Octavio Quiñones Montes y Otros.

Expediente 1016/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1016/2016
Año
2016
Actuaciones
35
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Octavio Quiñones Montes y Otros.
  • Flor Marisela Viña
  • Octavio Quiñones Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Con apoyo en lo establecido en la fracción III del punto Vigésimo del acuerdo general conjunto invocado, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas respectivas de los expedientes mencionados y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR ASÍ ESTAR ORDENADO EN AUTOS, el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a los quejosos Octavio Quiñones Montes y Flor Marisela Viña, para que desahogaran la vista que se les dio, y al efecto precisaran lo que a sus interés legal conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho dentro de tal temporalidad. Así, con base en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa, en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En sentencia emitida el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó y por otra se determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Octavio Quiñones Montes y Flor Marisela Viña, contra los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, Oficiales Notificadores, adscritos a la misa, todos con sede en esta ciudad y Juez Vigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para el efecto determinado en el considerando sexto que a la letra dice: ".SEXTO (.)"De la anterior reseña destaca, que se substanció un juicio especial hipotecario en contra de los ahora quejosos OCTAVIO QUIÑONES MONTES y FLOR MARISELA VIÑA, al que le correspondió el número 529/2013 del índice del Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, con sede en esa localidad, de cuyos autos se desprende que se les emplazó a juicio en las diligencias de notificación personal y por edictos, en la primera se advierte que el notificador, fue atendido por la propia quejosa, quien se identificó con documento oficial, esto es, tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de los hechos que se le atribuían, ofrecer pruebas, si así lo deseaba y expresar alegatos. Luego, si desde la fecha del emplazamiento personal que se le realizó, la quejosa tuvo conocimiento del inicio del juicio especial hipotecario que se instruyó en su contra, en donde se dictó sentencia, es inconcuso que no se le puede considerar como tercera extraña, a pesar de que en esta instancia constitucional refiera que no se le han realizado las notificaciones por parte de la autoridad responsable, pues de las documentales que aportó esta última, ponen de manifiesto lo contrario, ya que, como quedó establecido, la diligencia de emplazamiento se realizó con la directa quejosa, sin que presentara pruebas que pongan de manifiesto lo contrario. Esto es, en el caso concreto, por lo que hace a la quejosa FLOR MARISELA VIÑA, acudió a combatir, primordialmente, la falta de emplazamiento al procedimiento seguido en su contra, y por consecuencia la ejecución de la resolución que le puso fin, por virtud de la cual se condenó a ésta y a su codemandado -aquí quejoso-, al pago de lo adeudado a favor de la actora, no obstante ello de autos se puso de manifiesto que ésta sí fue debidamente emplazada a juicio, siguiéndose las formalidades que para tal efecto se precisa en la legislación de la materia; es decir, estuvo en aptitud de acudir a combatir, el procedimiento iniciado en el juicio especial hipotecario 529/2013, sin que así lo hiciera. Además de que, en los preceptos que regulan el emplazamiento no se establece la exigencia relativa a que el notificador deba cerciorarse de la identidad del demandado, cuando para el desahogo de dicha diligencia se constituyó en la casa designada para ello, entendiéndola con quien dijo ser la interesada, como en el caso acontece. Por ende, si el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor asentó que el emplazamiento lo realizó a solicitud del juez exhortante con sede en la Ciudad de México, precisamente en el domicilio ubicado en calle Quinta del Carmen casa número 1407, lote 10, manzana E, fraccionamiento Quintas del Valle, Tercera Etapa, de esta ciudad, el cual fue señalado por la parte actora en donde podían ser localizados los demandados, máxime que al llevarse a cabo el emplazamiento a la quejosa, el oficial notificador fuera atendido por ésta, según se advierte de la citada diligencia (foja 77 del juicio de origen). Así se obtiene de la tesis jurisprudencial 3a./J. 34/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, Octava Época, página 195, que indica lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EL NOTIFICADOR LO ENTIENDE CON UNA PERSONA QUE DICE SER EL DEMANDADO, NO ES NECESARIO QUE SE CERCIORE DE SU IDENTIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 267, fracción III y 268 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se sigue que corresponde a la parte que formula la demanda señalar el domicilio en donde debe ser llamado a juicio su adversario, lo que se justifica en razón de que es la persona que tiene el conocimiento adecuado del lugar en el que vive el demandado y, además, porque sin duda resulta ser el primer interesado en contar con la seguridad que el juicio promovido satisface la garantía de debida audiencia a fin de evitar a la postre su nulidad. Ahora bien, del análisis a los diversos 111 y 112 del código invocado, semejantes a las disposiciones contenidas en los ordenamientos procesales de otras entidades federativas, se desprende que en modo alguno prevén la exigencia relativa a que el notificador se cerciore de la identidad del demandado en el caso de que el emplazamiento lo entienda, en la casa designada, con quien dice ser el interesado. De aquí, entonces, que no existe base legal para llegar a sostener que el cercioramiento de que se trata, en la hipótesis apuntada, constituya una formalidad que debe de observarse en ese tipo de