Octavio Orozco Santoyo
Expediente 314/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Octavio Orozco Santoyo
- David Ricardo Ponce González, Juez Especializado de Control del Distrito Único en el Sistema Penal Acusatorio en Xochitepec, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, remitido en la misma fecha, por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, Octavio Orozco Santoyo, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede, Licenciado David Ricardo Ponce González. Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede, Licenciado Alejandro Trejo Reséndiz. Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede, Licenciada Elvia Terán Peña. Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede, Licenciado Isidoro Edie Sandoval Lome. Todos con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. Fiscal General del Estado de Morelos. Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (denominación correcta). Vicefiscal "A" adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (denominación correcta). Todos con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. EJECUTORAS: Comandante del Grupo de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. Leticia Pérez Martínez, Agente de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. Ambas con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. ACTOS RECLAMADOS: ORDENADORAS: La orden de aprehensión o cualquier acto que atente contra la libertad personal deambulatoria. Orden de Comparecencia con apercibimiento, Presentación, Localización o Citación. Los actos de molestia generados en la investigación inicial como la toma de fotos e individualización de imputado, recabando datos sensibles invadiendo el derecho a la vida privada e intimidad personal. EJECUTORAS: El cumplimiento de la orden de aprehensión, comparecencia, localización, citación o cualquier acto que atente contra el derecho sustantivo de la libertad personal. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Octavio Orozco Santoyo, por su propio derecho; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento, tuvo verificativo a las diez horas con un minuto del diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos y pretenden ejecutarse por autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de la pretensión que deduce. Así, de la lectura integral a la demanda de amparo, en relación con las documentales que integran este juicio constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades precisadas en el resultando primero, los siguientes actos: "La orden de aprehensión o cualquier acto que atente contra la libertad personal deambulatoria. Orden de Comparecencia con apercibimiento, Presentación, o Citación. Los actos de molestia generados en la investigación inicial como la toma de fotos e individualización de imputado, recabando datos sensibles invadiendo el derecho a la vida privada e intimidad personal. El cumplimiento de la orden de aprehensión, comparecencia, localización, citación o cualquier acto que atente contra el derecho sustantivo de la libertad personal". TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos reclamados consistentes en: La orden de aprehensión o cualquier acto que atente contra la libertad personal deambulatoria. Orden de Comparecencia con apercibimiento, Presentación, Localización o Citación. Los actos de molestia generados en la investigación inicial como la toma de fotos e individualización de imputado, recabando datos sensibles invadiendo el derecho a la vida privada e intimidad personal. El cumplimiento de la orden de aprehensión, comparecencia, localización, citación o cualquier acto que atente contra el derecho sustantivo de la libertad personal. Reclamados a las siguientes autoridades: David Ricardo Ponce González, Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede. Alejandra Trejo Reséndiz, Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede. Elvia Terán Peña, Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede. Todos con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. Fiscal General del Estado de Morelos. Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (denominación correcta). Vicefiscal "A" adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos (denominación correcta). Leticia Pérez Martínez, Agente de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. Todos con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Toda vez que al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos reclamados antes precisados. Y respecto a la autoridad responsable denominada Isidoro Edie Sandoval Lome, Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede, con residencia en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, también negó los actos reclamados consistentes en orden de aprehensión o cualquier acto que atente contra la libertad personal deambulatoria, presentación, localización, así como los actos de molestia generados en la investigación inicial como la toma de fotos e individualización del imputado, recabando datos sensibles, invadiendo el derecho a la vida privada e intimidad personal. Sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar la negativa de dichos actos, a pesar de la oportunidad que tuvo para ello. Por lo tanto, ante la inexistencia de los actos precisados y reclamados a las autoridades responsables citadas en este apartado, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice del 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido que respecto a la autoridad responsable Comandante del Grupo de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, en la audiencia constitucional desahogada el diecinueve de mayo del año en curso, se tuvo por inexistente. CUARTO. Existencia del acto de molestia consistente en Citación, sólo por lo que hace a la autoridad responsable denominada Isidoro Edie Sandoval Lome, Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede, con residencia en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, toda vez que al rendir el informe justificado aceptó dicho acto; por lo tanto, sus manifestaciones constituyen una confesión expresa con pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última. Aunado a lo anterior, la certeza del acto de citación reclamado, también se corrobora con las constancias que remitió como complemento al informe justificado, mismas que consisten en copias certificadas de las actuaciones que conforman la carpeta técnica JC/059/2023; las cuales adquieren valor probatorio, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones; además, adquieren valor de documentales públicas, en términos de los artículos 197 y 202 de la codificación adjetiva invocada. