Octavio u Octavio Agustín Peralta Ramos

Expediente 48/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
48/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • Octavio u Octavio Agustín Peralta Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    DESECHAMIENTO: De la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el promovente señaló como acto reclamado, la orden de traslado y su ejecución dentro de la carpeta ******************** del Reclusorio Preventivo Varonil Norte a la Penitenciaria de la Ciudad de México. Atento a lo anterior, a criterio del suscrito, respecto de la orden de traslado y su ejecución que se reclama se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que opera cuando se trata de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los que proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante su interposición, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la provisional. Lo anterior es así, porque el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se explica: Dicha ley contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre su legalidad. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, la parte quejosa reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, cuya emisión y ejecución atribuye al Juez Vigésimo Segundo Penal Especializado en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México en los autos de la carpeta de ejecución ********************, y bajo protesta de decir verdad, señaló que se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Congruente con esa información, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo involuntario, que es regulado en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que refiere que los traslados de las personas privadas de su libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente por el Juez de Control o de Ejecución; y, que dicha determinación podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. Asimismo, se observa que respecto de la determinación que por esta vía se combate, procede un medio de defensa legal con el que puede ser combatida; es decir el recurso de apelación. Así, en casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado que no se materializó, lo procedente será que el afectado promueva el citado medio de impugnación. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán interponer recurso de apelación respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado o dentro de los tres días siguientes a la misma; y cuya finalidad, es que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución que se combate, con posibilidades de confirmarla, modificarla o revocarla En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado, que se reclama, es procedente el recurso de apelación, prevista en los artículos 51, 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida la determinación del juez responsable de trasladar al aquí justiciable. Por tanto, en el caso de la reclamada orden de traslado y su ejecución emitida en los autos de la carpeta de ejecución ********************, en términos del artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el aquí quejoso debió agotar el recurso de apelación, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al no hacerlo así, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio de la parte quejosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México. No se inadvierte que el quejoso no señala autorizados ni persona alguna que lo represente; sin embargo, el requerir que se le designe uno, no cambiaría el sentido de la presente determinación, pues la causa de improcedencia invocada es manifiesta e indudable. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN: Se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES: Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES: Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. NOTIFICACIONES: El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad -salvo datos sensibles o confidenciales- bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN AL ACTUARIO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y, personalmente al quejoso en el centro de su reclusión.

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