Octavio René Zúñiga
Expediente 593/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Octavio René Zúñiga
- Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de diecinueve de julio dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido.
- Principal
Visto el informe rendido por la autoridad responsable que lo suscribe, respecto la suspensión de oficio otorgada en autos, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; comunicados que se ordenan agregar a los presentes autos sin mayor trámite sustancial, toda vez que en auto de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por no presentada la demanda de garantías.
- Principal
Vista la constancia de notificación practicada por el actuario judicial con que se da cuenta, de la que se advierte que el directo quejoso Octavio Rene Zúñiga, no ratificó la demanda de garantías presentado a su favor por Emma Barajas Zúñiga, el dieciocho de julio actual. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y, por consiguiente, se dejan sin efecto las providencias decretadas en el sumario. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad responsable que lo suscribe, mediante el cual rinde informe provisional sobre la suspensión de oficio otorgada; comunicado que se ordenan agregar a los autos sin mayor trámite sustancial, en virtud de lo acordado en líneas precedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo por comparecencia promovida por --- a nombre de ---, contra actos del Director General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Colima y otra. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado, con el número 593/2018-VI-OM. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de garantías promovida por --- a nombre de ---. En el caso se reclaman actos que importan ataques a la libertad personal e incomunicación, supuestos de los cuales el artículo 15 de la vigente Ley de Amparo contempla que la demanda de garantías puede ser peticionada a favor del agraviado que se encuentre imposibilitado para hacerlo; por ende, con fundamento en los artículos 126, 164, 165 y 166 de la citada legislación, SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN SOLICITADA para el efecto de que cesen los actos de incomunicación, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir, de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, en torno al directo quejoso. Asimismo, para el caso de que se encuentre a disposición del Ministerio Público en cumplimiento de una orden de detención, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, el justiciable sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En el entendido de que si el impetrante de amparo --- se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición. Cabe precisar que en cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso ---, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado al juez. Si la detención del quejoso es efectuada por la autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público, se concede la suspensión para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De igual forma, si la detención del quejoso es efectuada por las autoridades responsables en cumplimiento a una orden de detención del Ministerio Público u orden jurisdiccional, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto de inmediato a disposición de quien emitió la orden restrictiva de la libertad del quejoso o se deje en inmediata libertad; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se dará vista al Ministerio Público por la detención prolongada cometida. Si la detención obedece a una orden judicial, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo, deberá estarse a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, debiendo comparecer ante el juez de la causa dentro de los tres días siguientes a efecto de continuar con el proceso penal, apercibido que de incumplir quedara sin efecto esta providencia. Empero, si el directo quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de incumplir las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término IMPRORROGABLE DE VEINTICUATRO HORAS RINDAN INFORME SOBRE LA DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN DEL QUEJOSO, en la inteligencia de que, si de dichos informes y constancias no se acredita la flagrancia o la urgencia en la detención del accionante constitucional, o bien no se rinde el informe dentro del término concedido, se ordenará la inmediata libertad del impetrante de garantías, con la consiguiente responsabilidad de las autoridades. De igual manera, la autoridad responsable deberá informar la observancia que dé al presente mandato, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". Con independencia de lo anterior, en caso de que las responsables no cumplan con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la Representación Social Federal, en términos del numeral 237, fracción III, de la vigente Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, a efecto de que DE INMEDIATO CESEN LOS ACTOS RECLAMADOS, en contra de los cuales se concedió de plano su suspensión, en los términos precisados, en el entendido que de incumplir con esta determinación, se harán acreedores a una multa equivalente a doscientas unidades de medidas y actualización vigente en el Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, lo que deberá acreditar ante este juzgado federal, sin perjuicio de que se realice la denuncia correspondiente al Fiscal de la adscripción por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. A