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de la causal de improcedencia que se pudiera actualizar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia II.1o. J/5 pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común página 95, con registro electrónico número 222780, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este juzgador federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso, reclama de las autoridades responsables, entre otros actos, la orden de citación, la cual fue aceptada por la autoridad Isidoro Edie Sandoval Lome, Juez Especializado en Control del Distrito Judicial Único del Sistema Penal Acusatorio, primera sede, con residencia en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos, por lo que se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ellos se desprende que el amparo indirecto es improcedente cuando esa improcedencia derive de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Asimismo, se desprende que el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, y cuya ejecución sea de imposible reparación. En ese sentido, se estima que debe sobreseerse el presente juicio, respecto al acto reclamado que se analiza, en razón de que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, si bien es un acto emitido fuera de juicio, lo cierto es que no resulta de imposible reparación, ya que no necesariamente afecta la libertad personal. Al respecto los numerales y fracciones invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:(.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que la citación de las personas investigadas a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. Esto, ya que solo se trata de una simple comunicación del juez, a petición del ministerio público, por la que requiere la presencia de la persona o personas indiciadas para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Será en esa audiencia en la que ese sujeto o sujetos podrán o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometidos a una medida cautelar. Además, se sostuvo que aún y cuando la fracción II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contemple que, pueda ordenarse la comparecencia forzosa de los citados cuando no se presenten injustificadamente, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. De este modo se llegó a la conclusión de que el citatorio a la audiencia de control, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Además, se resolvió que la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo. Como se desprende de la parte conducente de la ejecutoria emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la contradicción de tesis señalada, la cual a la letra dice: ".33. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. 34. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. 35. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. 36. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. 37. No pasa inadvertido que esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, sostuvo en lo que interesa lo siguiente: (.) 38. De esa contradicción de tesis derivó la siguiente jurisprudencia: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE 'FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN', PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la 'formulación de la imputación' dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: 'El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados'; y 'La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos'. En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente."(14) 39. Si bien esa jurisprudencia no se refería a la regulación de la citación para la audiencia de vinculación a proceso prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino a la regulación prevista en las legislaciones de Durango y Chihuahua, en las cuales se prevé que a la audiencia de formulación de imputación, se citará al imputado bajo el apercibimiento de que, si no comparece, se ordenará su aprehensión; esta Primera Sala estima que el problema resuelto en esa contradicción de tesis es análogo al que ahora se plantea, puesto que implica determinar si la simple citación a la audiencia de imputación o de vinculación a proceso, según la denominación de cada legislación, afecta a la libertad personal del citado. 40. En este sentido, esta Primera Sala considera que, en una nueva reflexión, debe abandonar el criterio reflejado en la jurisprudencia citada, puesto que, conforme a las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que prevén que en caso de no acudir a la citación, se ordenará la aprehensión del citado, en ese caso incluso si la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar la aprehensión, en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afecta a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Entonces, por estas razones, debe interrumpirse la jurisprudencia 1a./J. 93/2013, relativa a las legislaciones de Chihuahua y Durango". La ejecutoria mencionada dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.)3, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Criterio que es obligatorio para este juzgado de distrito, y para todos los tribunales del país, de conformidad con el numeral 217 de la Ley de Amparo, por tratarse de una jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, al actualizarse los extremos de improcedencia que establece el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcritos en los párrafos que anteceden, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Octavio Orozco Santoyo, respecto de los actos y por las autoridades que quedaron precisados en el resultado primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual formula alegatos respectivos; al respecto, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia, ténganse por formulados los alegatos esgrimidos en el mismo, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal de Delitos Diversos adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, de lo que se desprende que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de la vista concedida y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma a las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal de Delitos Diversos, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otro lado, conforme a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tiene como delegados a las personas que designa, y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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