrario, subsistirá la data de la primera notificación. Apoya lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, las jurisprudencias de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 163172 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." "Registro digital: 2014430 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 54/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 835 Tipo: Jurisprudencia AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. Del artículo 18 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo para presentar la demanda deberá computarse a partir: 1) del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; o 2) a aquel en que haya tenido conocimiento; o 3) se ostente sabedor del acto o de su ejecución. Ahora bien, cuando se verifica la primera de las hipótesis referidas, esto es, cuando el quejoso tiene conocimiento del laudo reclamado, por primera vez, con motivo de la notificación practicada conforme a las reglas que prevé la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a tomar en consideración esa actuación para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda y, en caso de ser impugnada mediante el incidente de nulidad de actuaciones, esperar al resultado de dicha incidencia, pues será hasta que se determine cuál notificación es válida, esto es, si la primera o la nueva que se emita en caso de declararse fundado, la que deberá considerarse para determinar si la demanda es oportuna, por ser la notificación la primera hipótesis que se actualizó en el conocimiento del acto. Por tanto, en aquellos casos en los que, con posterioridad a esa primera notificación, el quejoso tiene conocimiento del laudo por cualquier medio, esa fecha de conocimiento no puede ser tomada en consideración para establecer si la presentación de la demanda es oportuna, pues bastaría que el quejoso se acercara ante la autoridad responsable para tener conocimiento del acto, y enseguida presentara la demanda de amparo dentro del plazo de quince días, obviando la notificación del laudo, lo que es inadmisible, ya que ésta, al ser la primera hipótesis en que se verificó el conocimiento del acto, es la que debe prevalecer." Ahora, a fin de establecer la hipótesis que se actualiza en el presente, es menester puntualizar que dentro del juicio de amparo***, promovido por ****, en su carácter de Secretario y Tesorero de la ***, del índice de este Juzgado Federal el cual se invoca como hecho notorio en términos de la certificación de cuenta, en el auto de radicación, se estableció que acorde al contenido de la copia fotostática certificada del acta número ***, se desprendía que al constituirse esa sociedad, en la cláusula***se determinó que la misma estaría representada por una Comisión de Administración integrada por un Presidente, un Secretario y un Tesorero con sus respectivos suplentes, lo que se reiteró en las cláusulas***. Por lo anterior, al tenerse a los promoventes manifestando que **** (presidente), falleció en noviembre de dos mil diecinueve, se previno a los promoventes a efecto de que acudiera a dicho juicio el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad quejosa, o bien, aquél sobre quien recaía tal designación, acompañando el documento original o copia certificada con el que justificara dicho carácter y de fecha anterior a la presentación de la demanda que le dio origen a ese juicio constitucional, con las copias suficientes para correr traslados a las partes en éste; y, para que se abundara sobre los datos que permitieran la identificación del inmueble del cual pretendían pagar el impuesto predial y fue materia en el juicio de origen. Al respecto, los promoventes a través del escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, manifestaron que como se desprendía del acta de asamblea general extraordinaria celebrada el día veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y uno en que fueron designados, no se nombró algún suplente de los integrantes del Comité de Administración; así tampoco hasta esa data se había designado al Presidente de la misma ni persona alguna en quien recayere ese nombramiento como suplente, pues debido a la pandemia por el virus SARS Cov-2 no había sido posible celebrar alguna asamblea para la designación del nuevo comité de administración. Sin embargo, al quedar enterada de las manifestaciones en relación con el requisito con la representación de la sociedad a cargo del Comité de administración integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, se determinó que al considerar que la muerte del citado presidente se verificó, con anterioridad a que se declarara esa emergencia sanitaria en nuestro país en fecha treinta de marzo de dos mil veinte y dado que conforme a la cláusula 20 de su propia acta constitutiva, los miembros de la Comisión de Administración podrían ser elegidos cada año, pudiendo ser reelectos en los términos ahí precisados; y, por ende, no se tuvo por cumplido éste y se reiteró la prevención a ese respecto. En auto de quince de marzo de dos mil veintidós, al no haberse cumplido la prevención se tuvo por no presentada la demanda de amparo en ese juicio. Ahora, en la especie, los