diligencias y, por ende, la aseveración sobre el particular en el acta respectiva cuenta con la presunción de que el llamado a juicio se realizó con el demandado. Cabe añadir que la abstención del legislador local de establecer el requisito de que se habla, encuentra justificación si se tiene en cuenta que, de llegar a estimar el afectado que no fue él con quien se entendió la diligencia, lo que equivale a sostener que existió la suplantación de persona, en primer lugar, está en condiciones de hacer valer los medios de defensa correspondientes, entre éstos el incidente de nulidad de emplazamiento estatuido en los artículos 71 y 72 de la ley procesal civil y, en último lugar, porque en el plano federal tiene también la posibilidad de promover el juicio de garantías, según el caso, en la vía directa o indirecta en términos de los artículos 158, párrafo primero, 159, fracción I y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, para impugnar la falta de emplazamiento o el emplazamiento defectuoso. De concluir lo contrario se llegaría al absurdo de que si acaso el demandado no contara con documentos de identificación, a pesar de que él dijera que es la persona buscada ya no podría continuarse la diligencia; esto es, habría que suspenderla para comunicar al Juez que no se pudo emplazar por la mencionada carencia". De tal manera que si FLOR MARISELA VIÑA, afirmó desconocer el proceso seguido en su contra, en virtud de que no se le emplazó a juicio, cuestionando con ello la veracidad de lo asentado por el notificador, es a ésta a quien le correspondía aportar los medios de prueba idóneos para demostrar esa circunstancia, pues esa sola afirmación no desvirtúa la presunción de legalidad de que gozan esas actuaciones, al haberse practicado por servidores investidos de fe pública. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 39/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, Materia Civil, página 24, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les práctica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo". Por tanto, al no existir prueba que desvirtúe la diligencia de emplazamiento combatida ni las notificaciones practicadas, debe considerarse que lo asentado en las actas respectivas corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe el notificador respectivo. Es aplicable al caso concreto la tesis jurisprudencial IV.2o. J/4, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, página 265, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Por otra parte, respecto al diverso emplazamiento realizado al codemandado, aquí quejoso OCTAVIO QUIÑONES MONTES, tal como se señaló en la relatoría de antecedentes del acto reclamado, el actuario notificador responsable acudió en búsqueda del codemandado al domicilio proporcionado por la actora, ubicado en calle Quinta del Carmen casa número 1407, lote 10, manzana E, fraccionamiento Quintas del Valle, Tercera Etapa, de esta ciudad, sin que lo pudiera localizar, en virtud de que según lo manifestado por su codemandada, éste ya no vivía en el país debido a la inseguridad, por lo que se encontraba residiendo en Estados Unidos de Norteamérica. Por lo anterior y, dada la manifestación de la parte accionante, el Juez Vigésimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, ordenó girar oficios a la Primera Secretaría de la Presidencia y del Pleno de ese H. Tribunal, a la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que informaran si en sus registros existía domicilio del demandado, sin obtener resultados positivos; de ahí que, el juez responsable ordenara llevar a cabo el emplazamiento de éste por edictos. De donde se sigue, que contrario a lo manifestado por los quejosos en sus conceptos de violación, se estima que los datos proporcionados tanto por las autoridades indicadas, como lo determinó la responsable fueron suficientes para justificar el llamamiento a juicio en la forma en que se hizo. Lo anterior, dado que si bien no existe un parámetro delimitado para calificar la eficacia de los informes rendidos por dichas instituciones, lo cierto es que a través de ellos se hizo patente el desconocimiento general del domicilio en que podía ser localizado el codemandado. En ese tenor, puede colegirse la eficacia de los informes rendidos por las autoridades a las que el juez natural requirió, en tales condiciones, al girarse los citados oficios a las dependencias mencionadas, son elementos de prueba que devienen como acertadamente lo precisó el juez de origen, suficientes para justificar la procedencia del emplazamiento por edictos, pues se acredita la circunstancia de que, luego de realizar las investigaciones pertinentes, encaminadas a la localización de la parte demandada, ésta no sea posible y por ende, resulte el desconocimiento de su paradero, el cual debe ser general. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia III.2o.C. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, página 1317, materia Civil, Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones". De donde se sigue que los demandados, aquí quejosos OCTAVIO QUIÑONES MONTES y FLOR MARISELA VIÑA, fueron debidamente emplazados al juicio natural mediante edictos y de manera personal, respectivamente. Esto es, los amparistas tuvieron conocimiento del juicio instaurado en su contra desde la fecha en que fueron debidamente emplazados, en donde se les concedió término para contestar la demanda entablada en su contra y opusieran las excepciones que estimaran convenientes, apercibidos que de no hacerlo se les tendría por confesos y se proseguiría el juicio en su rebeldía; circunstancias que precisadas en párrafos anteriores, y concatenadas con las constancias que obran en autos, resultan suficientes para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento y por consiguiente, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En las relatadas condiciones, al estar apoyado el acto reclamado en los preceptos legales de la legislación aplicable, aunado a que