Octavio Wilulfo Cruz Hernández

Expediente 309/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
309/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Octavio Wilulfo Cruz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.  Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado.  Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documento y devolución de documento. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, existe un documento catalogado como no original que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto del cual se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. .  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral Mesa Uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número ********************. Consideraciones previas. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de proporcionar el número de carpeta de investigación en la que el quejoso figura como imputado y de permitir el acceso a la misma a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. Estudio de la demanda. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, acontece un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, por lo que debe desecharse. En efecto, en el caso particular se estima actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en tanto que la negativa de proporcionarle el número de carpeta de investigación en la que figura como imputado y de permitirle el acceso a la misma a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Para demostrar este aserto es menester recordar que el numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las etapas del procedimiento penal, y por lo que aquí interesa, se integra de la investigación, la cual comprende dos fases, una inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, y la complementaria, que va desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Como se puede ver, el Ministerio Público se erige como parte de la misma, y entre sus obligaciones se encuentra la de recibir las querellas o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y de dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. De esta manera, la noticia criminal (denuncia o querella) justifica el inicio a una carpeta de investigación, y como consecuencia de ello, nace la obligación del agente investigador de realizar actos de investigación a fin de esclarecer los hechos probablemente constitutivos de un delito, mismos que se irán adjuntando a la citada carpeta a fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Dicho sea de paso, la representación social en la fase de investigación, a diferencia del sistema inquisitivo, ya no desahoga ni valora medios de prueba como autoridad, sin perjuicio, de que durante dicha fase realice actos de investigación; esto es, se constituye como una autoridad parcial por naturaleza y, precisamente por ello, en algunos casos como se verá más adelante, se hace necesaria la intervención de un juez de control durante la etapa de investigación. Así, en la etapa de investigación el agente investigador puede llevar a cabo diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos, empero, la legislación nacional penal adjetiva precisa de actos que pueden ser realizados sin supervisión judicial y otros en los que es necesaria su intervención a fin de salvaguardar los derechos humanos de las partes. En efecto, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé de manera enunciativa actuaciones que el órgano investigador puede llevar a cabo sin la intervención judicial, como lo son: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista de testigos; XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, entre otras. Por su parte, el numeral 252 de la legislación en estudio contempla técnicas de investigación en las que se requiere un escrutinio judicial como lo pueden ser: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras. En relación con lo anterior, es necesario recordar que el artículo 107, en sus fracciones II, IV, V y VII, de la Ley de Amparo establece lo que sigue: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; [.]" Con lo anterior, es dable establecer que las citadas fracciones permiten establecer en qué casos resulta procedente el juicio amparo en contra de algún acto emitido en la etapa de investigación en el sistema acusatorio. En efecto, se actualizaría la hipótesis prevista en la fracción II, que establece que el amparo procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en tratándose de actuaciones que la representación social puede llevar a cabo sin la intervención judicial como lo son: la inspección de personas; la revisión corporal; la inspección de vehículos; la aportación de comunicaciones entre particulares; el reconocimiento de personas; entre otras. Respecto a la fracción IV, podría materializarse en la etapa de investigación inicial, también conocida como desformalizada, en tratándose de actos de investigación que requieren intervención judicial como: las órdenes de cateo; la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras; actuaciones éstas que se encuentran fuera de juicio en las que se encuentra involucrado el juez de control y cuya autorización podría violentar algún derecho humano del indiciado. En cuanto a la fracción V, sería procedente el amparo contra actos realizados hasta la investigación complementaria, es decir, una vez que se judicializa la carpeta de investigación y quien asume la conducción del procedimiento penal es el Juez de Control; es así, pues hay que recordar que de una interpretación armónica de los artículos 107, fracción V, y 170 de la Ley de Amparo, es factible establecer que el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. En ese sentido, si la investigación complementaria forma parte de la audiencia inicial y el proceso comienza con la citada audiencia, sería aplicable la hipótesis de referencia pues se trata de actos en juicio cuyos efectos pueden ser de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y con relación a la fracción VII, esta fracción hace palpable de su simple lectura la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En ese orden, dependiendo del caso en concreto, un acto de los mencionados podría ser sujeto de un control de constitucionalidad (cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, entre otros) pero ello dependerá si se encuentra comprometido un derecho humano de la persona que promueva el amparo. Ahora bien, en el caso en estudio, de forma destacada el quejoso controvierte que el agente investigador se ha negado a proporcionarle el número de carpeta de investigación en la que figura como imputado y de permitirle el acceso a la misma a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. Empero, esas conductas atribuidas al agente investigador, conforme a lo establecido en párrafo anteriores, ocurren en la etapa de investigación inicial en la que el representante social puede realizar actos de investigación sin intervención judicial y con supervisión de ésta; no obstante, los representantes sociales señalados como responsables -de acuerdo con lo manifestado por el quejoso- no han realizado algún acto de investigación (que no requiera intervención judicial) que le pueda producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, en tanto que no se tiene noticia de que el agente del Ministerio Público haya ordenado la inspección de personas, revisión corporal, la inspección de vehículos, la aportación de comunicaciones entre particulares o el reconocimiento de personas. Además de que el justiciable tampoco manifiesta que los agentes del ministerio público que señala como responsable le hayan requerido para que acuda a rendir su declaración ni que han ordenado detenerlo para el mismo efecto y, en consecuencia, tampoco ha surgido su derecho a acceder a la carpeta de investigación; pues debe recordarse que conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, la actuación que el justiciable considera que vulnera sus derechos, en realidad no constituye un acto que le trastoque algún derecho sustantivo durante la etapa de investigación inicial; sobre todo, que durante esta etapa el agente investigador no está recolectando o constituyendo medios de prueba que sirvan para determinar la comisión de un delito o la plena responsabilidad del imputado, como ocurría en el sistema tradicional o mixto, sino más bien, el citado representante social se está allegando de datos de prueba que permitan judicializar la carpeta de investigación y en su caso, el Juez de Control, resuelva si es dable continuar con la investigación complementaria. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que dice: "Registro digital: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947 Tipo: Aislada "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." De ahí que las actuaciones del agente del Ministerio Público no constituyan una afectación real y directa a los derechos sustantivos del justiciable, pues de ser el caso que se judicialice la carpeta de investigación, el peticionario del amparo puede hacer valer ante el juez de control las irregularidades que haya cometido el agente del Ministerio Público durante la etapa de investigación inicial y que signifiquen, como lo sostiene en la demanda de amparo, una afectación a su derecho de defensa. Por tanto, se reitera, la circunstancia de que se encuentre integrando una investigación cuyo numero de identificación no le han proporcionado y no se le permita el acceso a la misma, implica que la referida actuación del agente del Ministerio Público no trastoca, hasta este momento, alguno de sus derechos fundamentales porque, se reitera, no se ha ordenado algun acto de molestia (actos de investigación sin supervisión judicial), ni se le ha requerido para que declare o se ha ordenado su detención para ello. En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que no ha lugar a tenerle señalando como tal ese domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, con apoyo en la fracción III, inciso a), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la tesis XXII. 1°. 22K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Autorizados en términos restringidos. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones a ******************** por no contar con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Exhortación a las partes para la realización del juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Proporciona correo electrónico como medio de comunicación no procesal. Por otra parte, se tiene como medios de contacto del promovente - únicamente para ser localizado - el correo electrónico que proporciona; lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.  Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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