Octavio Muñoz Mendoza
Expediente 533/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 38 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Octavio Muñoz Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por el Director de Consultoría y Normatividad de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Colima, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida en la ejecutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, en la que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, revocó la sentencia de sobreseimiento emitida por este juzgado, así como la forma en que las responsables aducen que lo acataron. Al respecto, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de las autoridades Conclusión "(.) lo procedente es conceder el amparo solicitado para que las autoridades responsables Gobernador y Director del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable11, ambos del Estado de Colima, sigan las directrices siguientes: 1. Establezcan el Fideicomiso Ambiental a que se refiere el artículo 69 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. 2. Realicen las gestiones necesarias para que al citado fideicomiso se le asignen los recursos que le corresponden desde el 3 de abril de 2013, hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, a saber, el 10 de septiembre de 2020, y que se encuentran identificados en el artículo 71 de la multicitada Ley Ambiental para el Desarrollo Urbano del Estado de Colima. Para cumplir con lo anterior, esta Judicatura determina que en ejecución de sentencia, juez de Distrito deberá investigar: a) A cuánto ascienden los ingresos que se obtuvieron de las multas por infracciones a lo dispuesto por la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. b) Si existieron indemnizaciones como consecuencia del ejercicio de la acción por daños al ambiente decretados por algún juez en sentencia respectiva, y a cuánto ascienden. c) A cuánto ascienden los ingresos por concepto del pago de derechos por el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias a que se refiere la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. d) Si existieron herencias, legados y donaciones a favor del Fideicomiso Ambiental a que se refiere la presente ejecutoria. e) Si existieron recursos destinados para el Fideicomiso Ambiental multirreferido en los presupuestos de egresos de la Federación y del Estado. f) Si existe algún otro recurso destinado al Fideicomiso Ambiental de que se trata, y su monto. Lo anterior, claro está, durante el periodo comprendido del 3 de abril de 2013 al 10 de septiembre de 2020. 1. El Gobernador y el Director del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, establecieron el Fideicomiso Ambiental a que se refiere el artículo 69 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, el cual quedo constituido 27785 ante la institución crediticia Banco del Bajío, sociedad anónima, institución de banca múltiple (autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo), lo cual quedo debidamente demostrado con el informe que remitió la citada autoridad vinculada al que anexa el documento del estado de cuenta del instrumento jurídico de marras, al que de primera instancia le fue depositado la cantidad de $29,009.05 (veintinueve mil nueve pesos, con cinco centavos). 2. Realizaron las gestiones necesarias para que al citado fideicomiso se le asignara los recursos que le correspondieron desde el 3 de abril de 2013, hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, a saber, el 10 de septiembre de 2020, y que se encuentran identificados en el artículo 71 de la multicitada Ley Ambiental para el Desarrollo Urbano del Estado de Colima. Para cumplir con lo anterior, este juzgado de Distrito investigó: a) A cuánto ascendieron los ingresos que se obtuvieron de las multas por infracciones a lo dispuesto por la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; para lo anterior, se vinculó como autoridad responsables al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y para tal efecto, después de varios requerimiento, remitió constancias certificadas del SPYF-DCN/085/2021 de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, informó de manera detalla y pormenorizada a cuanto ascendieron los ingresos que se obtuvieron de las multas por infracciones a lo dispuesto por la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 3 de abril del 2013 al 10 de septiembre de dos mil veinte; c) a cuánto ascendieron los ingresos por concepto del pago de derechos por el otorgamiento de autorizaciones, permisos y licencias a que se refiere la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable (en el mismo periodo); d) informó que no existieron herencias, legados y donaciones a favor del Fideicomiso Ambiental a que se refiere la presente ejecutoria; para todo lo anterior, dicha autoridad vinculada señaló que por todos los citados conceptos corresponde el total de ingresos la cantidad de $5,813,313.80 (cinco millones ochocientos trece mil trescientos trece pesos, con ochenta centavos). b) El Secretario General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima (en representación del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo) mediante oficio 557/2021, informó que durante el periodo 3 de abril del 2013 al 10 de septiembre de dos mil veinte, no existieron indemnizaciones como consecuencia del ejercicio de