Octavio Velasquez Morales

Expediente 338/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
338/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
25/08/2015

Partes del expediente

  • Octavio Velasquez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veinticinco de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el proveído de fecha seis de agosto de dos mil quince, en el que se sobreseyó el juicio de garantías fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a seis de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito signado por Alicia Méndez Morales la autorizada legal de la quejosa, por el que manifiesta que de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable, se aprecia que con fecha veintidós de julio pasado, le fue notificado al autorizado del quejoso el oficio número SP/DPSHT/1270/2015 y a través del mismo se da respuesta a la petición contenida en el escrito de diecinueve de marzo del año en curso, por lo que solicita se sobresea el presente juicio de garantías, al haber cesado los efectos del acto reclamado y sobrevenir una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable; en su atención, advirtiéndose de las constancias que anexó el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a su informe justificado, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de garantías, se advierte que el quejoso, OCTAVIO VELASQUEZ MORALES, por propio derecho, reclamó de la autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, su negativa a dar contestación a su escrito presentado por conducto de su oficialía de partes el treinta y uno de marzo del año en curso. Por su parte, la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, recibió el escrito del quejoso, de fecha diecinueve de marzo del año en curso, el cual fue contestado mediante oficio número SP/DPSHT/1270/2015, del veintiuno de julio del actual, signado por la autoridad responsable, oficio que le fue notificado en su domicilio autorizado y señalado para tal efecto, mismo que fue recibido por el autorizado legal del quejoso, con fecha del veintidós de julio del año en curso, quien firmo la correspondiente cedula de notificación de la misma fecha. En consecuencia, toda vez que la autoridad responsable ya proveyó respecto de la solicitud correspondiente de la parte quejosa, haciéndole de su conocimiento lo que acordó, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página trescientos trece, del tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Déjese sin efecto la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. IIIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el cual dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Notifíquese. IIIB

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diez de julio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Octavio Velásquez Morales, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: "ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS ÚNICO.-Reclamo de la responsable la negativa a dar contestación de manera invariable y por escrito, en forma congruente y en breve termino, a mi escrito presentado por conducto de su oficialía de partes el 31 de marzo de 2015"(sic). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 338/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 1o. fracción I, 33, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda en sus términos. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable a quien se solicita que al rendirlo lo haga dentro del término de quince días siguientes a su legal notificación. Con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado: a) acompañe las constancias que guarden relación con el acto que reclama el quejoso, así como las que estimen necesarias para la resolución del asunto; b) que las copias que anexe sean íntegras y legibles; y, c) informe si se actualiza alguna causal de improcedencia. Con apercibimiento de que de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, y no informe las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se le impondrá, en su caso, una multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, equivalente a cien días de salario calculados sobre el mínimo en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo. De igual forma, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado; se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de agosto de dos mil quince, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Dada la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que se exhibe junto con la demanda, consistente en acuse de recibo de su escrito de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, recibido en la Subdelegación de Prestaciones Oaxaca, el treinta y uno de marzo del año en curso, la que dada su especial naturaleza, en este acto se desahoga, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho esquina con Manzanillo, sin número, Colonia Centro de esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alicia Méndez Morales, Lucio Alberto Escudero Contreras, Miguel Ángel Ramírez Salazar y Flavio Rodríguez Sanginés, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Antonio Hernández Hernández. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese. IIIB

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