quejosos ****, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente, de la sociedad denominada *****, por su propio derecho y en pretendida representación de la sociedad, reclaman el ilegal emplazamiento de trece de abril de dos mil dieciocho, realizado a esa personal moral dentro del expediente***, del índice de la autoridad responsable Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, así como todo lo actuado en el mismo; ello, porque a su decir, los representantes acudieron el dos de mayo de dos mil veintidós, al predio propiedad de la sociedad en el municipio de ***, donde encontraron a una persona que se ostentaba como dueño, por lo que el cuatro siguiente, se presentaron al local que ocupa el juzgado de referencia en donde fueron informados que existía un juicio entablado en contra de la persona moral quejosa, el cual se había llevado en rebeldía. No obstante, en el diverso juicio de derechos fundamentales *****, promovido por ****, en su carácter de Secretario y Tesorero de la ****, también fue señalado como acto reclamado precisamente el emplazamiento de trece de abril de dos mil dieciocho, realizado a esa persona moral dentro del expediente****, del índice del Juzgado Primero de Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y por consecuencia todo lo actuado; y, al respecto, bajo protesta de decir verdad, tales representantes de la impetrante indicaron que el tres de febrero de dos mil veintidós, acudieron a las oficinas del Ayuntamiento de Mineral del Chico, Hidalgo, para cubrir el impuesto predial del inmueble propiedad de la sociedad, donde fueron informados que había acudido persona diversa a efectuar el pago y cambio de nombre la tarjeta predial, pues se ostentó como dueño presentando una sentencia dictada dentro del expediente de referencia, por lo que acudieron a las oficinas que ocupa el juzgado de mérito donde les dijeron que ese juicio se había llevado en rebeldía. Luego, a pesar que en dicho juicio no acudieron todos los integrantes de la persona moral quejosa ****, los promoventes ****, entonces Secretario y Tesorero, no pueden eludir tal conocimiento con el carácter que entonces ostentaban como representantes de la sociedad, ni es dable que ahora ****, actualmente en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente, de la citada sociedad, sostengan que conocieron de los actos reclamados en fecha diversa, pues lo que en su momento conocieron aquéllos como personas físicas y representantes no pueden desconocerlo quienes actualmente ostentan tal representación. Al efecto se invoca por identidad de razón el criterio, de datos, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2024085 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: (IV Región)1o.4 K (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3028 Tipo: Aislada PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. PIERDE ESE CARÁCTER EN EL AMPARO EL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA MORAL CUANDO CONOCE DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN CON ESA CALIDAD, PERO RESPECTO DE DIVERSA EMPRESA. Cuando acude al juicio de amparo el representante legal de una persona moral ostentándose como persona extraña a juicio, porque no fue parte en el procedimiento de origen, pero de constancias se aprecia que compareció a aquél en representación de diversa empresa, pierde ese carácter, pues lo que conoció como persona física y representante legal de una persona moral no lo puede desconocer respecto de la otra que representa." En efecto, no obsta que en el presente juicio se haya exhibido un documento que acredita la representación con fecha anterior a la de presentación de la demanda que dio origen a éste (once de mayo de dos mil veintidós), ****, Secretario y Tesorero de la sociedad quejosa, así como **** como Presidente del Consejo de Vigilancia, convocantes a la asamblea en la que se les otorgó una supuesta representación en uso de las facultades que les correspondían, habían presentado una demanda de amparo con anterioridad, en la cual expresamente señalaron que con esa calidad de representantes de la sociedad conocieron de los actos derivados del juicio de origen y de los que ahora se duelen, por lo que las deficiencias e imperfecciones en la integración de los integrantes de la comisión de administración que los representa no puede desplegarse en perjuicio de tercero, pues equivaldría a dejar al arbitrio de las partes la configuración de la representación para después manifestar a voluntad y de manera arbitraria y no verídica, la fecha de conocimiento de los actos reclamados. Por ello, si del sumario constitucional que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se obtiene que en fecha tres de febrero de dos mil veintidós, acudieron a las oficinas del Ayuntamiento de Mineral del Chico, Hidalgo donde fueron informados que una persona diversa se presentó a efectuar el pago y cambio de nombre de la tarjeta predial, pues se ostentó como dueño al exhibir una sentencia dicada en el juicio de origen y al acudir al Juzgado les dijeron que ese juicio se llevó en rebeldía, entonces, a partir de esa data se ostentaron sabedores de la existencia del juicio