Octavio Valdéz Gaona

Expediente 197/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
197/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
28/08/2018

Partes del expediente

  • Octavio Valdéz Gaona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y tercero interesada, el acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso OCTAVIO VALDEZ GAONA, no realizó manifestación en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por este órgano jurisdiccional (fojas 31 a 37), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante OCTAVIO VALDEZ GAONA, para el efecto de que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "I. Dejar insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio ordinario familiar 534/2011. II. En su lugar, emita una nueva decisión en la que subsane las omisiones destacadas y, con libertad de jurisdicción, acuerde de manera fundada y motivada lo que estime conveniente, respecto del escrito de siete de febrero de dos mil dieciocho, a la luz del auto de treinta de enero del propio año, lo cual podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, según proceda". Así los lineamientos fijados en la sentencia ejecutoriada fueron: ". Transcripción de la que se desprende que el auto recurrido carece de fundamentación y motivación, puesto que la autoridad responsable se limitó a precisar que se tenía al quejoso por haciendo las manifestaciones en el escrito presentado el siete de febrero de dos mil dieciocho. Empero, omitió fundar y motivar cómo es que resultaba suficiente acordar de esa manera, el contenido del escrito de referencia, sin atender a lo manifestado por el quejoso, en cuanto a que debía respetarse su garantía de audiencia, derivado del requerimiento que se le hizo en el proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, puesto que aun cuando la pensión alimenticia fue fijada en doscientos cuarenta y cinco salarios mínimos, conforme al artículo 463 del Código Familiar del Estado, lo cierto era, precisó, que el acreedor alimentista debía promover incidente sobre el incremento de la pensión alimenticia, además de la manifestación que hizo en relación con los juicios de amparo que al efecto citó. Esto es, la juez de instancia nada dijo del porqué tal consideración no ameritaba su análisis, a la luz del contenido íntegro del auto de treinta de enero de dos mil dieciocho. De ahí que si la Juez Tercero de lo Familiar de este distrito judicial, omitió satisfacer las formalidades antes precisadas, al no advertir esa circunstancia y, por ende, exponer deficientemente las razones jurídicas que justifican su determinación, es evidente que transgredió en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso derivados de los artículos 14 y 16 Constitucionales.". 2) En auto de veintitrés de julio de dos mil dieciocho se declaró ejecutoriada la sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad (fojas 45 y 46). 3) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante oficio 3038/2018, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el tres de agosto de dos mil dieciocho (68 a 70), adjuntó copia autorizada del acuerdo de dos de del mes y año en curso, emitido dentro del juicio ordinario familiar 534/2011, en el que dejó insubsistente el diverso proveído de ocho de febrero de esta anualidad y con libertad de jurisdicción, dictó un nuevo proveído en el que se pronunció en relación a la manifestación realizada por el quejoso en su escrito de siete de febrero de dos mil dieciocho, en cuanto a que previo a actualizar la cantidad adeudada con motivo de la pensión alimenticia a que fue condenado en los autos de origen, debía respetarse su garantía de audiencia, pues al respecto la responsable estableció que en oposición a lo apreciado por el demandado, en el auto de treinta de enero del año en curso, del que se ordenó dar vista, no se estaba incrementando de plano y sin audiencia de su persona la pensión alimenticia que debía proporcionar a sus acreedores, sino actualizando su importe al valor actual de la divisa ahí indicada. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dejó insubsistente el auto ocho de febrero de esta anualidad, dentro del juicio ordinario familiar 534/2011 y, con libertad de jurisdicción, dictó un nuevo proveído en el que acordó en cuando al fondo el escrito del quejoso de siete de febrero de dos mil dieciocho, en cuanto a que previo actualizar la cantidad adeudada con motivo de la pensión alimenticia a que fue condenado en los autos de origen, la responsable estableció que en oposición a lo apreciado por el demandado, aquí quejoso, en el auto de treinta de enero del año en curso, no se estaba incrementando de plano y sin audiencia de su persona la pensión alimenticia que debía proporcionar a sus acreedores, sino actualizando su importe al valor actual de la divisa indicada en tal proveído, de ahí que se tenga por cumplida la ejecutoria de que se trata. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que la suscrita estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 3038/2018, signado por la Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 3038/2018, signado por la Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de suspensión y por lo que respecta a la copia certificada de juicio ordinario familiar 534/2011, en dos tomos de los cuadernos formados de los diversos juicios de amparo 396/2017, 637/2017, 638/2017, 639/2017 y 1195/2017, devuélvanse al Juzgado Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, por ser innecesario seguirlos conservando. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso OCTAVIO VALDEZ GAONA, consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio respectivo, remitan copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en relación con los puntos especificados de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir realice lo siguiente. ".I. Dejar insubsistente el auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio ordinario familiar 534/2011. II. En su lugar, emita una nueva decisión en la que subsane las omisiones destacadas y, con libertad de jurisdicción, acuerde de manera fundada y motivada lo que estime conveniente, respecto del escrito de siete de febrero de dos mil dieciocho, a la luz del auto de treinta de enero del propio año, lo cual podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, según proceda." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa a la autoridad responsable de que se trata, de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Juez responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". NOTIFÍQUESE.

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