Odilia Martinez Valentin
Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Odilia Martinez Valentin
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecisiete de abril del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, a través del cual en representación de dicho órgano laboral rinde informe justificado, sin que haya lugar a darle vista a la parte quejosa con dicho informe, por las siguientes consideraciones: Del escrito de demanda se advierte que el peticionario del amparo, se queja de la inactividad procesal de la autoridad responsable Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, residente en esta ciudad, al no pronunciarse respecto al auto admisorio de pruebas, dentro del expediente laboral 473/2022, del índice de la responsable. Por otra parte, el Presidente de la Junta responsable en su informe justificado remite copias certificadas del proveído dictado el once de abril de la anualidad que transcurre, en el expediente laboral 473/2022; documentales a las que por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, pues dicho precepto señala: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Asimismo, la doctrina ha establecido que de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga; y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de su derecho violado. En consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; aunado a lo anterior, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Como se puede ver, es un supuesto de causa de improcedencia del juicio de amparo cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Para que se actualice dicha causa de improcedencia se requiere: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional y que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo, y d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Tiene aplicación, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, del Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 197367, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas 'pocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, orienta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, novena época, materia común, número de registro 196820, que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultando que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Ahora, como ya se apuntó, el quejoso reclama la omisión de la responsable de no dictar auto admisorio de pruebas, dentro del expediente laboral 473/2022. Luego, de las constancias que remitió el oficiante de mérito, se advierte que dicho órgano laboral, con fecha once de abril del presente año, dictó un acuerdo en el que se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes. Por tanto, con tal actuar de la responsable, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues ha dejado de existir el acto combatido y, por ende, a ningún fin práctico conduciría el otorgamiento de la protección constitucional, en términos del artículo 77 del propio ordenamiento legal, en razón de que el acto reclamado consistente en la omisión de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, de no pronunciarse respecto del auto admisorio de pruebas; que como ya se apuntó, el once de abril de la presente anualidad, se pronunció el acuerdo correspondiente. Con lo anterior, evidentemente el acto de que se duele el inconforme, dejó de existir, cesando en sus efectos. Orienta la consideración que precede la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página treinta y ocho, del tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, número de registro 193758, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la tesis número P. CL/97, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, del tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, número de registro 197367, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, ya que el Juzgador está facultado para ello al tenor de la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 26/2002, consultable en la página trescientos ochenta y seis , del tomo XVII, Marzo de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete por el presente acuerdo, pues en aras de la pronta y expedita administración de justicia, no se obliga a este órgano jurisdiccional a decretarlo hasta la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, es factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con el objeto de conseguir una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando por ende, sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (ONCE HORAS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS)... Notifíquese personalmente.
- Principal
se admite dicha demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de que la parte quejosa no lo solicita y no se está dentro de los supuestos de los ordinales 125 y 126, de la ley de la materia, para que este tribunal se pronuncie respecto de la medida cautelar. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de dicha legislación, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las ONCE HORAS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se reserva proveer respecto del emplazamiento del posible tercero interesado, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Conforme a lo establecido en el numeral 5º, fracción IV, de la ley de mérito, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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