del que emanan los actos reclamados. Ello, porque si tales manifestaciones las realizaron los entonces representantes de la persona moral quejosa, bajo protesta de decir verdad, constituye una confesión que prueba plenamente contra la impetrante de amparo en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte, en lo sustancial, que éstos tenían pleno conocimiento de la existencia del juicio de origen, por lo menos desde el tres de febrero de dos mil veintidós. Por lo que, conforme a los numerales citados, el plazo para promover el presente juicio de amparo comenzó a correr al día hábil siguiente, cuatro de febrero de dos mil veintidós, y concluyó el veinticinco del mismo mes y año, previo descuento de días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la Ley de Amparo establece el término genérico de quince días para la promoción del juicio constitucional, es evidente que, el plazo para la presentación de la demanda en relación con los actos reprochados por la parte de la persona moral quejosa había feneció antes de la fecha de presentación de la demanda constitucional, esto es, el once de mayo de dos mil veintidós (foja 1), pues ha quedado demostrado que****, Secretario y Tesorero quienes ostentaban la representación de la sociedad confesaron haber conocido de la existencia del juicio de origen desde el tres de febrero del mismo año. Por ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo intentada por la sociedad denominada **** a través de sus representantes. En otro contexto, con relación a los quejosos ****, quienes acuden al presente por propio derecho y como socios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Conforme a tal precepto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a tales personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. En adición, la acreditación del interés jurídico debe ser plena, en la medida en que no es factible tenerlo por demostrado a base de presunciones; por tanto, en el juicio de amparo debe quedar plenamente acreditado que la parte quejosa es titular de un derecho jurídicamente tutelado y que se ve amenazada con el acto de autoridad. En conclusión, para proceder la acción constitucional que impulsan los solicitantes del amparo, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple, es decir, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que el mismo encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley. - Caso concreto En el caso que nos ocupa, los accionantes del amparo ****, por propio derecho y como socios, reclaman el ilegal emplazamiento de trece de abril de dos mil dieciocho, realizado a la personal moral denominada ****, dentro del expediente ***, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y como consecuencia todo lo actuado, ya que son socios de la misma. Lo anterior se evidencia de forma notoria e indudable que los referidos quejosos carecen de legitimación para promover el presente juicio por propio derecho y, como socios de esa sociedad y, por ende, que carecen de interés jurídico. En efecto, por derecho propio, no es posible reconocer alguna afectación a sus derechos, pues como se indicó es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite primeramente ser el titular de ese derecho legítimamente tutelado y, en el caso *****, no son parte en el juicio de origen; de ahí que no puedan reclamar en esta vía los actos derivados del juicio de origen con esa calidad de personas físicas, pues a éstos en lo personal ningún agravio le puede irrogarles, precisamente por no haber sido parte en la controversia natural, por lo que en todo únicamente podrían afectar los derechos de la persona moral que fue la parte vencida en ella; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. Se invoca por identidad de razón, el criterio de datos, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 2006144 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 23/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En la misma forma, del contenido del artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles, se desprende que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la Ley y el contrato social; que ahí si como se obtiene de la copia certificada del testimonio notarial*** de nueve de marzo de dos mil veintidós, que se acompañó al de cuenta, tal representación la ostentan****, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente. Por lo anterior, se advierte que por regla general, los únicos legitimados para acudir al juicio constitucional y reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes de la sociedad, son los representantes de la misma. Luego, si en el caso, de lo narrado por los quejosos, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, y manifestaciones vertidas en los diversos aclaratorios, concatenadas con los documentos adjuntos al último de ellos, se desprende que no les corresponde la representación de la sociedad a los quejosos **** como socios de la misma; es inconcuso, que carecen de legitimación para promover el presente amparo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Tiene apoyo lo anterior, en el criterio de datos de localización, epígrafe y