Octavio Rendon Castillo

Expediente 1911/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 46 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1911/2018
Año
2018
Actuaciones
46
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Octavio Rendon Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Incidental

    Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, a la parte quejosa. Archivo. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos 5 años, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. En el entendido que el incidente original al haberse concedido la medida cautelar se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes quejosa y tercera interesada no se inconformaron contra el proveído de 19 de agosto de 2019, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de 15 días, establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede ARCHIVAR el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. En virtud de que en este controvertido se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del acuerdo invocado. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Devolución de legajos de pruebas. Devuélvanse a su lugar de origen el legajo de pruebas I.

  3. Incidental

    El quejoso solicita la devolución del billete de depósito *** por la cantidad de **, que exhibió con el objeto de garantizar la suspensión definitiva concedida en interlocutoria de 04 de diciembre de 2018. Se pone a disposición garantía. 1. En sentencia dictada el 26 de abril de 2019, se concedió el amparo solicitado por el quejoso. 2. El 19 de julio de 2019, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida y se requirió a las autoridades dieran cumplimiento a la misma. 3. Mediante auto dictado el 19 de agosto de 2019, se declaró cumplido el fallo protector emitido. 4. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa Octavio Rendón Castillo para que, dentro del plazo de 2 años, que establece el 50 de Ley de la Tesorería de la Federación, se presente a este Juzgado Federal a recoger el billete de depósito *** expedido por BANSEFI, que exhibió con el propósito de que se continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en la presente incidencia. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, éste se hará efectivo a favor del erario federal. Para lo anterior, el quejoso deberá acudir a este juzgado en horario hábil los días martes, esto, debido a la carga de trabajo, considerando la función jurisdiccional a desempeñar, las cuestiones administrativas que se deben atender y a fin de regular la organización en el manejo de la caja de valores. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de 05 de agosto de 2019, respecto de las constancias exhibidas por las autoridades responsables a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. El quejoso ****, desahogó la vista indicando, en esencia, que la sentencia de amparo no está cumplida, pues aun cuando la resolución dictada por el Juez responsable en cumplimiento al fallo protector, le favorece, lo determinado en éste, no ha sido cumplido por su contraparte, por lo que requiere que la responsable aperciba a la demandada a que dentro del plazo que marca la Ley cumpla con sus determinaciones y en caso contrario dé vista al Ministerio Público por el delito de desobediencia Valoración. Este Juzgado se encuentra obligado a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable. Lineamientos fijados por la SCJN para calificar el cumplimiento en casos en que se haya otorgado libertad de jurisdicción a las autoridades. 1.- La SCJN ha establecido que para evaluar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo deben atenderse sus consideraciones y lineamientos y no sólo sus efectos, los cuales acotan la libertad de jurisdicción de las autoridades. 2.- La SCJN ha establecido también que el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. 3.- La SCJN señaló además que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo. 4.- La SCJN precisó que la libertad de jurisdicción concedida a las autoridades para cumplir las sentencias de amparo, encuentra su límite en el contenido de los derechos humanos al debido proceso y de acceso efectivo a la justicia. Valoración. Este Juzgado Federal encuentra que la autoridad responsable satisfizo los efectos impuestos en la sentencia de amparo, en virtud de lo siguiente: En principio, es preciso señalar que en la sentencia de amparo se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Estado de Puebla dejara insubsistente la resolución de 20 de agosto de 2018 dictada en el recurso de reclamación deriva del juicio de petición de herencia 890/2012; y, con libertad de jurisdicción, emitiera otra en la que determinara levantar la suspensión decretada el 4 de mayo de 2018, en el juicio de origen, siempre y cuando no existiera alguna circunstancia que le impida material y jurídicamente hacerlo. En ese orden, los lineamientos y límites del fallo protector son: 1.- Dejar insubsistente la resolución de 20 de agosto de 2018 dictada en el recurso de reclamación deriva del juicio de petición de herencia 890/2012. 2.- Con libertad de jurisdicción, emitir otra en la que determine levantar la suspensión decretada el 4 de mayo de 2018, en el juicio de origen, siempre y cuando no exista circunstancia que se lo impida. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el juez responsable dejó insubsistente la resolución de 20 de agosto de 2018; y, en acuerdo de 30 de julio de 2019 ordenó revocar el auto dictado el 04 de mayo de 2018, y en consecuencia, determinó no ha lugar a acordar favorable la petición presentada por María del Rocío Rendón Peredo, por la que solicitó la suspensión del procedimiento en el juicio de petición de herencia 890/2012, derivado de la tramitación del diverso sumario 956/2017, bajo el argumento de que en el juicio de origen el 22 de mayo de 2014 se dictó sentencia definitiva y en proveído de 25 de abril de 2017 se declaró ejecutoriada, por lo que no era factible suspender el procedimiento por la firmeza de la sentencia. Ergo, este juzgado federal encuentra que el acuerdo de cumplimiento de 30 de julio de 2019, dictado en el juicio de petición de herencia 890/2012, sí atiende a las consideraciones, lineamientos, parámetros y límites definidos en la sentencia de amparo, toda vez que el juez ordenó revocar el diverso proveído por el que se había suspendido el procedimiento y consecuentemente continuar con el procedimiento. Sin embargo, el apercibimiento que refiere la parte quejosa se imponga a su contraparte en el juicio de origen, por incumplimiento a lo determinado, no fue objeto de estudio en la sentencia de amparo; de modo que no forma parte de los lineamientos, parámetros ni límites del fallo. Por tanto, no es posible emprender su estudio en el cumplimiento de la sentencia de este amparo, pues dicho acto sería objeto de un nuevo juicio. En ese orden, las manifestaciones de la parte quejosa resultan INOPERANTES, en tanto que se otorgó libertad de jurisdicción al juez responsable. Las tesis y jurisprudencias invocadas son aplicables y coinciden, en lo esencial, con las consideraciones, los lineamientos, los parámetros y los límites que se deben analizar al calificar el cumplimiento del fallo que otorga libertad de jurisdicción. Pues, como se apuntó, el cumplimiento del juez civil se ajustó a las consideraciones, lineamientos, parámetros, límites y efectos del fallo protector. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que las autoridades responsables dieron total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado CUMPLIDO. Finalmente, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado.

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