Octavio Murrieta Meraz
Expediente 250/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Octavio Murrieta Meraz
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos del que se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por improcedente la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, en relación con el numeral 98, ambos de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por improcedente la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito firmado por Octavio Murrieta Meraz, contra actos de la Dirección de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social con domicilio en esta ciudad. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 250/2023. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, otorgan la facultad al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Octavio Murrieta Meraz, señaló como autoridad responsable a la Dirección de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamó la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés que le otorga la pensión por cesantía en edad avanzada. Sentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que analizados en su conjunto a contrario sensu, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de autoridades que no tengan el carácter de responsables, siendo autoridad responsable en el juicio de amparo aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Los citados numerales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, las autoridades responsables, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridades, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sentado lo anterior, a fin de advertir si en el caso se puede atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, conviene tener en cuenta que, como ya se precisó, el quejoso reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés que le otorga pensión por cesantía en edad avanzada, la que tuvo como sustento jurídico, entre otros preceptos, los artículos 138, 139, 152, 153, 154, 155, 156, 157 y 159 de la Ley del Seguro Social. Ahora, al instituto en comento le resulta un doble carácter, como organismo fiscal autónomo, cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de cuotas obrero patronales y, por otra, como ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto a las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley de dicho Instituto. Así, es preciso afirmar que de acuerdo con lo anterior, dependiendo del reclamo que se le haga al instituto asegurador, le puede resultar o no el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, en el caso, no le resulta tal carácter (de autoridad para efectos del juicio de amparo), pues la relación del quejoso con el instituto es netamente de coordinación, esto es, entre iguales, en el ámbito del derecho privado, pues de los antecedentes de la demanda, narrados por el inconforme bajo protesta de decir verdad, se desprende que en la actualidad es pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que a través del acto aquí reclamado, se le otorgó su pensión por cesantía en edad avanzada. Para tal fin, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios, que pueden ser corroborados de la jurisprudencia 2ª./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tal razón, los actos equivalentes a los de una autoridad, serán aquellos que sean ejecutados por particulares con las características apuntadas; y además, sus funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, como se aprecia del análisis estructural de la Ley de Amparo, se puede concluir que para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues, el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.". Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades", se concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que como se anticipó, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en que un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa voluntariamente, es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que en su caso debe ser "equivalente", el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que a la Dirección de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en esta ciudad, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el acto que se le atribuye, consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés que le otorga la pensión por cesantía en edad avanzada, la que tuvo como sustento jurídicos diversos preceptos de la Ley del Seguro Social, actúa desprovista de las características de ser una autoridad. Lo anterior es así, pues dicho acto se traduce en parte de las obligaciones que en materia de seguridad social, se encuentran a cargo de la autoridad señalada como responsable, con motivo de la relación jurídica que las liga con la parte quejosa. Al hilo de lo anterior, es inconcuso que el acto reclamado no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues la autoridad responsable señalada por el quejoso no tiene ese carácter, ya que ésta actúa como órgano asegurador en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. Por lo que, es patente para este órgano jurisdiccional, que el acto aquí reclamado, es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento ordinario correspondiente y no a través del juicio de amparo, al constituir cuestiones relativas al cumplimiento de las prestaciones concebidas en favor de la parte quejosa, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador o beneficiario y el órgano asegurador, en un auténtico plano de coordinación. Cabe precisar que en el caso concreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, actúa como órgano asegurador y tanto es así, que los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo, establecen que ante este tipo de controversias se debe acudir a la vía ordinaria laboral. "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.". "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia al Tribunal federal de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente." De tal manera que dicho organismo descentralizado no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, por lo cual, el acto que reclama carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Por tanto, resulta evidente que no podría sujetársele al juicio de amparo, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia; lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, no pueda tener tal carácter, pero cuando actúa como entidad aseguradora no se puede considerar de esa manera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 898, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, correspondiente al mes de junio de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En tal sentido, en el presente asunto, resulta evidente que el acto reclamado, no tiene el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la jurisdicción ordinaria. Apoya lo anterior, por analogía y por las razones expuestas, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1511, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de utoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Asimismo es aplicable por analogía, la jurisprudencia de VIII.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible a páginas 2032, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, debe decirse que el acto que por esta vía se impugna no es un acto de autoridad en términos establecidos por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, que éste afecte los derechos fundamentales del quejoso, pues la actuación de quien señala como autoridad responsable, se sustancia entre un ente asegurador y asegurado, lo que resulta ser una relación entre particulares, y en consecuencia, de coordinación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que ocupa es improcedente, porque la autoridad y el acto reclamado no están revestidos de imperio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por tanto, como se indicó, la presente es improcedente, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, con apoyo en el precepto 305, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Alfredo Mizael Ruelas Chávez, y a Gilberto Esquer Suarez y Lorena Díaz de León, únicamente para oír y recibir notificaciones en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. En relación con la solicitud del promovente, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos como escanner y cámara fotográfica a los profesionistas indicados en el libelo de cuenta, con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna; permítase a la parte quejosa la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, del siguiente rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito firmado por Octavio Murrieta Meraz, contra actos de la Dirección de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social con domicilio en esta ciudad. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 250/2023. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, otorgan la facultad al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Octavio Murrieta Meraz, señaló como autoridad responsable a la Dirección de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamó la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés que le otorga la pensión por cesantía en edad avanzada. Sentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que analizados en su conjunto a contrario sensu, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de autoridades que no tengan el carácter de responsables, siendo autoridad responsable en el juicio de amparo aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Los citados numerales prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, las autoridades responsables, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridades, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sentado lo anterior, a fin de advertir si en el caso se puede atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo al Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, conviene tener en cuenta que, como ya se precisó, el quejoso reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés que le otorga pensión por cesantía en edad avanzada, la que tuvo como sustento jurídico, entre otros preceptos, los artículos 138, 139, 152, 153, 154, 155, 156, 157 y 159 de la Ley del Seguro Social. Ahora, al instituto en comento le resulta un doble carácter, como organismo fiscal autónomo, cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de cuotas obrero patronales y, por otra, como ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto a las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley de dicho Instituto. Así, es preciso afirmar que de acuerdo con lo anterior, dependiendo del reclamo que se le haga al instituto asegurador, le puede resultar o no el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, en el caso, no le resulta tal carácter (de autoridad para efectos del juicio de amparo), pues la relación del quejoso con el instituto es netamente de coordinación, esto es, entre iguales, en el ámbito del derecho privado, pues de los antecedentes de la demanda, narrados por el inconforme bajo protesta de decir verdad, se desprende que en la actualidad es pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que a través del acto aquí reclamado, se le otorgó su pensión por cesantía en edad avanzada. Para tal fin, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios, que pueden ser corroborados de la jurisprudencia 2ª./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tal razón, los actos equivalentes a los de una autoridad, serán aquellos que sean ejecutados por particulares con las características apuntadas; y además, sus funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, como se aprecia del análisis estructural de la Ley de Amparo, se puede concluir que para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues, el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.". Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades", se concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular, los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que como se anticipó, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en que un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa voluntariamente, es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que en su caso debe ser "equivalente", el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional considera que a la Dirección de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en esta ciudad, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el acto que se le atribuye, consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés que le otorga la pensión por cesantía en edad avanzada, la que tuvo como sustento jurídicos diversos preceptos de la Ley del Seguro Social, actúa desprovista de las características de ser una autoridad. Lo anterior es así, pues dicho acto se traduce en parte de las obligaciones que en materia de seguridad social, se encuentran a cargo de la autoridad señalada como responsable, con motivo de la relación jurídica que las liga con la parte quejosa. Al hilo de lo anterior, es inconcuso que el acto reclamado no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues la autoridad responsable señalada por el quejoso no tiene ese carácter, ya que ésta actúa como órgano asegurador en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. Por lo que, es patente para este órgano jurisdiccional, que el acto aquí reclamado, es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento ordinario correspondiente y no a través del juicio de amparo, al constituir cuestiones relativas al cumplimiento de las prestaciones concebidas en favor de la parte quejosa, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador o beneficiario y el órgano asegurador, en un auténtico plano de coordinación. Cabe precisar que en el caso concreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, actúa como órgano asegurador y tanto es así, que los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo, establecen que ante este tipo de controversias se debe acudir a la vía ordinaria laboral. "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.". "Artículo 899-A. Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-Ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá al Tribunal del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. En caso de que se demanden únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia al Tribunal federal de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente." De tal manera que dicho organismo descentralizado no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, por lo cual, el acto que reclama carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Por tanto, resulta evidente que no podría sujetársele al juicio de amparo, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia; lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, no pueda tener tal carácter, pero cuando actúa como entidad aseguradora no se puede considerar de esa manera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 898, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, correspondiente al mes de junio de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En tal sentido, en el presente asunto, resulta evidente que el acto reclamado, no tiene el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la jurisdicción ordinaria. Apoya lo anterior, por analogía y por las razones expuestas, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1511, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de utoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Asimismo es aplicable por analogía, la jurisprudencia de VIII.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible a páginas 2032, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo". Por tanto, debe decirse que el acto que por esta vía se impugna no es un acto de autoridad en términos establecidos por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, que éste afecte los derechos fundamentales del quejoso, pues la actuación de quien señala como autoridad responsable, se sustancia entre un ente asegurador y asegurado, lo que resulta ser una relación entre particulares, y en consecuencia, de coordinación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, todos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que ocupa es improcedente, porque la autoridad y el acto reclamado no están revestidos de imperio, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por tanto, como se indicó, la presente es improcedente, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Por otra parte, con apoyo en el precepto 305, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Alfredo Mizael Ruelas Chávez, y a Gilberto Esquer Suarez y Lorena Díaz de León, únicamente para oír y recibir notificaciones en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el sistema computarizado para el registro único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. En relación con la solicitud del promovente, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos como escanner y cámara fotográfica a los profesionistas indicados en el libelo de cuenta, con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna; permítase a la parte quejosa la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, del siguiente rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Ahora, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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