texto siguientes: "Registro digital: 804713 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXVII, página 700 Tipo: Aislada SOCIEDADES MERCANTILES, REPRESENTACION DE LAS (AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE AGRAVIADO).Si quien promueve el juicio de amparo en nombre de una sociedad mercantil no acredita tener la representación de la misma, dicho juicio es improcedente por falta de agraviado y debe ser sobreseído." En esas condiciones, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por ****, por propio derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    (1) A primera hora hábil del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de VEINTIUNO DE JUNIO DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE VEINTE DE JUNIO.... (1) II. Cumple prevención. Agréguese a los autos lo de cuenta y, visto su contenido se tiene a los quejosos****, dando cumplimiento a la prevención efectuada el trece de mayo y seis de junio actual y al efecto exhiben el testimonio de la escritura pública que contiene la protocolización del acta de asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el seis de marzo de dos mil veintidós, de la sociedad denominada****, así como también realizan diversas manifestaciones en relación con los antecedentes del acto reclamado y, se provee: III. Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Así, en el caso respecto de los actos que reclaman****, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente, de la sociedad denominada ****, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo genérico de quince días. En efecto, el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días; asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el segundo de los numerales transcritos, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar que los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, es decir, no pueden coexistir simultáneamente dos o más formas de imponerse de un solo hecho o acto para computar el plazo correspondiente; verbigracia, si la parte impetrante tiene conocimiento de un acto por cualquier medio externo, o simplemente se ostenta pleno sabedor de éste con antelación a que se le efectúe la notificación correspondiente en un procedimiento y con posterioridad éste le es notificado formalmente, ambos medios de imposición no pueden surtir efectos a la par para computar el término para la promoción del amparo, sino que el primero de ellos subsiste sobre el segundo, por haber sido la primera hipótesis en que se actualizó el conocimiento del acto. Sustenta lo anterior, el precedente que enseguida se cita: "Registro digital: 239520 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Cuarta Parte, página 105 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." Asimismo, tiene aplicación al caso, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2016652 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 8/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." En esa guisa, lo mismo ocurre cuando la quejosa, siendo parte en un procedimiento judicial o administrativo, le es hecha la notificación de un acto conforme a la legislación correspondiente y, con posterioridad a ésta, tiene conocimiento del hecho por cualquier otro medio, pues de ninguna manera puede ser considerada para la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo la segunda fecha de conocimiento, ya que bastaría con que la quejosa se apersonara al asunto en la temporalidad que le convenga a imponerse de autos y aducir que en esa data tuvo conocimiento, para después promover el amparo dentro de los quince días siguientes, lo que equivaldría en dejar al total arbitrio del justiciable la temporalidad para la promoción del amparo. Excepción a lo anterior, cuando habiéndose efectuado una notificación al impetrante siendo parte en el procedimiento, este se entera con posterioridad del acto afecto y -a través del medio idóneo- impugna la notificación correspondiente, pues en ese caso deberá atenderse a la resolución del medio hecho valer, es decir, si el incidente o recurso resulta fundado, se deberá tomar en cuenta para computar el plazo para la presentación del amparo la fecha de la nueva notificación que en su caso se efectúe, en caso contrario, subsistirá la data de la primera notificación. Apoya lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, las jurisprudencias de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 163172 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." "Registro digital: 2014430 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 54/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 835 Tipo: Jurisprudencia AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DEBEN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA NUEVA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO PRACTICADA CUANDO RESULTE FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. Del artículo 18 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo para presentar la demanda deberá computarse a partir: 1) del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; o 2) a aquel en que haya tenido conocimiento; o 3) se ostente