Octavio Omar Torres Carreño

Expediente 2272/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2272/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
30/01/2018

Partes del expediente

  • Octavio Omar Torres Carreño

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el expediente 295/2017 relativo al recurso de queja interpuesto por el promovente Octavio Omar Torres Carreño, en contra del auto de quince de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el presente asunto, por medio del cual se desechó la demanda de amparo propuesta; en la que la Superioridad tuvo a bien resolver: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha por improcedente la demanda de garantías promovida por OCTAVIO OMAR TORRES CARREÑO, en contra del acto que reclamó a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil diecisiete pronunciada en el toca de apelación 476/2017". Con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; acúsese el recibo correspondiente, mediante oficio vía electrónica. Consecuentemente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, primer y segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes auto, se advierte que la autoridad responsable Director de Comercio de Rafael Lara Grajales, Puebla, no ha dado cumplimiento total al fallo protector dictado en el presente juicio. En consecuencia, toda vez que la concesión del amparo fue para el efecto de que el Director de Comercio, Abasto y Vía Pública del Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, dejara sin efectos los oficios reclamados; sin embargo, la citada autoridad y el Presidente Municipal remitieron el oficio por el cual únicamente comunican a la quejosa ******************** que se han dejado sin efecto dichos oficios, pero no así el diverso oficio a través del cual expresamente determinan "se deja sin efecto" los oficios en mención. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director de Comercio del Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla, para que en el término de veinticuatro horas remita copia certificada del acuerdo u oficio en el que se advierta que "dejó sin efecto" los oficios reclamados. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $********************, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $********************, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    De las presentes actuaciones se advierte que el nueve de octubre de dos mil diecisiete la perito oficial en materia de grafoscopía María del Rosario Castillo García compareció a fin de aceptar y protestar el cargo conferido comprometiéndose a emitir su dictamen en un término de diez días hábiles; sin embargo, a la fecha en que se actúa a omitido emitir su dictamen pericial que le corresponde. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete y con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impone una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete, por lo que deberá girarse oficio a la ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DE PUEBLA 1 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que por su conducto se haga efectiva la multa de referencia a María del Rosario Castillo García, quien tiene como domicilio oficial el ubicado en: Kilometro 2.5 recta a Cholula, colonia Exhacienda Zavaleta, sin número. Por otro lado, requiérase nuevamente a la perito oficial en materia de grafoscopía María del Rosario Castillo García por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales, Delegación Estatal Puebla de la Procuraduría General de la República, para que en el término de tres días emita su dictamen pericial correspondiente. Con el apercibimiento de no hacerlo así, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. En consecuencia, y a fin de dar oportunidad a lo anterior, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la continuación de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta de la Encargada de O.S.D. Poder Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual solicita se le informe cuál es el estado que guarda el expediente en que se actúa. En atención a su contenido, dígasele que mediante oficio 40632/2017 de primero de septiembre de dos mil diecisiete, se le comunicó que el presente expediente se encuentra archivado como un asunto total y definitivamente concluido.

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