Octavio Sánchez Rodríguez

Expediente 844/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
844/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Octavio Sánchez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 844/2018-X promovido por Octavio Sánchez Rodríguez Jr. contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado; asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual forma, se hace constar que en auto de diez de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días con la inexistencia de las autoridades que señaló como "Comité Técnico de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria del Estado de Michoacán de Ocampo" y "Jefe de Seguridad, Custodia y Supervisión de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria del Estado de Michoacán de Ocampo", ambos con residencia en esta ciudad, a fin de que manifestara lo que a su interés correspondiera, sin que lo haya hecho, transcurriendo dicho término del dieciséis al dieciocho, ambos del mes de octubre del año en curso. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. De igual forma, atendiendo a lo asentado en la certificación secretarial que antecede, se hace efectivo el apercibimiento formulado al promovente del amparo, lo cual conduce a tener como inexistentes a las autoridades de mérito, por lo que se ordena suspender toda comunicación con las autoridades de que se trata, y en consecuencia no se hará pronunciamiento respecto de las mismas en esta sentencia. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados recibidos con antelación y rendidos por: Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en esta ciudad. Miembros de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado, con residencia en esta ciudad. Director del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán. Comité Técnico del Centro Penitenciario de La Piedad de Cavadas, Michoacán. Encargado de la Jefatura de Seguridad y Vigilancia del Centro Penitenciario de La Piedad de Cavadas, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. Al no existir pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente el agente del ministerio público de la federación adscrito formuló alegatos a través del escrito presentado ante el Oficial de partes de este juzgado, el veintinueve de octubre del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 834/2018-X, promovido por Octavio Sánchez Rodríguez Jr. contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Octavio Sánchez Rodríguez Jr., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables, en los siguientes términos: "III. Autoridad Responsable: Como autoridades responsables ordenadoras señaló las siguientes: A). Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, [.] B). Miembros de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán de Ocampo [.] C). Director del Centro Penitenciario de La Piedad de Cavadas, Michoacán [.] D). Comité Técnico del Centro Penitenciario de La Piedad de Cavadas, Michoacán [.] E). Encargado de la Jefatura de Servicios y Vigilancia del Centro Penitenciario de La Piedad de Cavadas, Michoacán [.] F). Jefe de Seguridad, Custodia y Supervisión de la Comisión de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán de Ocampo [.] G). Comité Técnico de la Coordinación de la Autoridad Penitenciaria en el Estado de Michoacán de Ocampo [.] IV. Acto Reclamado: Lo Constituye (sic) la ilegal e injustificada orden de traslado dada por las responsables a efecto de que el suscrito sea trasladado del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, lugar donde me encuentro privado de mi libertad, a otro Centro de Retención del Estado de Michoacán, el cual ignoro cuál sea; sin tomar en cuenta que actualmente soy sentenciado por causa penal número 3678/2014, por mi responsabilidad en la Comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en el cual fui sentenciado a la pena de 21 años de prisión contados a partir del día 12 de marzo de 2014, pena que me impuso el Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, misma que fue confirmada en segunda instancia desconociendo los datos precisos y actualmente me encuentro a disposición del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Zamora, desconociendo el número de carpeta personal de ejecución; traslado que se ha ordenado, sin que el suscrito haya dado motivo para ello, pues observó buena conducta y atendiendo a todas las ordenes que se me dan, además de que participo en los diversas actividades laborales y de otro tipo que organiza el propio Centro de Reclusión, por lo que no represente peligro alguno para la población del Centro Penitenciario en que me encuentro; con ello me privan del debido proceso pues no se me comunicó dicho trámite, y mucho menos del traslado, me enteré por conducto de un custodio, no se me dio acceso al proceso que haya elaborado para decidir trasladarme a un lugar de reclusión diverso al que me encuentro, y lejos de mi familia, lo que sin duda entorpece mis proceso y va en contra de las disposiciones por el estado para la pronta rehabilitación de los reos.". SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno el conocimiento del asunto le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; y, por auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó formar el expediente 844/2018-X; se admitió a trámite la demanda de garantías respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables; se concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por el promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; se solicitó de las autoridades responsables el propio informe respecto de la suspensión concedida así como su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien sí formuló alegatos; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante lo anterior, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el caso en concreto este juzgado se considera competente para conocer y resolver de la misma, toda vez que la parte quejosa reclama actos de autoridades administrativas, cuyos efectos tienen repercusión dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, es el siguiente: La orden de traslado del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán a un diverso centro de reclusión, así como su ejecución. CUARTO.- Inexistencia de los actos reclamados. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que éstas negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. A pesar de ello, la quejosa no ofreció pruebas tendentes a desvirtuar tales manifestaciones; de modo que al no haber sido desvirtuadas las negativas de las autoridades responsables, en la especie, tal como lo refiere la fiscal de la federación de esta adscripción, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Apoya lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Octavio Sánchez Rodríguez Jr., respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe. Ecr

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista con estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido de los informes justificados acordados en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso. Diferimiento de la audiencia constitucional. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las once horas del trece de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agente del Ministerio Público de la Federación formula alegatos. Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Expedición de copias. Expídase a la promovente copia de la sentencia que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Remiten informes justificados. Con vista a las partes agréguense a los autos los oficios que remiten el Encargado de la Jefatura del Departamento de Seguridad y Vigilancia, el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán, así como el Encargado del Despacho en Funciones de Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del citado centro de reclusión, a través del cual, rinden el informe justificado que les fue solicitado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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