sabedor del acto o de su ejecución. Ahora bien, cuando se verifica la primera de las hipótesis referidas, esto es, cuando el quejoso tiene conocimiento del laudo reclamado, por primera vez, con motivo de la notificación practicada conforme a las reglas que prevé la Ley Federal del Trabajo, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a tomar en consideración esa actuación para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda y, en caso de ser impugnada mediante el incidente de nulidad de actuaciones, esperar al resultado de dicha incidencia, pues será hasta que se determine cuál notificación es válida, esto es, si la primera o la nueva que se emita en caso de declararse fundado, la que deberá considerarse para determinar si la demanda es oportuna, por ser la notificación la primera hipótesis que se actualizó en el conocimiento del acto. Por tanto, en aquellos casos en los que, con posterioridad a esa primera notificación, el quejoso tiene conocimiento del laudo por cualquier medio, esa fecha de conocimiento no puede ser tomada en consideración para establecer si la presentación de la demanda es oportuna, pues bastaría que el quejoso se acercara ante la autoridad responsable para tener conocimiento del acto, y enseguida presentara la demanda de amparo dentro del plazo de quince días, obviando la notificación del laudo, lo que es inadmisible, ya que ésta, al ser la primera hipótesis en que se verificó el conocimiento del acto, es la que debe prevalecer." Ahora, a fin de establecer la hipótesis que se actualiza en el presente, es menester puntualizar que dentro del juicio de amparo***, promovido por ****, en su carácter de Secretario y Tesorero de la ***, del índice de este Juzgado Federal el cual se invoca como hecho notorio en términos de la certificación de cuenta, en el auto de radicación, se estableció que acorde al contenido de la copia fotostática certificada del acta número ***, se desprendía que al constituirse esa sociedad, en la cláusula***se determinó que la misma estaría representada por una Comisión de Administración integrada por un Presidente, un Secretario y un Tesorero con sus respectivos suplentes, lo que se reiteró en las cláusulas***. Por lo anterior, al tenerse a los promoventes manifestando que **** (presidente), falleció en noviembre de dos mil diecinueve, se previno a los promoventes a efecto de que acudiera a dicho juicio el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad quejosa, o bien, aquél sobre quien recaía tal designación, acompañando el documento original o copia certificada con el que justificara dicho carácter y de fecha anterior a la presentación de la demanda que le dio origen a ese juicio constitucional, con las copias suficientes para correr traslados a las partes en éste; y, para que se abundara sobre los datos que permitieran la identificación del inmueble del cual pretendían pagar el impuesto predial y fue materia en el juicio de origen. Al respecto, los promoventes a través del escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, manifestaron que como se desprendía del acta de asamblea general extraordinaria celebrada el día veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y uno en que fueron designados, no se nombró algún suplente de los integrantes del Comité de Administración; así tampoco hasta esa data se había designado al Presidente de la misma ni persona alguna en quien recayere ese nombramiento como suplente, pues debido a la pandemia por el virus SARS Cov-2 no había sido posible celebrar alguna asamblea para la designación del nuevo comité de administración. Sin embargo, al quedar enterada de las manifestaciones en relación con el requisito con la representación de la sociedad a cargo del Comité de administración integrado por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, se determinó que al considerar que la muerte del citado presidente se verificó, con anterioridad a que se declarara esa emergencia sanitaria en nuestro país en fecha treinta de marzo de dos mil veinte y dado que conforme a la cláusula 20 de su propia acta constitutiva, los miembros de la Comisión de Administración podrían ser elegidos cada año, pudiendo ser reelectos en los términos ahí precisados; y, por ende, no se tuvo por cumplido éste y se reiteró la prevención a ese respecto. En auto de quince de marzo de dos mil veintidós, al no haberse cumplido la prevención se tuvo por no presentada la demanda de amparo en ese juicio. Ahora, en la especie, los quejosos ****, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente, de la sociedad denominada *****, por su propio derecho y en pretendida representación de la sociedad, reclaman el ilegal emplazamiento de trece de abril de dos mil dieciocho, realizado a esa personal moral dentro del expediente***, del índice de la autoridad responsable Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, así como todo lo actuado en el mismo; ello, porque a su decir, los representantes acudieron el dos de mayo de dos mil veintidós, al predio propiedad de la sociedad en el municipio de ***, donde encontraron a una persona que se ostentaba como dueño, por lo que el cuatro siguiente, se presentaron