Octavo Garcia Castañeda y Otros.

Expediente 164/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
164/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Octavo Garcia Castañeda y Otros.
  • Octavo Garcia Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 223/2021-C, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de quince de julio de dos mil veintiuno, dentro de la queja 28/2021, que interpuso el quejoso Octavio García Castañeda, dentro del juicio de ampro 164/2021-V, en cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Octavio García Castañeda, contra el auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente de amparo indirecto 164/2021-V." Por tanto, háganse las anotaciones necesarias en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los Juicios de Amparo y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese el recibo correspondiente al órgano colegiado oficiante; notifíquese lo anterior a las partes en el juicio; agréguense a estos autos la ejecutoria de mérito, para que obre como en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión definitiva, son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, encargada del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante la Secretaria Marlene Landín Colle, quien autoriza y da fe.JAFM

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 2455/2021, remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en cumplimiento a la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, emitida dentro del recurso de reclamación 1/2021, de su índice, determinó dejar insubsistente el auto de cinco de marzo del año en curso, y admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por Octavio García Castañeda, por conducto de su autorizada Cristina Pacheco Morales, en contra del proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, recurso que quedó registrado como queja 28/2021, en su índice estadístico; de lo anterior, tómese nota para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, el Juez acuerda: téngase por recibido el escrito signado por Cristina Pacheco Morales, autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Octavio García Castañeda, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la autorizada de la parte quejosa en contra del proveído en alusión, a través del cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, el original del escrito de agravios, así como copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, por ser las que se estiman necesarias para resolver el medio de impugnación.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso Octavio García Castañeda, contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, son residencia en Río Bravo, Tamaulipas, la cual queda registrada en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 167/2021-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "causa manifiesta e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, Agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en mención al interpretar el artículo 145 de la norma abrogada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de contenido similar al artículo 113 del cuerpo normativo vigente, interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y da como resultado el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente de amparo hace consistir el acto reclamado en la resolución de cinco de enero de dos mil veintiuno, en la cual declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por el autorizado de Eduardo Garza Escamilla, en contra del auto que admitió a trámite incidente de falsificación de firmas promovido por el ahora quejoso; todo ello dentro del juicio civil 55/2019, en el cual no se ha dictado sentencia. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Conforme a lo anterior, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, hipótesis que se expondrá en párrafos siguientes. En ese tenor, resulta oportuno destacar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaban actos de tribunales judiciales emitidos dentro del juicio, el amparo indirecto era procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución que fuera de imposible reparación. La citada ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación; de ahí que, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientados a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo, contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable, cuando: a) Sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trata; y b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predomínate o superior. Sin embargo, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece lo qué debe entenderse por un acto que dentro del juicio sea de imposible reparación, su texto es el siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecí la jurisprudencia ya mencionada.

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