Octavio Ramírez Tapia

Expediente 1442/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1442/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Octavio Ramírez Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se advierte que feneció el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de veinte de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En esa medida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, en atención a los requerimientos formulados en proveído de catorce de diciembre pasado, exhibe ocho copias más del escrito de demanda; sin que haya lugar a formular mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de veinte de diciembre de este año, se desechó la demanda de amparo instada por el quejoso.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso. En atención a su contenido, se tienen parcialmente cumplidos los requerimientos formulados en proveído de catorce de diciembre de este año, pues indica que: la cuenta bancaria, corresponde a la sucursal ubicada en Silao, Guanajuato; manifiesta que es su deseo de señalar como autoridad responsable a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y le atribuye la ejecución del embargo o inmovilización de la cuenta bancaria; y exhibe tres copias de la demanda. Mientras que es omiso en exhibir las copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a las partes. No obstante, puesto que el promovente proporcionó la información necesaria para fincar a favor de este juzgado la competencia legal para conocer sobre la demanda, y dado el sentido del presente auto, es innecesario prevenirlo en este momento nuevamente por tales copias, y se provee: De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el quejoso reclama de las autoridades responsables pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) la orden de embargo y/o inmovilización de la cuenta bancaria, abierta en una sucursal ubicada Silao, Guanajuato, emitida dentro del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra; y su ejecución. Al respecto, este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, el acto reclamado no carece de fundamentación. De ese modo, el promovente no se encuentra relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio del promovente, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que está obligado a agotar los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar el acto reclamado directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, o bien, hacer valer el recurso de revocación en sede administrativa ante la autoridad responsable y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, sin que obste que el quejoso acude a esta instancia constitucional porque considera que el acto de autoridad infringió sus derechos de audiencia y seguridad jurídica, empero, dado que en el caso el acto reclamado no carece de fundamentación (sin prejuzgar sobre su constitucionalidad), aunado a que el promovente es parte en el procedimiento administrativo de ejecución ******************** como contribuyente, se tiene que el justiciable estuvo en aptitud de hacer valer su inconformidad a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o interponer recurso de revocación ante la responsable, previo a instar el juicio de amparo. Del mismo modo, el quejoso tampoco se coloca en un supuesto de excepción para agotar los medios de defensa ordinarios a su alcance por alegar violaciones directas a la Constitución, pues no refiere que el acto de autoridad contraviene algún dispositivo específico de la Constitución, sino que sus argumentos se dirigen a cuestionar la aplicación de las porciones normativas en las cuales las autoridades sustentan el acto que se les atribuye. En virtud de lo expuesto, ante la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Agréguese el escrito signado por el quejoso. En atención a su contenido, se tienen parcialmente cumplidos los requerimientos formulados en proveído de catorce de diciembre de este año, pues indica que: la cuenta bancaria, corresponde a la sucursal ubicada en Silao, Guanajuato; manifiesta que es su deseo de señalar como autoridad responsable a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y le atribuye la ejecución del embargo o inmovilización de la cuenta bancaria; y exhibe tres copias de la demanda. Mientras que es omiso en exhibir las copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a las partes. No obstante, puesto que el promovente proporcionó la información necesaria para fincar a favor de este juzgado la competencia legal para conocer sobre la demanda, y dado el sentido del presente auto, es innecesario prevenirlo en este momento nuevamente por tales copias, y se provee: De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el quejoso reclama de las autoridades responsables pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) la orden de embargo y/o inmovilización de la cuenta bancaria, abierta en una sucursal ubicada Silao, Guanajuato, emitida dentro del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra; y su ejecución. Al respecto, este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, el acto reclamado no carece de fundamentación. De ese modo, el promovente no se encuentra relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio del promovente, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que está obligado a agotar los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar el acto reclamado directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, o bien, hacer valer el recurso de revocación en sede administrativa ante la autoridad responsable y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, sin que obste que el quejoso acude a esta instancia constitucional porque considera que el acto de autoridad infringió sus derechos de audiencia y seguridad jurídica, empero, dado que en el caso el acto reclamado no carece de fundamentación (sin prejuzgar sobre su constitucionalidad), aunado a que el promovente es parte en el procedimiento administrativo de ejecución ******************** como contribuyente, se tiene que el justiciable estuvo en aptitud de hacer valer su inconformidad a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o interponer recurso de revocación ante la responsable, previo a instar el juicio de amparo. Del mismo modo, el quejoso tampoco se coloca en un supuesto de excepción para agotar los medios de defensa ordinarios a su alcance por alegar violaciones directas a la Constitución, pues no refiere que el acto de autoridad contraviene algún dispositivo específico de la Constitución, sino que sus argumentos se dirigen a cuestionar la aplicación de las porciones normativas en las cuales las autoridades sustentan el acto que se les atribuye. En virtud de lo expuesto, ante la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido..."

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