la acción por daños al ambiente decretados por algún juez en sentencia respectiva. e) El Jefe de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Colima, señaló que no existieron recursos destinados para el Fideicomiso Ambiental multirreferido en los presupuestos de egresos de la Federación y del Estado. f) El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Colima, indicó que no existió algún otro recurso destinado al Fideicomiso Ambiental de que se trata, y su monto. Todo lo anterior, durante el periodo comprendido del 3 de abril de 2013 al 10 de septiembre de 2020. Sí está cumplida. Sí está cumplida. Sí está cumplida. Sí está cumplida. Sí está cumplida. Sí está cumplida. De la tabla precedente se obtiene, que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. Sin que modifique las anteriores consideraciones, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el sentido de que la ejecutoria de amparo se encuentra indebidamente cumplida, en virtud de que de acuerdo a las respuesta que dio la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, mediante folios 00311920 y 00347920, de veintisiete de agosto de dos mil veinte y veintiuno de septiembre de la misma anualidad, a ***** (quien no tiene reconocida legitimación en el presente juicio de amparo), pues sumadas las cantidades ahí descritas arrojan un total de $5,922,722.08 (cinco millones novecientos veintidós mil setecientos veintidós pesos con ocho centavos, sin que de la misma se especifique hasta que data del año dos mil veinte fue realizado el corte de las cantidades ahí aludidas; lo anterior, en el sentido de enfatizar que los lineamientos dados por el Tribunal Colegiado de esta adscripción, en los efecto de la resolución que en este proveído se analiza su cumplimiento, fueron del tres de abril de dos mil trece al diez de septiembre de dos mil veinte, por lo que no irroga en detrimento del quejoso la discrepancia que existe entre lo allegado y que fue depositado en el fideicomiso 27785 constituido ante la institución crediticia Banco del Bajío, sociedad anónima, consistente en la cantidad de $5,813,313.80 (cinco millones ochocientos trece mil trescientos trece pesos, con ochenta centavos). De ahí que su alegación sea infundada. Por esa razón, debe señalarse que las autoridades responsables cumplieron cabalmente con los efectos de la ejecutoria de amparo, pues quedó cabalmente cumplida, en virtud que, el Gobernador Director del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ambos del Estado de Colima, siguieron las directrices siguientes: 1) establecieron el Fideicomiso Ambiental a que se refiere el artículo 69 de la Ley Ambiental para el Desarrollo, Sustentable del Estado de Colima con número 27785; 2) realizaron las gestiones necesarias y le asignaron los recursos que le correspondieron desde el tres de abril de dos mil trece, hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo, a saber, el diez de septiembre de dos mil veinte, para lo cual se le depositaron al citado fideicomiso las cantidades de $29,009.05 (veintinueve mil nueve pesos, con cinco centavos) y $5,813,313.80 (cinco millones ochocientos trece mil trescientos trece pesos, con ochenta centavos), que sumados arrojan un total de $5,842,322.85 (cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trecientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos); lo anterior, fue en atención a que este órganos de control jurisdiccional realizó la investigación correspondiente para así tener por constituido el fideicomiso y su debidos depósitos. Por lo tanto, se obtiene que las documentales certificadas aportadas por Gobernador Director del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ambos del Estado de Colima, de pleno valor probatorio, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser documental pública, resultan suficientes para determinar que en el caso ha lugar a tener por cumplida la ejecutoria de amparo, porque se constituyó el fideicomiso ambiental a que se refiere el artículo 69 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima y para tal efecto se le destinó el recurso que correspondió desde el tres de abril de dos mil trece, hasta la fecha en que se presentó la demandada de amparo, a saber, el diez de septiembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, visible en la página 243, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a), 21, inciso a), capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula el expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual el Jefe de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y, en su caso, al tercero interesado con el documento de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, corriéndoles al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibidas que de no desahogar la vista que se les da dentro del término que se les concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la Diputada de la LX Legislatura y Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, designa delegados. Al respeto, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad vinculada al cumplimiento.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual el quejoso ***** solicita que las notificaciones se realicen de manera electrónica al usuario que indica. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario "omunozm".
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