al local que ocupa el juzgado de referencia en donde fueron informados que existía un juicio entablado en contra de la persona moral quejosa, el cual se había llevado en rebeldía. No obstante, en el diverso juicio de derechos fundamentales *****, promovido por ****, en su carácter de Secretario y Tesorero de la ****, también fue señalado como acto reclamado precisamente el emplazamiento de trece de abril de dos mil dieciocho, realizado a esa persona moral dentro del expediente****, del índice del Juzgado Primero de Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y por consecuencia todo lo actuado; y, al respecto, bajo protesta de decir verdad, tales representantes de la impetrante indicaron que el tres de febrero de dos mil veintidós, acudieron a las oficinas del Ayuntamiento de Mineral del Chico, Hidalgo, para cubrir el impuesto predial del inmueble propiedad de la sociedad, donde fueron informados que había acudido persona diversa a efectuar el pago y cambio de nombre la tarjeta predial, pues se ostentó como dueño presentando una sentencia dictada dentro del expediente de referencia, por lo que acudieron a las oficinas que ocupa el juzgado de mérito donde les dijeron que ese juicio se había llevado en rebeldía. Luego, a pesar que en dicho juicio no acudieron todos los integrantes de la persona moral quejosa ****, los promoventes ****, entonces Secretario y Tesorero, no pueden eludir tal conocimiento con el carácter que entonces ostentaban como representantes de la sociedad, ni es dable que ahora ****, actualmente en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente, de la citada sociedad, sostengan que conocieron de los actos reclamados en fecha diversa, pues lo que en su momento conocieron aquéllos como personas físicas y representantes no pueden desconocerlo quienes actualmente ostentan tal representación. Al efecto se invoca por identidad de razón el criterio, de datos, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2024085 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: (IV Región)1o.4 K (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3028 Tipo: Aislada PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. PIERDE ESE CARÁCTER EN EL AMPARO EL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA MORAL CUANDO CONOCE DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN CON ESA CALIDAD, PERO RESPECTO DE DIVERSA EMPRESA. Cuando acude al juicio de amparo el representante legal de una persona moral ostentándose como persona extraña a juicio, porque no fue parte en el procedimiento de origen, pero de constancias se aprecia que compareció a aquél en representación de diversa empresa, pierde ese carácter, pues lo que conoció como persona física y representante legal de una persona moral no lo puede desconocer respecto de la otra que representa." En efecto, no obsta que en el presente juicio se haya exhibido un documento que acredita la representación con fecha anterior a la de presentación de la demanda que dio origen a éste (once de mayo de dos mil veintidós), ****, Secretario y Tesorero de la sociedad quejosa, así como **** como Presidente del Consejo de Vigilancia, convocantes a la asamblea en la que se les otorgó una supuesta representación en uso de las facultades que les correspondían, habían presentado una demanda de amparo con anterioridad, en la cual expresamente señalaron que con esa calidad de representantes de la sociedad conocieron de los actos derivados del juicio de origen y de los que ahora se duelen, por lo que las deficiencias e imperfecciones en la integración de los integrantes de la comisión de administración que los representa no puede desplegarse en perjuicio de tercero, pues equivaldría a dejar al arbitrio de las partes la configuración de la representación para después manifestar a voluntad y de manera arbitraria y no verídica, la fecha de conocimiento de los actos reclamados. Por ello, si del sumario constitucional que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se obtiene que en fecha tres de febrero de dos mil veintidós, acudieron a las oficinas del Ayuntamiento de Mineral del Chico, Hidalgo donde fueron informados que una persona diversa se presentó a efectuar el pago y cambio de nombre de la tarjeta predial, pues se ostentó como dueño al exhibir una sentencia dicada en el juicio de origen y al acudir al Juzgado les dijeron que ese juicio se llevó en rebeldía, entonces, a partir de esa data se ostentaron sabedores de la existencia del juicio del que emanan los actos reclamados. Ello, porque si tales manifestaciones las realizaron los entonces representantes de la persona moral quejosa, bajo protesta de decir verdad, constituye una confesión que prueba plenamente contra la impetrante de amparo en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte, en lo sustancial, que éstos tenían pleno conocimiento de la existencia del juicio de origen, por lo menos desde el tres de febrero de dos mil veintidós. Por lo que, conforme a los numerales citados, el plazo para promover el presente juicio de amparo comenzó a correr al día hábil siguiente, cuatro de febrero de dos mil veintidós, y concluyó el veinticinco del mismo mes y