Octavio Muñoz Castillo
Expediente 956/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Octavio Muñoz Castillo
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de doce de diciembre de dos mil diecisiete,, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo acordó y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 956/2017-V, promovido por ***. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de este Juzgado, OCTAVIO MUÑOZ CASTILLO solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Tribunal y Actuario, ambos del Tribunal de Arbitraje Municipal, de quienes reclamó la falta de notificación y emplazamiento al juicio iniciado con motivo de la demanda que presentó el uno de febrero de dos mil diecisiete ante el Tribunal Municipal de Arbitraje, que ha motivado el retraso indefinido del suministro de justicia. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estimaron violados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el consecutivo 956/2017-V; se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la omisión que se atribuye a una autoridad administrativa y la demanda de amparo se presentó ante esta sede jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el impetrante reclama: La falta de suministro de justicia en los términos y plazos que fija la Ley Secundaria, Ley Federal del Trabajo y Código Administrativo del Estado de Chihuahua, pues no obstante haber presentado su demanda el uno de febrero de dos mil diecisiete, la parte demanda no ha sido emplazada a juicio. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal y el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario, adscrito a dicho órgano, convinieron en la existencia del acto reclamado; esto es, en la existencia de la demanda laboral radicada el veinticuatro de febrero del año en curso, bajo el número de expediente 39/17; de ahí que debe tenerse por cierta la existencia de la omisión que se le atribuyó. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de improcedencia. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En el caso, el suscrito considera que el informe justificado y de la documental anexa, enviada por las responsables, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de la materia, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque; haga que cese; o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales y, por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En su informe justificado el Presidente y el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario, adscritos al Tribunal de Arbitraje Municipal, en esta ciudad, enviaron copia certificada del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, mediante el cual radicó la demanda promovida por ***, del cual en el margen superior izquierdo se desprende que el veintisiete de noviembre pasado, emplazó a la parte demandada. Documentación que por ser pública se le confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. De esta manera se actualizó la citada causal de improcedencia, puesto que, como se advierte de autos la parte quejosa reclamó la denegatoria de Justicia por parte de las Responsables, al no constar la notificación y emplazamiento a juicio a la parte demandada. Luego, si a la fecha el Presidente y el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario, adscritos al Tribunal de Arbitraje Municipal, ya emplazaron a la parte demandada en el juicio de origen 39/2017; es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al hoy amparista en el goce del derecho violado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley. Apoya esta conclusión la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 956/2017-V, promovido por *** contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido conjuntamente por parte de las autoridades responsables, H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Juárez Chihuahua y Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje Municipal de Juárez Chihuahua; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.*arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por XXXX , contra actos de la H. Tribunal de Arbitraje Municipal de Juarez Chihuahua, y otra autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 956/2017-V. Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Sin que haya lugar a tener al quejoso ofreciendo como prueba de su parte la documental que refiere, toda vez que no fue anexada a su demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en amplios términos a los profesionistas que refiere, toda vez que se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.
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