Odilia Perez Avalos
Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 17/11/2021
Partes del expediente
- Odilia Perez Avalos
- Gustavo Gerardo Medina Mendoza
- Odilia Perez Avalos y Otros.
- Claudia Ivonne Flores Pucheta
- Jesus Vega Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa a través del cual desahoga la vista otorgada en auto de diez de noviembre del año en curso y al efecto manifiesta su conformidad con el cumplimiento dado por las autoridades responsables en relación a la ejecutoria de amparo. Asimismo; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado en representación de las autoridades responsables del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través de los cuales realizan diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector y al efecto exhiben diversas constancias con las que afirman dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en artículo 196 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que las ejecutorias de amparo son de orden público y que este juzgado está obligado a velar por su cumplimiento, de conformidad con la primera parte, del párrafo primero del artículo 192 de la referida ley, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector.En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia de amparo este juzgado concedió la protección constitucional a ********, para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, realicen lo siguiente:Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación.Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida.Por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional tuvo por recibidos los oficios signados en representación de las autoridades responsables Director General y Subdirectora de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través de los cuales exhibieron las constancias con las que afirman dar cumplimiento a la sentencia de amparo; oficios y constancias con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga, desahogando la vista respectiva a través del escrito de cuenta y en el cual manifestó su conformidad con el cumplimiento dado por las responsables. Así las cosas, de las constancias exhibidas por las autoridades responsables del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, se observan los siguientes documentos: 1.- Copias digitalizadas de los documentos denominados "Póliza Cheque" emitidos a favor de cada uno de los quejosos, por concepto de devolución de las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal del impuesto sobre la renta. 2.- Copia digitalizada de las actas circunstanciadas de doce de noviembre de dos mil veintiuno de las cuales se observa que los quejosos comparecieron a recibir la Póliza Cheque, emitida a su favor. 3.- Copia del oficio *******de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través del cual se informa que se ha dejado sin efectos la aplicación del artículo 6, fracción III, Segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las cosas, tomando en consideración los elementos anteriores, este juzgador considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Lo anterior, ya que los efectos de la sentencia de amparo consistieron en que la autoridad responsable: 1.- Deje insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 2.- En caso de resultar procedente, devolver a la quejosa las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. 3.- En su caso, reintegrarle como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. 4.- Además dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Y de las constancias que allegó la autoridad responsable se advierte que efectivamente mediante oficio SRH/2414/2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, informó la inaplicación del artículo 6, fracción III, Segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, a través de la exhibición de las copias del documento denominado "Póliza Cheque" emitida a favor de cada uno de los quejosos y de las actas circunstanciadas de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se acredita, la devolución de las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal por concepto del impuesto sobre la renta, en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. Además, de la lectura del oficio SRH/2414/2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se acredita que se dejan insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la actuación de la autoridad responsable se ajusta de manera integral a los efectos establecidos en la sentencia de amparo, por lo cual se estima que el fallo protector se encuentra cumplido, sin exceso o defecto alguno. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y el diverso que adjunta suscritos respectivamente por la apoderada legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través de los cuales realizan diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector y al efecto exhiben diversas constancias con las que afirman dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con copia de los oficios de las autoridades responsables y los documentos que anexan, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Además; requiérasele para que en plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con identificación oficial vigente, se constituya en las instalaciones que ocupa la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en el domicilio que se precisa en el oficio de cuenta, a efecto de que le sea entregado el cheque correspondiente expedido a su favor, y en ese sentido, esté en condiciones de acudir ante la institución bancaria correspondiente para recibir la totalidad de los recursos que ampara dicho título de crédito. Lo anterior, en el entendido de que, una vez transcurrido el término otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual remite el expediente principal relativo al juicio de amparo 488/2019 del índice de este juzgado auxiliar, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Asimismo; glósense al expediente principal únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión que nos ocupa. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción electrónica procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 584/2021, de su índice, tómese conocimiento que el tribunal colegiado resolvió: "PRIMERO. Se desechan los recursos de revisión interpuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, de conformidad con la consideración tercera del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *********** y coagraviados (6), contra el acto de aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia que se revisa." Háganse las anotaciones correspondientes y notifíquese a las partes la anterior determinación. Por otra parte, se hace constar que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, lo que pone de manifiesto que es posible continuar acordado en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, hasta en tanto, el Tribunal Colegiado remita el expediente principal relativo al juicio de amparo en que se actúa. En ese orden de ideas, y debido a que aún no se cuenta con los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, se solicita al Tribunal Colegiado revisor que, de no tener inconveniente legal o material alguno se sirva remitir los autos originales del juicio de amparo 488/2019. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO De una revisión de las constancias que obran en autos se obtiene que, en la sentencia de amparo se concedió la protección constitucional para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere al Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que dentro del plazo de TRES DÍAS cumplan la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgador la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando dejen de ostentar el cargo que desempeñan seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Resulta aplicable al criterio adoptado la tesis aislada P. VIII/2014 (10a.), con número de registro 2005880, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL HECHO DE QUE LO HAYA LLEVADO A CABO EL NUEVO TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO EXIME DE RESPONSABILIDADES AL ANTERIOR QUE INEXCUSABLEMENTE DESACATÓ EL FALLO. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé consecuencias de naturaleza excepcional para el servidor público que incumpla una ejecutoria emitida en un juicio de amparo, consistentes en la separación de su cargo así como su consignación ante el Juez de Distrito para que sea juzgado por la desobediencia cometida conforme a lo previsto en la ley penal aplicable en materia federal. Ahora bien, el hecho de que el nuevo titular de la autoridad responsable acredite haber dado cumplimiento al fallo protector, no implica que se condone la contumacia del anterior titular que inexcusablemente entorpeció o retardó el acatamiento de la sentencia de amparo -esto es, aquel cuya conducta revele la intención de eludir dicho cumplimiento-, ni que se le exima de responsabilidades ante el correcto actuar de quien lo relevó en el cargo, pues el efecto de ese cumplimiento se limita únicamente a que no se aplique a éste lo señalado en el citado precepto constitucional. Esto es así, ya que la finalidad de las sanciones aludidas en el referido precepto no es sólo punitiva, sino además, ejemplar y preventiva, por lo que no es dable que queden impunes las conductas de los anteriores servidores públicos tendientes a evadir el debido acatamiento a tales sentencias. Admitir lo contrario, implicaría burlar el riguroso sistema que la Constitución General y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, lo que explica que cuando el titular de una autoridad, cualquiera que sea, haya desacatado una sentencia de amparo, proceda consignarla ante el Juez respectivo para que sea sancionada, independientemente de que ya no ocupe el cargo y de que quien lo suceda cumpla el fallo protector." REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Directiva del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (CINVESTAV), en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (CINVESTAV); así como al Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (CINVESTAV), en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, (CINVESTAV); para que dentro del mismo plazo de tres días les ordenen a sus respectivos subordinados a cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.), con número de registro 2007912, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con número de registro 2007914, es de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Y el criterio jurisprudencial I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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