Octavio Peraza Martínez
Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Octavio Peraza Martínez
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, tres de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que, por auto de tres de mayo del año en curso, se ordenó el archivo en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. VIII. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse las constancias allegadas al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, atendiendo que el presente asunto se encuentra concluido. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos. Vista la certificación que antecede, donde se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Octavio Peraza Martínez, para que otorgaran como garantía la cantidad de $36,084.49 (treinta y seis mil ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida. Deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que a partir de esta fecha la suspensión definitiva deja de surtir efectos; sin que ello implique que se deje sin materia el juicio en lo principal. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa pueda exhibir la garantía hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados. Tiene aplicación la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA. LA OPORTUNIDAD DE EXHIBIRLA EXISTE HASTA ANTES DE QUE SE EJECUTEN LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que la peticionaria de amparo no haya exhibido la garantía que le fijó el juez de Distrito para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la interlocutoria en que se concedió la suspensión de mérito, no implica, como lo pretende el tercero perjudicado, que por el sólo transcurso del término aludido, pierda la quejosa el derecho de otorgar la caución de referencia, sino únicamente significa que la autoridad responsable, transcurrido ese plazo, tiene expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo; pero si la ejecución no se ha llevado a cabo, no existe obstáculo para que pueda otorgarse la garantía, o llenarse los requisitos que se hubieren omitido con relación a aquélla. Consecuentemente, está ajustado a derecho el proveído del a quo en el que se negó a modificar o revocar la medida suspensional concedida a la quejosa, como lo pretende el recurrente, pues es incontrovertible que aquélla se encuentra en aptitud de exhibir la garantía que le fue fijada en la citada interlocutoria, hasta antes de que se ejecuten los actos reclamados." (Octava Época; Registro: 212725; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIII, Mayo de 1994; Materia(s): Común; Tesis: I.5o.C.122 K; Página: 544). Asimismo, aplica la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible." (Décima Época; Registro: 2008029; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: I.3o.C.47 K (10a.); Página: 3040). Notifíquese.
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