Octavio Joan Barragan González

Expediente 255/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
255/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
13/12/2017

Partes del expediente

  • Octavio Joan Barragan González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El trece de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del ocho al doce de diciembre del año en curso. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales que ameritan la devolución a las partes. De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión; y que no se exhibieron billetes de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer sobre su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 42 a 47), este juzgado concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital: Dejara insubsistente: La audiencia de formulación de imputación celebrada el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal 25/2017; y, La resolución de vinculación a proceso emitida el catorce de ese mes y año. Señalara en breve término nuevamente hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación, lo que debería notificar oportunamente a las partes, requiriendo al imputado para que se asistiera por persona que acreditara ante su instancia contar con cédula que lo faculte para ejercer profesión de abogado; y de no poder designar uno particular, deberá designarle un defensor de oficio que cuente con los conocimientos técnicos en el nuevo sistema penal. Una vez realizado lo anterior, resolviera con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda. Inconforme con tal determinación las terceros interesadas Sendy Contreras Gálvez, en representación de José Manuel Morales García, y la licenciada Lavinia Escobedo Quiñonez, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta número Cuatro del distrito judicial de la capital interpusieron recurso de revisión (fojas 62 y 68). En ejecutoria de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito confirmó la sentencia recurrida (fojas 150 a 162). De lo anterior se sigue que el efecto principal de la concesión de amparo se integró por el hecho de que se repusiera el procedimiento a efecto de que en la audiencia de formulación de imputación se verificara que el quejoso contaba con una defensa técnica adecuada, lo cual debería estar debidamente plasmado en la audiencia. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, mediante oficio 2716 recibido el trece de noviembre de la presente anualidad, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital (foja 167) remitió el audio y video de las audiencias de diez y trece de noviembre de la presente anualidad, correspondientes a la de formulación de imputación y vinculación a proceso, mediante las cuales en lo conducente: Dejó insubsistente las audiencias celebradas el ocho y catorce de febrero de la presente anualidad, dentro de la causa penal 25/2017 relativas a la imputación y vinculación a proceso (minuto 2:47); Señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación, la que se desahogo el diez de noviembre de la presente anualidad, en la que manifestó ser notificada oportunamente a las partes, como lo asentó en minuto 1:52 de la mencionada audiencia; Abierta la audiencia, se requirió al quejoso Octavio Joan Barragán González para que designara defensor particular el cual debería acreditar contar con cédula profesional de abogado (minutos 06:46), por lo que designó con tal carácter a Vicente García Rentería (cédula 1339361) (minuto 07:08) y a Julio Octavio Hernández Mercado (cédula 5979536) (minuto 07:25); y se asentó el hecho de que las cédulas de los profesionales en derecho se encontraban debidamente registradas ante ese órgano jurisdiccional como en el Registro Nacional de Profesiones. Así también, en la audiencia de vinculación a proceso, el inculpado aquí quejoso designó diverso defensor público a Roberto Jiménez Estrada (cédula 6414269) (minuto 02:08), y se asentó el hecho de que la cédula profesional descrita se encuentra debidamente registrada ante dicha instancia, así como en el Registro Nacional de Profesiones. Siguiendo las audiencias con su trámite legal. De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable verificó que las personas que designó el inculpado Octavio Joan Barragán González, son profesionales en derecho y que cuentan con cédulas debidamente registradas ante esa instancia y en el Sistema Nacional de Registro de Profesiones, con lo que restituyó al quejoso en el goce de sus derechos. No obstante, el veintitrés de noviembre de la presente anualidad, al no encontrarse cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, se requirió al juez responsable para que: En continuación de la audiencia de vinculación a proceso natural, determinará insubsistente las determinaciones posteriores a que declaró la vinculación a proceso del quejoso; Con plenitud de jurisdicción, proveyera lo conducente, sobre las etapas subsecuentes a la declaración citada, sobre la base de que la subsistencia de las determinaciones que se habían emitido con anterioridad a la ejecutoria de amparo, posteriores a la vinculación a proceso reclamada, no fue decretada en el fallo concesorio, sino que los efectos de éste implican la reposición del procedimiento en su totalidad. En cumplimiento a lo anterior, la Juez de Control del distrito judicial de la capital, mediante oficio C/249, recibido en este juzgado el cuatro de diciembre de la presente anualidad, remitió copias certificadas del acuerdo de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, así como del audio y video de la audiencia de uno de diciembre de la presente anualidad. Del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, emitió por el juez responsable, se desprende que: Se dejaron sin efecto las determinaciones posteriores a la vinculación a proceso reclamada (plazo de cierre de investigación e imposición de medida cautelar, cierre de investigación complementaria y acusación); y se fijaron las once horas del uno de diciembre de la presente anualidad, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia respectiva. Respecto de la audiencia de uno de diciembre de dos mil diecisiete, se determinó dar cumplimiento al inciso b) del requerimiento de veintitrés de noviembre de la presente anualidad, por lo que el juez responsable dio continuidad a la audiencia en lo relativo a las resoluciones posteriores a la vinculación a proceso (minuto 04:39), continuando con la audiencia y fijando un plazo de tres meses para el cierre de instrucción (minuto 13:44). Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, pues se repuso el procedimiento desde la audiencia de imputación y se verificó que la defensa del quejoso fuera técnica y adecuada. Sin que el sentido de las determinaciones emitidas pueda ser materia de análisis en el presente cumplimiento, pues se otorgó con plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, por lo que sólo bastaba para dicho acatamiento que se repusiera el procedimiento en los términos destacados. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  2. Principal

