Odilia Magdalena Esobar Lopez
Expediente 329/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Odilia Magdalena Esobar Lopez
- Carmen Andrade Morga
- Abelino Rodriguez Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito suscrito por la representante común de la parte quejosa Carmen Andrade Morgán, a través del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a la demanda de amparo. Consecuentemente, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, devuélvansele la citada documental, previa razón de recibo que se deje en autos y para recibirlo a las personas que indica en su proemio. En tal tenor, se apunta que en preparación a dicha diligencia, deberá coordinar fecha y hora dentro del horario correspondiente al turno matutino que le fue asignado a este juzgado, esto es, de siete con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos [7:45 am a 14:45 pm], por los siguientes medios: - Fax: 962 626 1841 - Conmutador: 962 698 7434, extensión 1044. Hecho lo anterior, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por el MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 diverso 9/2021, el autorizado de la parte quejosa deberá realizar la cita correspondiente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios jurisdiccionales", posteriormente "Agenda OJ", para efecto de que se encuentre en aptitud de comparecer ante este Juzgado Federal y se realicen las gestiones administrativas conducentes por parte del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en el entendido de que únicamente se permitirá el ingreso de la persona que generó dicha cita, y una más, la cual no estará exenta de registrarse al momento de presentarse en las instalaciones del edificio sede. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las dieciséis horas del dos de septiembre de dos mil veintiuno, el suscrito Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Carmen Andrade Morga (representante común de los quejosos), el proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el Juicio de Amparo número 329/2021, hago constar, que me constituí en el domicilio ubicado en novena avenida Sur prolongación, número 9, entre 38 y 40 calle Oriente, sobre El Par Vial, de esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el siete de septiembre dos mil veintiuno, el suscrito Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de uno de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo número 329/2021, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el el dos de septiembre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a primero de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurra el proveído por el que se tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho acuerdo para todos los efectos legales. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se deja a su disposición los documentos que anexó a su escrito de demanda, por el término de noventa días hábiles para pasar a recogerlo, en la inteligencia que de no hacerlo, concluido dicho término y sin necesidad de nuevo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Gaspar Daniel Reyes Macías, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de la representante común de la parte quejosa Carmen Andrade Morgán, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la representante común de la parte quejosa, se aprecia que la demanda de amparo aquí intentada es extemporánea, lo cual quedará evidenciado a continuación. La ocursante, bajo protesta de decir verdad, expresó que "se decía de la existencia del juicio por manifestaciones en público, sin embargo, al acudir al juzgado primero civil y solicitar información de forma personal, fuimos informados de que las partes demandadas no correspondía a los nombres de nuestras personas, por lo tanto se trata de otro bien inmueble. Luego entonces, no se dio relevancia, hasta el día 30 de julio de 2021, cuando tuvimos conocimiento cierto y seguro de que dicho proceso si corresponde al inmueble del cual estamos en posesión en calidad de propietarios." Ahora, de las constancias digitales que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y del propio expediente original, se aprecia que: *El amparo 2133/2019, fue presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve. *La representación común de la parte quejosa, recayó precisamente en Carmen Andrade Morgán., *El acto reclamado lo hicieron consistir en la orden de desalojo dictada en el expediente 388/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, en esta ciudad. *La orden se ejecutaría en la colonia Cuauhtémoc Cervantes, municipio de Suchiate, Chiapas, respecto de ocho hectáreas. *Señalaron como tercero interesado al ejido Emiliano Zapata, municipio de Suchiate, Chiapas. En ese orden de ideas, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Así, analizada la demanda de amparo, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. Los numerales en cita, respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados". De los anteriores preceptos legales, se desprende entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de control constitucional dentro de la temporalidad que prevé la ley; que el término en general para su promoción es de quince días, los cuales jurídicamente transcurren a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución, conforme a la ley que lo rige; de que se haya tenido conocimiento de éstos; o bien, de que el gobernado se haya ostentado sabedor del o los mismos. También, el segundo de los preceptos invocados señala las diversas excepciones al término genérico de quince días, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable o el procedimiento de extradición, el lapso temporal para promover el juicio de amparo se amplía a treinta días; cuando se trate de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, tendrá el término de hasta ocho años para hacer valer su acción de amparo; cuando los actos tengan relación con la privación de los derechos agrarios, el plazo será de siete años; o cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, destierro, desaparición forzada o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la ley o el acto reclamado; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días, para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Como se dijo, el promovente del amparo se duele de la orden de desalojo, dictada dentro del juicio 388/2018, del registro del Juzgado Primero del Ramo Civil, en esta localidad, respecto de ocho hectáreas, ubicadas en la colonia Cuauhtémoc Cervantes, municipio de Suchiate, Chiapas. Sin embargo, del contenido de la demanda, del escrito aclaratorio y de los antecedentes mencionados del diverso juicio de amparo 2133/2019, del índice de este tribunal, se advierte que los peticionarios del amparo, tuvieron conocimiento del acto reclamado, desde el seis de septiembre de dos mil diecinueve (según lo destacado del SISE y del propio expediente original), que es la fecha de presentación de la demanda de amparo, en la que los terceros interesados, acto reclamado, y la representante común de la parte quejosa, son los mismos. Máxime que en el escrito que hoy se provee, se advierte que la represente común de la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que: "Se decía de la existencia del juicio por manifestaciones en público, sin embargo, al acudir al juzgado primero civil y solicitar información de forma personal, fuimos informados de que las partes demandadas no correspondía a los nombres de nuestras personas, por lo tanto se trata de otro bien inmueble. Luego entonces, no se dio relevancia, hasta el día 30 de julio de 2021, cuando tuvimos conocimiento cierto y seguro de que dicho proceso si corresponde al inmueble del cual estamos en posesión en calidad de propietarios." Lo que evidencia que sí tenían conocimiento de los actos aquí reclamados, desde el año dos mil diecinueve, tan es así que fue por ello que acudieron al juicio de amparo, destacando en ese entonces, Carmen Andrade Morgán, también fue la representante común de la parte quejosa; es decir, los ahora quejosos, supieron de la orden de desalojo, dictada en el expediente 388/2018, del registro del Juez Primero del Ramo Civil, en esta ciudad, desde el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y no el treinta de julio de dos mil veintiuno, como pretenden hacerlo creer ante este juzgador. Lo cual se acredita con las constancias originales y digitales del expediente 2133/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese tenor, el amparista tuvo pleno conocimiento del procedimiento judicial y desalojo reclamado desde el seis de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que a partir de esa fecha estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo; luego, se tiene que el término de quince días que se computa para analizar la procedencia del juicio de amparo en que se actúa, comenzó a correr el diez de septiembre de dos mil diecinueve. Es aplicable al caso la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, Mayo de 2007, página 28, registro 172550, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. En ese sentido, si el escrito de demanda fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de en el Estado de Chiapas, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, hasta el dos de agosto de dos mil veintiuno, pese a que el término respectivo comenzó a correr desde el diez de septiembre de dos mil diecinueve, por ende, es claro que transcurrió en demasía el término de quince días hábiles que prevé la Ley de Amparo, dado que tal presentación tuvo lugar casi aproximadamente un año después del vencimiento del aludido plazo. Por tanto, al considerar actualizadas las causas de improcedencia, en términos del precepto 61, fracción, XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Asimismo, es ilustrativo el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido del licenciado Gaspar Daniel Reyes Macías, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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