la autoridad citó las causas o razones particulares que tomó en consideración para la emisión del acto y que existe adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable, es decir, que en el caso concreto se configura la hipótesis normativa, el acto reclamado no transgrede derechos fundamentales en perjuicio de los quejosos. Así las cosas, al no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir la deficiencia de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitan. Determinación anterior, que se hace extensiva a las autoridades responsables ejecutoras Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y licenciado Héctor R. Ornelas, actuario adscrito a la Oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, ya que dicha determinación no se combate por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución dictada por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, con sede en esa localidad. Es aplicable la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 72, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". SÉPTIMO. Finalmente, por lo que respecta a la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario 529/2013, que los quejosos manifiestan combatir en el apartado de acto reclamado, ello lo hacen por ser consecuencia del emplazamiento reclamado, más no por vicios propios en la misma, puesto que no se vierten conceptos de violación en ese sentido, por lo que resulta innecesaria la determinación de incompetencia por este juzgado federal por lo que a dicho acto se refiere, y por ende la remisión de los autos a la Superioridad una vez que cause ejecutoria la presente resolución. Lo anterior es así, porque como se dijo la sentencia no se combate por vicios propios, sino en vía de consecuencia de los emplazamientos combatidos, lo que pone de manifiesto que dicha determinación no se señala como acto destacado, ni se combate por vicios propios. Siendo aplicable a contrario sensu la Jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 2010, Noven Época, página 9, cuyo rubro establece: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005)". (.)" Inconforme con dicha resolución, licenciado Alfredo Gómez Machado, en su carácter autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, el cual por acuerdo de veintiséis de junio del año próximo pasado, se tuvo por admitido dicho medio de impugnación; luego, seguido los trámites legales el dieciocho de siguiente, fue admitido por el ahora Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad. Posteriormente, la Secretaria del ahora Primer Tribunal de Acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado de este Circuito, remitió el testimonio de la resolución dictada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en la que determinó: "PRIMERO. Queda intocado sobreseimiento del juicio de amparo indirecto 1016/2016, respecto de las autoridades responsables en el considerando quinto de esta ejecutoria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO. En la materia de la revisión se revoca sentencia recurrida; en consecuencia.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO. Para los efectos señalados en la parte final de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Octavio Quiñones Montes y Flor Marisela Viña, contra los actos que reclama del titular del Juzgado Vigésimo Primero Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en el ilegal emplazamiento practicado en el juicio especial hipotecario 529/2013, de su índice, y su ejecución atribuida al juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, y actuario adscrito a la Oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos". Motivo por el cual, el veinte de abril de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los autos del presente juicio de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables Juez Vigésimo Primero Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo cual, atendiendo a lo solicitado, el Juez Vigésimo Primero de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, por medio del oficio 2502 (foja 230) informó que en auto tres de agosto último, derivado del juicio especial hipotecario 529/2013 de su índice, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del proveído de veintiuno de junio de dos mil trece, y ordenó emplazarse nuevamente a los demandados Octavio Quiñónez Montes y Flor Marisela Viña. Con lo que se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad antes mencionada, sin que lo hayan hecho así. Precisado lo anterior, este órgano judicial procede a analizar si la resolución se encuentra o no cumplida en los términos para los que fue concedida. En virtud de lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable ha obedecido las obligaciones jurídicas que se les impusieron en la resolución dictada por Tribunal superior, pues mediante oficio 2502 informó que en el juicio hipotecario 529/2013 de su índice, el tres de agosto último, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del auto de veintiuno de junio de dos mil trece, y ordenó emplazarse nuevamente a los demandados Octavio Quiñónez Montes y Flor Marisela Viña. De ahí que, en términos de lo preceptuado en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, y señala que instruyó al Juez Vigésimo Primero de lo Civil, con sede en aquella ciudad, a fin de que den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, por tanto, se le tiene informando las gestiones.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 08 de agosto DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29, FRACCIONES I, II, III y IV, DE LA LEY DE AMPARO y que dice: Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil. Con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL ACUERDO DE 08 DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil. Con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dése vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable

Quedan 31 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano