Odilon Grijalva Maqueda

Expediente 91/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
91/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Odilon Grijalva Maqueda

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto de dos de marzo del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena archivo Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintidós . Demanda de amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra los actos que reclaman del Agente Fiscal adscrito a la Mesa Dos de Tramitación Común de esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Representante común Se tiene como representante común de la parte promovente, en términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, a Odilón Grijalva Maqueda. Registro Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- respectivamente, bajo el numeral 91/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los peticionarios señalan como actos reclamados: -La omisión de dar el trámite correspondiente y realizar los actos de investigación atinentes a la querella presentada ante el Agente Fiscal adscrito a la Mesa Dos de Tramitación Común de esta ciudad, por el ilícito de fraude, radicada en la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/2599/21. -La omisión de otorgar justicia pronta en razón de que no se judicializa la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/2599/21. Actualización de la causal de improcedencia Una vez establecido lo anterior, esta juzgadora estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, con base en las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018. En efecto, al resolver la contradicción de tesis en cita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de los artículos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como del 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el juez de control, las actuaciones u omisiones del Ministerio Público de investigar un delito. Así, los ministros razonaron que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses de las víctimas. Con base en ello, argumentaron que, en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el juez de control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior, ya que el juez de control es quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determinará si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no y, que contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en razón de que la decisión del juez de control no admite recurso ordinario alguno. Además, indicaron que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Aunado a ello, la Primera Sala sostuvo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y, que puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Asimismo, se razonó que no se soslayaba que el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como plazo para la impugnación ante el juez de control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida; sin embargo, se entendía que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. De ahí que, por certeza jurídica, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, debían impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Por tanto, se concluyó que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Caso concreto Como se indicó, se estima que cobra puntual aplicación lo razonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso, ya que del análisis de la demanda de amparo se advierte que los quejosos tienen la calidad de víctimas dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/2599/21, y que su reclamo en esta instancia constitucional constituye precisamente diversas omisiones del Agente Fiscal adscrito a la Mesa Dos de Tramitación Común de esta ciudad, en la etapa de investigación. Consecuentemente, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis referida, contra las determinaciones y omisiones atribuidas al ministerio público en la etapa de investigación, resulta improcedente el juicio de amparo, dado que para combatirlas se tendrá que acudir ante el juez de control correspondiente para agotar el procedimiento establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna a su favor en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Sin que en el caso se esté en algún supuesto de excepción al principio de definitividad respecto de los actos que pretende reclamar la parte promovente, por el hecho de que el artículo que prevé el medio de impugnación se refiera únicamente a omisiones o abstenciones por parte de la autoridad investigadora, pues cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, como en el caso que nos ocupa, no se actualiza algún caso de excepción. Ello, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo. Aunado a que el carácter obligatorio de las jurisprudencias conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita a que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado, como en el caso sería este juzgado de distrito y, menos aún, a inaplicarlas. Bajo esa línea de consideraciones, si de la ejecutoria referida se advierte que el medio de impugnación aplica para cualquiera de las actuaciones u omisiones del fiscal en la fase de la integración de la carpeta de investigación y dentro de este supuesto se encuentran los actos destacados por la parte quejosa, se concluye que previo a acudir al juicio de amparo debió agotar el medio de impugnación previsto en la legislación procesal penal. En ese contexto, los quejosos debieron, previo a acudir a esta instancia constitucional, observar el principio de definitividad, ya que se encuentra en posibilidades de combatir las omisiones reclamadas ante el juez de control correspondiente, a través del medio de defensa ordinario previsto por el artículo 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada procede desechar de plano la presente demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, presentada por Odilón Grijalva Maqueda y Emilio Velázquez Hernández. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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