Octavio Oswaldo Esquivel Joya
Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Octavio Oswaldo Esquivel Joya
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, devuelve los autos del juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, y devuélvase el presente juicio de amparo en que se actúa al archivo de este juzgado, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, se solicita a este Juzgado, remita copia certificada del presentes asunto, a fin de tenerlas a la vista en el amparo directo 210/2021 de su índice. Préstamo de expediente Ahora bien, toda vez que el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo correspondiente, atendiendo a las políticas de austeridad y racionalidad, evitando de ello utilizar doblemente tanto recursos materiales, así como para la eficiente administración de los mismos, se ordena enviar el presente juicio de amparo , al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Cuaderno de antecedentes Fórmese el cuaderno de antecedentes, para que se agreguen las actuaciones que se integren a partir del presente acuerdo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el ocho de octubre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Sin que sea dable requerir a la parte quejosa para que comparezca a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda, en razón que del análisis del mismo, se advierte que obra en copia simple.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio firmado por el Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en autos, acredita las gestiones realizadas a fin de obtener los recursos económicos para dar cabal observancia al fallo protector; por lo que se le tiene en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se requiere por el cumplimiento. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, se efectúa el siguiente requerimiento: Se requiere al Consejero Jurídico el Poder Ejecutivo, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, atienda la solicitud elevada por el Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, mediante oficio ST/DGJ/DC/AMP/5738/2020 recibido el seis de octubre pasado. Se requiere al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del improrrogable término de tres días siguientes a la fecha en que cuente con la respuesta otorgada por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, acredite las gestiones realizadas ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a fin de pagar el importe de las prestaciones calculadas en favor del quejoso Luis Contreras Rea. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades de referencia, que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos en moneda nacional), tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos). Además, en virtud de que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público y no puede quedar al arbitrio de autoridad alguna, se apercibe a la responsable, que si al fenecer el término otorgado en esta actuación para cumplir con ello, continúa sin materializarse el cumplimiento del fallo protector, se dará trámite al incidente de inejecución de sentencia contemplado en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Autoridad vinculada al cumplimiento. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo no hubiese sido señalado como autoridad responsable en el presente asunto, toda vez que con fundamento en el numeral 197 de la ley de la materia, para lograr el absoluto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables y todas aquellas que en razón de sus funciones tengan a su cargo la realización de algún trámite sobre la materia de este asunto, quedan constreñidas a efectuar todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, dentro de los límites de su competencia. Además, así lo establece el artículo 77, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo actualmente vigente y la jurisprudencia mil trescientos treinta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.".
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