    El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el oficio registrado bajo el número 16056.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y remite copia certificada del auto de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad y un disco de audio y video de la audiencia celebrada el uno del mes y año en curso; por tanto, con apoyo en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional, resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  3. Principal

    El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el secretario CERTIFICA: El término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo transcurrió del diecisiete al veintidós del mes y año en curso. Doy fe En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. Mediante sentencia de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (foja 42), este juzgado concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital: Dejara insubsistente: La audiencia de formulación de imputación celebrada el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la causa penal 25/2017; y, La resolución de vinculación a proceso emitida el catorce del ese propio mes y año. Señalara en breve término nuevamente hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación, lo que debería notificar oportunamente a las partes, requiriendo al imputado para que se asistiera por persona que acreditara ante su instancia contar con cédula que lo faculte para ejercer profesión de abogado; y de no poder designar uno particular, debería designarle un defensor de oficio que contara con los conocimientos técnicos en el nuevo sistema penal. Una vez realizado lo anterior, resolviera con plenitud de jurisdicción lo que en derecho correspondiera. Inconforme con tal determinación las terceros interesadas Sendy Conteras Gálvez, en representación de José Manuel Morales García, y la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Mixta número Cuatro del distrito judicial de la capital interpusieron recurso de revisión (fojas 62 y 68). En ejecutoria de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito confirmó la sentencia recurrida (fojas 150 a 162). De lo anterior se sigue que el efecto principal de la concesión de amparo se integró por el hecho de que se repusiera el procedimiento a efecto de que en la audiencia de formulación de imputación se verificara que el quejoso contaba con una defensa técnica adecuada, lo cual debería estar debidamente plasmado en la audiencia. Lo anterior implica que se determinó la insubsistencia de la totalidad de las actuaciones que se realizaron en la causa penal natural, porque al haberse considerado que no existía certeza de que el quejoso tuvo una defensa técnica adecuada desde la formulación de la imputación no tendría sentido que las determinaciones posteriores a la vinculación a proceso subsistieran, al poder variar éstas en función de la defensa que se presentara y lo que se decidiera de nueva cuenta con base en ella; además, se declaró que la autoridad responsable contaría con plenitud de jurisdicción para resolver lo que legalmente correspondiera, lo que envuelve que no se determinó el sentido en el que debía resolver y, por ende, que la decisión que se tomara podía ser distinta de la que originalmente se había emitido. Máxime que sería un contrasentido considerar que la insubsistencia de la resolución de vinculación y de la imputación inicial no conllevara la ineficacia de las actuaciones posteriores, pues implicaría prejuzgar el sentido en que se resolvería tal etapa procesal, lo que, se insiste, no es posible al haberse otorgado plenitud de jurisdicción. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, mediante oficio 2716 recibido el trece de noviembre de la presente anualidad, el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital (foja 167) remitió el audio y video de las audiencias de diez y trece de noviembre de la presente anualidad, correspondientes a la de formulación de imputación y vinculación a proceso, mediante las cuales en lo conducente: Dejó insubsistente las audiencias celebradas el ocho y catorce de febrero de la presente anualidad, dentro de la causa penal 25/2017 relativas a la imputación y vinculación a proceso (minuto 2:47); Señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia de formulación de imputación, la que se desahogo el diez de noviembre de la presente anualidad, en la que manifestó ser notificada oportunamente a las partes, como lo asentó en minuto 1:52 de la mencionada audiencia; Abierta la audiencia, se requirió al quejoso Octavio Joan Barragán González para que designara defensor particular el cual debería acreditar contar con cédula profesional de abogado (minutos 06:46), por lo que designó con tal carácter a Vicente García Rentería (cédula 1339361) (minuto 07:08) y a Julio Octavio Hernández Mercado (cédula 5979536) (minuto 07:25); y se asentó el hecho de que las cédulas de los profesionales en derecho se encontraban debidamente registradas ante ese órgano jurisdiccional como en el Registro Nacional de Profesiones. Así también, en la audiencia de vinculación a proceso, el inculpado aquí quejoso designó diverso defensor público a Roberto Jiménez Estrada (cédula 6414269) (minuto 02:08), y se asentó el hecho de que la cédula profesional descrita se encuentra debidamente registrada