Octavio Odilón González Navarrete
Expediente 501/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 09/02/2023
Partes del expediente
- Octavio Odilón González Navarrete
- Magistrados que integran el Segundo Tribunal de Alzada en materia Penal de Toluca del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que por proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó devolver a la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, los anexos que remitió como complemento a su informe justificado, sin que se hubiera efectuado la devolución de los discos en formato DVD que remitió para tal efecto. En consecuencia, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvanse a la mencionada autoridad los citados anexos, consistentes en: Dos sobres amarillos que contienen cada uno, un disco del toca penal 311/2020 de su índice, y doce discos de la carpeta administrativa 580/2020, todos en formato DVD. Lo anterior, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio de mérito, se cerciore que la autoridad destinataria apunte las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del juicio en que se actúa y su acumulado, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra la determinación de dieciocho de agosto pasado, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal de este juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, toda vez que al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que, por una parte, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, este expediente, así como el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán los expedientes y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. A consideración de este Juzgado de Distrito este sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, devuélvanse a la Magistrada Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió con motivo de la justificación de su informe. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a los quejosos, en auto de siete de julio del año en curso, sin que realizaran manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 311/2020 y que resolvió el recurso de apelación, interpuesto en contra del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, en la causa penal (carpeta administrativa) 580/2020, en contra del quejoso, por el hecho delictuoso de desaparición forzada cometida por particulares." Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que no se amparó ni protegió a los quejosos Octavio Odilón González Navarrete y Hueman Jesse Rendon López. Sentencia que fue recurrida mediante proveídos de dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, ordenándose remitir los autos originales del expediente en que se actúa, constancia de notificación, así como copia de ésta para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación en comento al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, en determinación de cuatro de enero del año en curso; así, en proveído de once de febrero siguiente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, acusó recibo de la constancias remitidas para la sustanciación del recurso interpuesto, mismo que quedó registrado bajo el número de amparo en revisión 17/2022 de su estadística; y por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la resolución de veintiséis de mayo del año que trascurre, dictada por el citado Tribunal, en la que determinó lo siguiente: "Primero. Se revoca la sentencia materia de la revisión. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Octavio Odilón González Navarrete y Hueman Jesse Rendón López, respecto del acto y autoridad establecidos en el resultando primero de esta resolución, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria. Así, de lo resuelto en dicha ejecutoria, el órgano colegiado, concedió el amparo a para el efecto de que el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizara lo siguiente: "a. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso diecinueve de agosto de dos mil veinte, por el delito de desaparición cometida por particular, previsto y sancionado en los artículos 32, fracción II, 34 y 36 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en contra de Octavio Odilón González Navarrete y Hueman Jesse Rendón López, en la carpeta de investigación 580/2020. b. A continuación, conforme a lo destacado en la ejecutoria, dicte una nueva resolución, en que con plenitud de jurisdicción analice de manera fundada y motivada cual es el tipo penal que encuadra la conducta imputada y evidenciada, analizando el previsto en el artículo 37 de la Ley General de referencia, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que legalmente corresponda al respecto, así como lo relativo a la probable responsabilidad de los imputados. En el mismo proveído de catorce de junio del año en curso causó ejecutoria por ministerio de ley la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, y se requirió a la responsable, remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, mediante proveído de siete de julio de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada de diversas constancias y la resolución emitida en el JA 121/2021 y su acumulado 502/2021 de su índice, con las que refirió dar cumplimiento, esto es, en atención a lo ordenado en la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de veintiséis de mayo de este año, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en proveído de dieciséis de junio del año en curso, dejó sin efectos la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno y en su lugar, dictó la resolución cinco de julio de dos mil veintidós, en la que analizó lo que ordenó el Tribunal de Alzada. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Víctor Eduardo Hernández Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Magistrada Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, remite copia certificada de diversas constancias, con las que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, solicita le sean devueltas las constancias que fueron adjuntadas como anexos a los informes justificados. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo recibidos en esta data, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, respecto a la solicitud de la autoridad oficiante, a efecto de que le sean devueltas las constancias que se remitieron adjuntas a los informes justificados, rendidos dentro del presente asunto, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto este asunto se encuentre concluido y se ordene su remisión al archivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María Guadalupe Rivero Trujillo, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
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