Odilón Jiménez Tepepa

Expediente 443/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
443/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Odilón Jiménez Tepepa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que el auto de tres de junio de dos mil veintiuno por el que SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, a tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los presentes autos y desprendiéndose de los mismos que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que se le concedió a la parte quejosa para cumplir con la prevención efectuada por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, a pesar de estar debidamente notificado para ello, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; entonces es innegable que transcurrió la dilación que tenía para subsanar las irregularidades advertidas en su demanda de amparo, y por lo mismo se hace efectivo el apercibimiento constreñido en el proveído de referencia, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda correspondiente al amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Glósese a los presentes autos el escrito del quejoso ODILÓN JIMÉNEZ TEPEPA, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención efectuada por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, esto es, manifiesta que bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio de la parte a la que le reviste el carácter de tercero interesado. Al respecto, no ha lugar a tener por desahogado cabalmente la prevención de mérito, pues en el caso la parte quejosa se limitó a manifestar bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio de la parte a la que le reviste el carácter de tercero interesado; sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para estimar colmado el requisito exigido en el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo. Máxime, que conforme a lo narrado por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que el acto que pretende reclamar derivó de la carpeta de investigación 489/2020/ATLIXCO, es decir, pretende controvertir una determinación dictada con motivo de una controversia del orden penal, además de que con motivo de ello, aduce se le vinculó a proceso. En esa tesitura, el artículo 5 de la Ley de Amparo señala que tiene el carácter de tercero interesado: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." De tal suerte que hay una parte a la que le interesa la subsistencia del acto reclamado como pudiera llegar a ser su contraparte en la carpeta de investigación 489/2020/ATLIXCO, de la cual, conforme a su dicho emanaron los actos reclamados y, en su caso, el agente del Ministerio Público que intervino en la formulación de imputación y que actualmente conoce de la carpeta de investigación que seguida en su contra; y, por ende, debe ser emplazado con las formalidades previstas en la Ley de Amparo. Así, el artículo 108 fracción II, de la ley de la materia, es muy claro en establecer como uno de los requisitos que debe contener la demanda, el nombre y domicilio del tercero interesado, y si la parte quejosa no los conoce, deberá manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad y, en ese sentido, no basta, como lo pretende el quejoso, manifestar que bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio de dicha parte procesal, pues como se precisó, los actos que pretende reclamar, derivan de la carpeta de investigación 489/2020/ATLIXCO, en la cual, incluso refiere, el diez de julio de dos mil veinte fue citado con el carácter de "invitado" a efecto de que tuviera verificativo una sesión de mediación con la finalidad de resolver la controversia que de ella derivó, de ahí que le sea exigible el cumplimiento del requisito previsto en el precepto en cita. Ahora bien, toda vez que en autos no obra la constancia de notificación del proveído veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se hace saber al quejoso directo que continúa corriendo el plazo que se le otorgó en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de que dé cumplimiento al requerimiento que se le formuló. Es decir, tomando en consideración que el quejoso fue notificado electrónicamente del auto preventivo el trece de mayo de dos mil veintiuno, y el escrito por el que su autorizado pretendió aclarar la demanda, lo presentó el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno y con motivo de ello interrumpió el plazo otorgado; y, en razón de que no obra la constancia de notificación electrónica del diverso auto de veintiuno de mayo del año en curso, por el que se proveyó el ocurso aludido, la pate quejosa aún cuenta con un día para cumplir con la prevención efectuada.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito con firma electrónica de EUGENIO HORACIO LOPEZ GARGALLO, profesionista autorizado por el quejoso, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, documento que pese a que se menciona como de la autoría de inconforme, debe considerarse de la autoría del autorizado titular de la firma electrónica pues así lo informa el certificado digital con la evidencia criptográfica correspondiente, lo que hace las veces de firma autógrafa conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico. En ese sentido, dado que EUGENIO HORACIO LOPEZ GARGALLO, fue autorizado por el quejoso, se reconoce su legitimación para actuar; en vía de consecuencia, se provee: Téngase a EUGENIO HORACIO LOPEZ GARGALLO pretendiendo dar cumplimiento a la prevención efectuada por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio de la parte a la que le reviste el carácter de tercero interesado. Al respecto, no ha lugar a tener por cumplido dicho requerimiento, en razón de que las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, no incluyen la posibilidad de desahogar prevenciones dirigidas directamente a los quejosos; ya que si bien en términos del numeral 12 invocado, el autorizado con capacidad legal cuenta con facultades para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo es que dicha prerrogativa no es absoluta, sino que está limitada por aquellos supuestos en los que se exige la intervención personalísima de quien solicita la protección constitucional como, por ejemplo, aclarar la demanda de amparo o desahogar la prevención que se formula en el auto inicial, si ello implica manifestar bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado o hechos personalísimos o precisar los actos reclamados o señalar autoridades responsables. Además, el artículo 108, fracciones I y II, de la Ley de Amparo establecen que la demanda deberá formularse por escrito, en la que se expresará el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, lo que genera certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención contenida en el acuerdo dictado el doce de mayo de dos mil veintiuno, consistente en manifestar el nombre y domicilio del tercero interesado, y si la parte quejosa no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, pues al constituir tal señalamiento o aclaración, un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar el quejoso, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado sustituyera la voluntad de los quejosos equiparando la autorización prevista en el artículo 12 de la Ley de Amparo al de un mandato judicial, lo que es inadmisible, pues el citado numeral no tiene ese alcance. Por ello, la limitante para que el autorizado en términos haga valer determinadas acciones -a pesar de que estén orientadas a la defensa de su autorizante-, está justificada, pues sólo el agraviado directo puede manifestar la existencia o no de la parte tercera interesada, bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía al caso el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inserto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". También es aplicable por analogía el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, visible en la página 68 del Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6, 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". De tal manera, se hace saber al quejoso directo que continúa corriendo el plazo que se le otorgó en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de que dé cumplimiento al requerimiento que se le formuló. Es decir, tomando en consideración que el quejoso fue notificado electrónicamente del auto preventivo el trece de mayo de dos mil veintiuno, y el escrito por el que pretendió aclarar su demanda lo presentó el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; entonces, aún cuenta con un día para cumplir con la prevención efectuada.

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