ante dicha instancia, así como en el Registro Nacional de Profesiones. Sobre esa base, se determinó la vinculación a proceso del quejoso. En relación con la duración del plazo de cierre de investigación complementaria solicitado por la fiscalía, la juez consideró, en esencia, que los efectos de la ejecutoria eran únicamente dejar sin efecto las audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, a efecto de verificar que la defensa contara con la capacidad técnica adecuada para llevar el proceso, sin que se hubiera determinado que las actuaciones posteriores a la vinculación quedaran sin efecto, por lo que se encontraban vigentes el plazo de investigación que había sido determinado e, incluso, ya existía una acusación formal por parte de la representación social (1:50:00); lo que reiteró al resolver el recurso de revocación que interpuso la defensa sobre tal consideración, además que, consideró, en la etapa de investigación el quejoso ya había contado con un defensores que acreditaron ser Licenciados en Derecho (1:52:40) De lo expuesto se sigue que la autoridad responsable verificó que las personas que designó el inculpado Octavio Joan Barragán González, son profesionales en derecho y que cuentan con cédulas debidamente registradas ante esa instancia y en el Sistema Nacional de Registro de Profesiones, con lo que restituyó al quejoso en el goce del derecho a una defensa técnica adecuada. No obstante, tal como lo refiere la parte quejosa al contestar la vista del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estimó subsistentes las actuaciones posteriores a la vinculación a proceso que constituyó el acto reclamado, lo que no acata en su totalidad los efectos de la ejecutoria de amparo, pues, como se destacó, se determinó la reposición del procedimiento, lo que implicaba la insubsistencia de dichas actuaciones y, por ende, excluye que se hubieran determinado vigentes en acatamiento del fallo concesorio de amparo. Es así, porque, se reitera, en la ejecutoria en análisis se determinó la insubsistencia de las actuaciones relativas a la imputación y vinculación a proceso de la causa de origen y se concedió plenitud de jurisdicción para que se decidiera lo conducente, por lo que resulta indudable que al haberse repuesto el procedimiento para que se decidiera de nueva cuenta la situación jurídica del amparista no podían quedar subsistentes las actuaciones posteriores, pues éstas dependen directamente de aquélla. Por tanto, contrariamente a lo considerado, al no haberse determinado que subsistían tales actuaciones debía atenderse a la naturaleza de la violación materia de la concesión de amparo y a los efectos implícitos en ésta y, sobre esa base, volver a determinar lo que legalmente correspondiera, tomando en cuenta, se insiste, que se otorgó plenitud de jurisdicción y no se estableció lineamiento alguno sobre tal aspecto, al estar supeditado al resultado de las audiencias cuya insubsistencia se ordenó. Sostener lo contrario implicaría estimar que la concesión de amparo simplemente se otorgó para que se cumpliera formalmente con el derecho de defensa adecuada, sin que hubiera sido posible variar el sentido de las determinaciones, lo que no se determinó en la especie. De ahí que, pese a que se consideró resolver la situación jurídica del quejoso en el mismo sentido que en el acto reclamado, ello no puede generar la subsistencia de las actuaciones posteriores a éste, porque fueron emitidas con anterioridad a la nueva determinación y conllevaría dividir el proceso natural en dos momentos; máxime que pese a que en la etapa de investigación complementaria el quejoso hubiera tenido una defensa técnica adecuada, lo cierto es que desde la imputación no la tuvo la protección más amplia de tal prerrogativa conlleva que desde un inicio tenga dicha defensa, lo que permite que en las fases subsecuentes pueda desenvolverse integralmente tal protección, al conocerse de manera completa las determinaciones previas. Por tanto, la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en su totalidad y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días dé cumplimiento a tal resolución en particular: a) En continuación de la audiencia de vinculación a proceso natural, determine insubsistente las determinaciones posteriores a que declaró la vinculación a proceso del quejoso; y, b) con plenitud de jurisdicción, provea lo conducente, sobre las etapas subsecuentes a la declaración citada, sobre la base de que la subsistencia de las determinaciones que se habían emitido con anterioridad a la ejecutoria de amparo, posteriores a la vinculación a proceso reclamada, no fue decretada en el fallo concesorio, sino que los efectos de éste implican la reposición del procedimiento en su totalidad. Apercibida de que, de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

  4. Principal

    El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el escrito registrado bajo el número 15439.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por Roberto Jiménez Estrada, autorizado del quejoso, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, resérvese acordar en cuanto a su contenido hasta en tanto transcurra el término dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza. Doy fe. Jessy*

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