Octavio Montez de la Vega

Expediente 945/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
945/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Octavio Montez de la Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VI.- Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que las partes a quienes pudiera causar perjuicio, no interpusieron el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; se declara que dicho auto ha causado estado. se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del diverso artículo 21, incisos a) y b), del referido acuerdo, este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental... En ese orden, archívese como asunto concluido el presente expediente, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, con la precisión que una vez que obren las constancias de notificación de este proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de marzo de dos mil veintiuno. El estado procesal de autos evidencia que por auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y, como complemento al mismo, remitió copia certificada del laudo del laudo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 1205/2017. Luego, del análisis de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se evidencia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. En efecto, el quejoso reclama la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral 1205/2017. Sin embargo, de la copia certificada remitida por la referida autoridad responsable, se advierte que el nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictó el laudo correspondiente en el expediente 1205/2017. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, así como en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. Así, se insiste, el quejoso reclama que la autoridad responsable fue omisa, al no emitir el laudo respectivo en el juicio laboral 1205/2017; sin embargo, como quedó precisado en párrafos precedentes, el Tribunal responsable ya emitió el referido laudo (nueve de febrero de dos mil veintiuno), en el expediente de origen, como quedó evidenciado de la copia certificada que anexó a su informe justificado la citada autoridad responsable. De lo que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; por tanto, el presente juicio de amparo es improcedente, pues, aun cuando al presentarse la demanda de amparo, existía el acto omisivo del que se duele el promovente de este juicio, aquél ha cesado; máxime que se ordenó notificar personalmente a las partes dicho laudo. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de una dilación, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho contenido en nuestra ley fundamental y, por ende, dictará el auto correspondiente, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, con número de registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, con número de registro 197367, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). De igual forma, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, se deja sin efectos por las consideraciones expuestas anteriormente. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita. Notifíquese; en los términos ordenados en el presente acuerdo; personalmente al quejoso y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de Dulcinea Judith González Gómez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. BUH/jcb En Toluca, Estado de México, a las nueve horas del 8/marzo/2021, el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, publicó en la lista de este órgano jurisdiccional, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este juicio de amparo, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente o por oficio, se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe. El (La) actuario (a). En 9/marzo/2021, surtió todos sus efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, conforme a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (La) actuario (a).

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo y la certificación de cuenta evidencian que la audiencia constitucional se encuentra fijada para celebrarse el día de la fecha; sin embargo, no será posible su desahogo, toda vez que por acuerdo de diecinueve de febrero último se reanudó la tramitación del presente juicio de amparo y se ordenó notificar a las partes dicha determinación, sin que obre en autos la constancia de notificación relativa al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Otzolotepec, Estado de México. En tal contexto, a fin de no violar las leyes del procedimiento que rigen el presente juicio, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, para su verificativo. En ese sentido, se comunica a las partes que para el caso de querer comparecer físicamente a dicha audiencia, deberán agendar la cita correspondiente en términos de los previsto en el artículo 6°, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; apercibidos que de no hacerlo, su acceso al inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional en el día y hora señaladas, no estará permitido. En la inteligencia, que sólo se permitirán las alegaciones verbales en tratándose de los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que en cualquier caso puedan formularlos por escrito. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, por medio del cual remite copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral de origen 1205/2017, de su índice. En ese sentido, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida y admitida la prueba documental ofrecida por la responsable, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita. Notifíquese; en los términos indicados en la presente determinación. Así lo acordó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    I.- se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, de autos se aprecia que el quince de diciembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidas las constancias de las responsables remitidas en justificación de sus actos; sin embargo, las mismas fueron remitidas en copias simples razón por la cual, este Juzgador no puede darles valor probatorio alguno; por tanto, con la finalidad de proveer lo que a derecho corresponda con las constancias enviadas por la responsable como complemento a su informe justificado; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de la materia, se requiere a Félix Ortega Bautista, Ex Director de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Turno Matutino (ubicado en la Comunidad de Dolores Hidalgo, Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México) de la Supervisión Escolar de la Zona 011 de la Subdirección de Educación Primaria Regional Atlacomulco Sector Número V, Zona Escolar 011, San Felipe del Progreso de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) de la Secretaría de Educación del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que tome conocimiento de dicha determinación, remita a este Juzgado de Distrito copias debidamente certificadas de las constancias que acompañó al informe mencionado en líneas que anteceden. Con apercibimiento . Por tanto, para dar margen a que se cumpla con lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia, se fijan las diez horas con veinticinco minutos del ocho marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe de ser de manera personal al quejoso, porque dicha notificación le permite tener conocimiento de la misma, no menos cierto resulta que mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, se le tuvo como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones, incluso las de carácter personal, la lista que se publica en este juzgado, por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.

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