Odilia García García y Otros.

Expediente 1782/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1782/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
19/06/2017

Partes del expediente

  • Odilia García García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1782/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna; se procede a analizar oficiosamente las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Para tal efecto, en principio, se destaca que por sentencia dictada el veintiséis de enero del año en curso (fojas 29 a 32), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los peticionarios del amparo, para efecto de que el Presidente Municipal, Síndico Municipal y Regidor de Obras, del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, Oaxaca, una vez que causara ejecutoria la sentencia: I. De inmediato procedieran, en el ámbito de su competencia, a analizar las peticiones presentadas ante su autoridad el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, y otorgaran una respuesta definitiva a los impetrantes, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determinaran; la cual deberían notificarles personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, conforme a los procedimientos aplicables. Así, por auto de veintiuno de abril del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y, en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades correspondientes (foja 51). En cumplimiento a lo anterior, por auto de nueve de mayo del presente año, se recibió el oficio signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, Oaxaca, y anexos; mediante el cual, en lo que aquí interesa, remitió copia del acuerdo de catorce de diciembre del año pasado, así como la notificación del mismo, realizada a Cesar Adán Arias García, en su carácter de representante legal de la parte quejosa (folios 55 vuelta, 59 y 60). Documentales de las que se advierte, en lo que aquí interesa, que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, las citadas responsables dieron contestación a los puntos señalados en los escritos recibidos antes su autoridad el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, pues al respecto informaron a los quejosos, que: 1. Dichas autoridades municipales no han autorizado ni dado permiso alguno para la construcción del fraccionamiento en el paraje conocido como "Yucuyo". 2. Dado que no existe autorización por parte dichas autoridades municipales para la construcción del fraccionamiento antes citado, no cuentan con mayor información respecto al número de viviendas que se pretenden construir. 3. Desconocen si referido proyecto cuenta o no con un estudio del impacto ambiental. 4. No existe autorización, licencia o permiso municipal de uso del suelo para el citado proyecto. 5. No se ha otorgado permiso o autorizado el suministro del agua potable para ese proyecto habitacional. 6. Sí existe una licencia de subdivisión en el paraje "Yucuyo", al oriente de ese municipio, expedida por el Síndico Propietario Pablo Abraham García Espinosa. 7. Desconocen a qué grupo social o étnico estarán destinadas esas viviendas, toda vez que no tienen información al respecto. 8. No existe solicitud alguna para la construcción de viviendas en su población. 9. Dichas autoridades municipales no tienen compromiso, convenio, pacto o partida con el Gobierno Federal o Estatal, para la construcción de algún fraccionamiento o viviendas en esa población. Además, que se solicitó un informe a la Secretaria General de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político del Estado de Oaxaca, y negaron categóricamente haber otorgado permiso o concesión alguna para que algún grupo de pobladores de la región "Triqui" tome posesión y/o habite en el terreno ubicado en el paraje conocido como "Yucuyo", perteneciente a ese Municipio. Respuesta que les fue notificada a los aquí quejosos, por conducto de Cesar Adán Arias García, en su carácter de representante, el uno de mayo de dos mil diecisiete. Ahora bien, del análisis que se practica a la ejecutoria de amparo y el cumplimiento que de ella dieron las responsables, se pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron a cabalidad la misma, toda vez que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dieron contestación a las peticiones que les fueron realizadas por escritos de cuatro de noviembre pasado; así como que la misma, fue notificada a la parte quejosa el uno de mayo del año en curso, por conducto de su represente legal (foja 55 vuelta). Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI-A. Notificación personal por lista. (Quejosos) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector, sin que las partes hubieran hecho manifestación alguna; se procede a analizar oficiosamente las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Para tal efecto, en principio, se destaca que por sentencia dictada el veintiséis de enero del año en curso (fojas 29 a 32), se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los peticionarios del amparo, para efecto de que el Presidente Municipal, Síndico Municipal y Regidor de Obras, del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, Oaxaca, una vez que causara ejecutoria la sentencia: I. De inmediato procedieran, en el ámbito de su competencia, a analizar las peticiones presentadas ante su autoridad el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, y otorgaran una respuesta definitiva a los impetrantes, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determinaran; la cual deberían notificarles personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, conforme a los procedimientos aplicables. Así, por auto de veintiuno de abril del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y, en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades correspondientes (foja 51). En cumplimiento a lo anterior, por auto de nueve de mayo del presente año, se recibió el oficio signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, Oaxaca, y anexos; mediante el cual, en lo que aquí interesa, remitió copia del acuerdo de catorce de diciembre del año pasado, así como la notificación del mismo, realizada a Cesar Adán Arias García, en su carácter de representante legal de la parte quejosa (folios 55 vuelta, 59 y 60). Documentales de las que se advierte, en lo que aquí interesa, que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, las citadas responsables dieron contestación a los puntos señalados en los escritos recibidos antes su autoridad el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, pues al respecto informaron a los quejosos, que: 1. Dichas autoridades municipales no han autorizado ni dado permiso alguno para la construcción del fraccionamiento en el paraje conocido como "Yucuyo". 2. Dado que no existe autorización por parte dichas autoridades municipales para la construcción del fraccionamiento antes citado, no cuentan con mayor información respecto al número de viviendas que se pretenden construir. 3. Desconocen si referido proyecto cuenta o no con un estudio del impacto ambiental. 4. No existe autorización, licencia o permiso municipal de uso del suelo para el citado proyecto. 5. No se ha otorgado permiso o autorizado el suministro del agua potable para ese proyecto habitacional. 6. Sí existe una licencia de subdivisión en el paraje "Yucuyo", al oriente de ese municipio, expedida por el Síndico Propietario Pablo Abraham García Espinosa. 7. Desconocen a qué grupo social o étnico estarán destinadas esas viviendas, toda vez que no tienen información al respecto. 8. No existe solicitud alguna para la construcción de viviendas en su población. 9. Dichas autoridades municipales no tienen compromiso, convenio, pacto o partida con el Gobierno Federal o Estatal, para la construcción de algún fraccionamiento o viviendas en esa población. Además, que se solicitó un informe a la Secretaria General de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político del Estado de Oaxaca, y negaron categóricamente haber otorgado permiso o concesión alguna para que algún grupo de pobladores de la región "Triqui" tome posesión y/o habite en el terreno ubicado en el paraje conocido como "Yucuyo", perteneciente a ese Municipio. Respuesta que les fue notificada a los aquí quejosos, por conducto de Cesar Adán Arias García, en su carácter de representante, el uno de mayo de dos mil diecisiete. Ahora bien, del análisis que se practica a la ejecutoria de amparo y el cumplimiento que de ella dieron las responsables, se pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron a cabalidad la misma, toda vez que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dieron contestación a las peticiones que les fueron realizadas por escritos de cuatro de noviembre pasado; así como que la misma, fue notificada a la parte quejosa el uno de mayo del año en curso, por conducto de su represente legal (foja 55 vuelta). Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.

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