año, previo descuento de días inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la Ley de Amparo establece el término genérico de quince días para la promoción del juicio constitucional, es evidente que, el plazo para la presentación de la demanda en relación con los actos reprochados por la parte de la persona moral quejosa había feneció antes de la fecha de presentación de la demanda constitucional, esto es, el once de mayo de dos mil veintidós (foja 1), pues ha quedado demostrado que****, Secretario y Tesorero quienes ostentaban la representación de la sociedad confesaron haber conocido de la existencia del juicio de origen desde el tres de febrero del mismo año. Por ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo intentada por la sociedad denominada **** a través de sus representantes. En otro contexto, con relación a los quejosos ****, quienes acuden al presente por propio derecho y como socios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Conforme a tal precepto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a tales personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. En adición, la acreditación del interés jurídico debe ser plena, en la medida en que no es factible tenerlo por demostrado a base de presunciones; por tanto, en el juicio de amparo debe quedar plenamente acreditado que la parte quejosa es titular de un derecho jurídicamente tutelado y que se ve amenazada con el acto de autoridad. En conclusión, para proceder la acción constitucional que impulsan los solicitantes del amparo, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple, es decir, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que el mismo encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley. - Caso concreto En el caso que nos ocupa, los accionantes del amparo ****, por propio derecho y como socios, reclaman el ilegal emplazamiento de trece de abril de dos mil dieciocho, realizado a la personal moral denominada ****, dentro del expediente ***, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y como consecuencia todo lo actuado, ya que son socios de la misma. Lo anterior se evidencia de forma notoria e indudable que los referidos quejosos carecen de legitimación para promover el presente juicio por propio derecho y, como socios de esa sociedad y, por ende, que carecen de interés jurídico. En efecto, por derecho propio, no es posible reconocer alguna afectación a sus derechos, pues como se indicó es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite primeramente ser el titular de ese derecho legítimamente tutelado y, en el caso *****, no son parte en el juicio de origen; de ahí que no puedan reclamar en esta vía los actos derivados del juicio de origen con esa calidad de personas físicas, pues a éstos en lo personal ningún agravio le puede irrogarles, precisamente por no haber sido parte en la controversia natural, por lo que en todo únicamente podrían afectar los derechos de la persona moral que fue la parte vencida en ella; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. Se invoca por identidad de razón, el criterio de datos, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 2006144 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 23/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En la misma forma, del contenido del artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles, se desprende que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezca la Ley y el contrato social; que ahí si como se obtiene de la copia certificada del testimonio notarial*** de nueve de marzo de dos mil veintidós, que se acompañó al de cuenta, tal representación la ostentan****, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del comité administrador, respectivamente. Por lo anterior, se advierte que por regla general, los únicos legitimados para acudir al juicio constitucional y reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes de la sociedad, son los representantes de la misma. Luego, si en el caso, de lo narrado por los quejosos, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda, y manifestaciones vertidas en los diversos aclaratorios, concatenadas con los documentos adjuntos al último de ellos, se desprende que no les corresponde la representación de la sociedad a los quejosos **** como socios de la misma; es inconcuso, que carecen de legitimación para promover el presente amparo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Tiene apoyo lo anterior, en el criterio de datos de localización, epígrafe y texto siguientes: "Registro digital: 804713 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXVII, página 700 Tipo: Aislada SOCIEDADES MERCANTILES, REPRESENTACION DE LAS (AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE AGRAVIADO).Si quien promueve el juicio de amparo en nombre de una sociedad mercantil no acredita tener la representación de la misma, dicho juicio es improcedente por falta de agraviado y debe ser sobreseído." En esas condiciones, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por ****, por propio derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

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