fin de lograr la comparecencia del agraviado se dictan las medidas siguientes; se ordena al personal autorizado de la sección de actuaría de este órgano judicial, que se constituya en el lugar donde refiere la promovente que se encuentra recluido el directo quejoso, a quien deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. Asimismo, conforme al "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos" se ordena al Actuario Judicial, que en la propia diligencia, asiente en el acta si el directo quejoso presenta alguna lesión visible, asimismo, interrogará a dicho impetrante en el propio sentido, esto es, si ha sido objeto de tortura, golpes, malos tratos, etcétera, asentando con precisión lo que al efecto responda. Por otro lado, si el Actuario no logra localizar al directo agraviado, se le ordena se constituya en el domicilio de la promovente y la requiera para que proporcione mayores datos que permitan la localización del directo quejoso, lo anterior con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso, por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, requiérase al personal de guardia (Agente del Ministerio Público, Comandante o persona encargada de los separos) que se encuentre en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, para que manifieste la autoridad ante la cual se encuentre a disposición el directo quejoso, debiendo recabar nombre completo y cargo que desempeña la persona que proporciona la información; apercíbase a la autoridad con la que atienda el requerimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a diez unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, se faculta al Actuario para que, en el caso que advierta que el directo quejoso se encuentra a disposición de una autoridad diversa a las señaladas por la promovente de amparo, emplace a dicha autoridad sin perjuicio de que posteriormente, se llame formalmente a juicio a aquélla; ello en beneficio del reo acorde con los principios de impartición de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en caso de que el actuario judicial se percate que no fue localizado el quejoso detenidos ante alguna de las autoridades de las señaladas como responsables y ante la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, al margen del requerimiento formulado al suscriptor de la demanda de garantías; con fundamento en el artículo 15, último párrafo de la ley de la materia, se requerirá a las siguientes autoridades: Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Colima Comandante de la Vigésima Zona Militar. Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Colima. Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Colima Director de la Policía Estatal Preventiva de Colima Director de la Policía de Procuración de Justicia del Estado Ello con el fin de que, dentro del plazo de doce horas, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente informen si ellos o alguno de sus subordinados detuvieron al directo quejoso ---, o bien si ante el fue puesto a disposición, o en su caso, si en los separos de esas instituciones se encuentra detenido o que haya sido remitido ante las Agencias del Ministerio Público o investigadora que comprenden todo el Estado de Colima, debiendo exhibir al respecto las constancias recabadas al efecto, apercibidos que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de las sanciones a que puede hacerse acreedores en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en --- Colima. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo. En otro aspecto, es preciso señalar que el arábigo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, contempla, entre otras, la obligación de los promoventes en el sentido de señalar las autoridades responsables, lo que de suyo se traduce en una designación precisa de manera que sea posible llamar a juicio a la o las que hayan sido señaladas con tal calidad, debiéndose aclarar, además, que tocante a este tema no opera la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja a que alude el precepto 79 de la norma en comento, puesto que esta última versa respecto a los conceptos de violación o agravios. Bajo esta perspectiva, se apercibe a la parte quejosa de que en caso de que alguna o algunas de las autoridades a las que les atribuya el carácter de responsables no exista con la denominación que indica en su escrito de demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y en su oportunidad se resolverá como proceda conforme tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento del nombre de dicha o dichas responsables. Todo lo anterior encuentra justificación en el hecho de que corresponde a la parte accionante de amparo estar al pendiente tanto de que su escrito de demanda colme las exigencias del mencionado precepto 108, como del trámite del proceso de amparo, lo cual además guarda armonía con lo contemplado en el párrafo segundo del dispositivo 17 de la Ley Fundamental, que postula la impartición de justicia pronta y acorde con el principio de celeridad procesal. Finalmente, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · 15,164 expedientes
- Octavio Muñoz Mendoza283/2015
- Octavio Muñoz Mendoza645/2014
- Octavio Muñoz Mendoza1174/2014
- Octavio Muñoz Mendoza990/2014
- Octavio Ochoa Cervantes1110/2015
- Octavio Rabago Aceves189/2022
- Octavio Rodriguez de la Mora850/2014
- Octavio Ulises Vogel Negrete1662/2017
- Octavio Ulises Vogel Negrete1660/2017
- Octavio Velasco Fuentes1123/2019
- Octavio Velasco Fuentes624/2019
- Ofelia Alcalá Acevedo842/2019