Odilón Barrios Neria
Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Odilón Barrios Neria
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase esta circunstancia del conocimiento de la parte quejosa. Asimismo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior atendiendo además a que conforme a la certificación secretarial de cuenta, en el presente expediente no existen diligencias pendientes de practicar, sí existen documentos en original exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente; de igual forma, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió dentro del presente juicio de amparo, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichas constancias podrán ser destruidas.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que los quejosos ***, interpusieran recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la cuenta y certificación que anteceden, de la que se advierte que los diversos quejosos Manuel Espino Vega y Miguel Garza Delgado, no dieron cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de diecisiete de diciembre del año en curso, en el término de cinco días que al efecto les fue concedido; como se les previno en dicho auto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con que se formó el expediente en que se actúa.
- Principal
SE PUBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que los quejosos ***, interpusieran recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la cuenta y certificación que anteceden, de la que se advierte que los diversos quejosos Manuel Espino Vega y Miguel Garza Delgado, no dieron cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de diecisiete de diciembre del año en curso, en el término de cinco días que al efecto les fue concedido; como se les previno en dicho auto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con que se formó el expediente en que se actúa.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Odilón Barrios Neria, Miguel Garza Delgado, José Eduardo Pérez Olvera, Manuel Espino Vega y Anonio Hurtado Espinoza, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 948/2021-IV y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. Quien resuelve advierte se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo indirecto; al respecto debe considerarse lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo y anexos, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, registro digital 215188, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio de derechos fundamentales; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y ante ello, y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la misma, respecto de Odilón Barrios Neria, José Eduardo Pérez Olvera y Anonio Hurtado Espinoza. En efecto de un análisis íntegro de la demanda de cuenta, así como de la certificación asentada por la secretaría, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º del propio ordenamiento legal, al no observarse satisfecho el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, en lo que se refiere a Odilón Barrios Neria, José Eduardo Pérez Olvera y Anonio Hurtado Espinoza. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." En efecto, de acuerdo con los preceptos legales aludidos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. Y, en la especie, del análisis de la demanda de cuenta, se advierte que la misma carece de firma de los promovente del amparo Odilón Barrios Neria, José Eduardo Pérez Olvera y Anonio Hurtado Espinoza, lo que de igual forma, se advierte de las anotaciones asentadas por la oficial de partes de este órgano jurisdiccional, en el sentido que recibe demanda firmada únicamente por Miguel Garza y Manuel Espino, carente de firmas de los diversos quejosos Odilón Barrios Neria, José Eduardo Pérez Olvera y Anonio Hurtado Espinoza, por lo que, conforme al artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2° de esta última, no tiene de valor legal alguno respecto de ellos. En razón de lo anterior, no ha lugar a admitir la demanda, pues al omitir los promoventes Odilón Barrios Neria, José Eduardo Pérez Olvera y Anonio Hurtado Espinoza asentar su firma, no manifestaron su voluntad de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que el documento citado no incorpora, como ya se dijo, expresión de voluntad alguna y en tales condiciones no solicita expresamente ante el órgano jurisdiccional, conozca del juicio de derechos fundamentales promovido, pues éste se rige por el principio de instancia de parte agraviada de conformidad con el artículo 6°, de la Ley de Amparo, es pues, una exigencia que el particular a quien se le vulnera su esfera de derechos por un acto de autoridad deba estampar su firma, lo cual constituye la expresión de su voluntad de promover dicho juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 606, visible en la página 1042, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 Constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". De igual forma sirve de apoyo la Tesis VI.1o.151 K, consultable en la página 303, del Tomo XV-II, Febrero de 1995 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida a nombre de Odilón Barrios Neria, José Eduardo Pérez Olvera y Anonio Hurtado Espinoza, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas y otras autoridades, con apoyo en el artículo 113 de la citada ley de la materia. PREVENCIÓN. En otro aspecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo que promueven Manuel Espino Vega y Miguel Garza Delgado, se advierte que la misma presenta irregularidades, por lo siguiente: En el capítulo de actos reclamados y autoridades responsables señalan los siguientes: "LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN V, Y 191, 199 QUE ESTABLECE EL CATÁLOGO DE SANCIONES Y EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS. LA INMINENTE INFRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD." Como autoridades responsables ordenadoras: 1) Al Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, se reclama la orden de reformar y adicionar los artículos 24, 43, 155, 162, 191 y 199 del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. 2) Al Secretario de Gobierno, la suscripción de dicha reforma. 3) Al Director del Periódico Oficial, su publicación. Como ejecutoras: 4) Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, Zacatecas. 5) Director General de Policía y Seguridad Vial en Zacatecas y Policía de Seguridad Vial, del Departamento de Control de Infracciones y Permisos de Policía y Seguridad Vial, de Zacatecas, Zacatecas. La inminente ejecución de las reformas al reglamento, como lo es la infracción con sanción de multa y retención del vehículo. Asimismo, del capítulo de "ANTECEDENTES", en específico del segúndo párrafo, se advierte que la parte quejosa señala: "[.] Es el caso, que nosotros hemos estado presentando solicitudes de permisos experimentales y concesiones, y no hemos recibido respuesta alguna, presentamos nuevamente otra el día 12 de octubre de 2021 porque queremos una solución a nuestro asunto." De lo anterior, se desprende que los quejosos fueron omisos en incluir en el capítulo de actos reclamados la omisión de dar respuesta a su petición presentada ante la autoridad responsable, ya que solo se limita a señalar la normativa del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas y su ejecución. Consecuentemente, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el artículo 108, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa Manuel Espino Vega y Miguel Garza Delgado, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al día en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia y bajo protesta de decir verdad: a) Precisen si reclaman la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintiuno, así como a qué autoridad le atribuye el carácter de responsable, de dicho acto; lo anterior para que este Juzgado esté en posibilidad de emplazarla a juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención en el término antes indicado, se admitirá su demanda únicamente y exclusivamente por las autoridades y actos precisados en los capítulos correspondientes de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Olga Hilda Valenzuela Arellano y a Rocío Maldonado Trejo únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del citado numeral, toda vez que del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación se advierte que no tiene registrado el documento que la autoriza para ejercer la profesión de licenciada en derecho y/o abogada. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Elías Piña, número trescientos quince (315), colonia CTM, en Zacatecas, Zacatecas. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita el promovente y con apoyo en lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para realizar la consulta del expediente vía electrónica, con nombre de usuario "valeryuncle"; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido, que dicha autorización no conlleva, a la práctica de las notificaciones por esa vía; por lo que, la consulta por dicha vía, de los acuerdos y promociones relacionadas con éste, podrá realizarse hasta que el acuerdo se haya notificado por el medio que corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 26, fracciones de la I a la III, de la Ley de Amparo y 39 del citado acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se tiene proporcionado el correo electrónico que señala, a través del cual se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19).
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