Odilia Jerónimo Ortiz
Expediente 975/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Odilia Jerónimo Ortiz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de once de agosto de dos mil diecisiete, este órgano de control constitucional dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA." Mediante sentencia de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos EMMANUEL LÓPEZ RAZO Y SEBASTIÁN NÚÑEZ VALLADARES, para el efecto de que: "los quejosos Emmanuel López Razo y Sebastián Núñez Valladares, sea restituido en el goce de su derecho humano como lo es la salud, para el efecto de que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el ámbito de sus atribuciones, gire las instrucciones necesarias y de seguimiento a su cumplimentación, a fin de que: De inmediato se realicen los trámites correspondientes a fin de que los quejosos reciban consulta médica y se de el seguimiento al tratamiento médico prescrito y a la dieta que se les asigne por el médico. En su caso, se hagan los trámites administrativos necesarios para que los quejosos Emmanuel López Razo y Sebastián Núñez Valladares sean atendidos por el médico especialista que requieran (gastroenterólogo y urólogo respectivamente) dentro de una institución pública del sector salud, que auxilie a dicho Centro Penitenciario, y se de seguimiento al tratamiento médico que deban llevar los quejosos. Lo que deberá justificar con la documentación correspondiente. En su caso, se le suministren los medicamentos con las especificaciones requeridas y realice valoración médica necesarios de seguimiento hasta acreditar su óptimo estado de salud. En el entendido de que dicha concesión de amparo tendrá como límite, lo establecido en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en el sentido de que los servicios médicos que deberá proporcionar el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a los quejosos se realizarán en las propias instalaciones penitenciarias, con acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud, con los insumos de medicamentos con los que cuenta la Secretaría de Salud; en casos graves en que el sector salud manifieste su incapacidad para otorgar el servicio especializado que se necesite, los quejosos podrá recibir atención médica particular previa autorización del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, cuyos gastos y honorarios médicos correrán a cargo de los internos quejosos." En auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto, y se requirió a las responsables dieran cumplimiento a la misma. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/16404/2017, de diez de febrero del presente año, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, informó que el quejoso SEBASTIÁN NÚÑEZ VALLADARES, el ocho de junio del presente año, fue atendido por el departamento de servicios médicos, diagnosticándole intolerancia a la carne de res y lumbalgia crónica, para lo cual se le indicó tratamiento farmacológico. Por lo que se dio vista al quejoso con dicho oficio y anexo, manifestando que no se le había proporcionado el tratamiento indicado, sin embargo de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que se proporcionó el medicamento indicado; además indicó que dicho agraviado no requería atención médica por especialista en urología. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, lo que se corrobora con la manifestación de conformidad realizada por la parte quejosa mediante escrito de quince de mayo del presente año. Ahora bien, en cuanto al diverso quejoso EMMANUEL LÓPEZ RAZO, del oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS13/DG/15801/2017, de veintisiete se julio del presente año, el Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia certificada del acta administrativa número 293/2017, de veintiséis de julio del año en curso, relativo al egreso por traslado de dicho quejoso. Por tanto, al haber egresado el agraviado EMMANUEL LÓPEZ RAZO, de ese Centro Federal, por haber sido autorizado su egreso por traslado, se advierte dejó de existir respecto de éste el acto reclamado, y ante ello, existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Finalmente, glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en representación del Coordinador General de dicha dependencia, y éste último en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, le solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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