OCTAVIO JESÚS ESTRADA MORENO y Otros.

Expediente 1615/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1615/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • OCTAVIO JESÚS ESTRADA MORENO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Firmeza del auto de desechamiento de la demanda. Visto; de la certificación de cuenta se advierte que se hizo constar que la parte quejosa no impugnó el auto de trece de diciembre del año en curso en que se desechó la demanda de amparo, interpuesta por María Magdalena Flores Quintero y Octavio Jesús Estrada Romero. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto causó estado. Archivo del expediente. En razón de lo anterior, archívese este juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Radicación. Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo indirecto que suscriben María Magdalena Flores Quintero y Octavio Jesús Estrada Romero, contra actos que atribuyen al Juez Primero de lo Mercantil de esta ciudad de Colima. Formación de expediente, registro y seguimiento. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número 1615/2017-I. Dese seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). ( Análisis de la demanda. De la lectura de la demanda de amparo se obtiene que la quejosa reclama el auto de fecha veintisiete de octubre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio civil hipotecario con clave única de identificación de expediente 09-0179-111C, del índice de dicha autoridad; así como su antecedente de auto de fecha cinco de Agosto del mismo año. ( Desechamiento de la demanda. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXIII, y 107, fracciones IV, V y VI, en sentido contrario, de la Ley de Amparo: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" De la intelección de los anteriores preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede: Contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, cuando no formen parte del procedimiento de ejecución de sentencia. Esto es así, porque tales actos gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ejemplo de este tipo de actos serían el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida una condena. Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Cabe puntualizar que esta regla opera respecto de actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Con relación a esta última aseveración, se cita la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala del Alto Tribunal consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 60, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Sobre esta última regla importa destacar que cuando en la etapa de remate del juicio sólo se hubiera emitido la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, sin que se hubiera pronunciado la que ordena la entrega del bien rematado o viceversa, el juicio de amparo resultará improcedente, pues es necesario que se decreten ambas determinaciones, aunque sea en actuaciones distintas. Sustenta esta consideración la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primer Sala, con registro 2011474, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Cabe apuntar que el Alto Tribunal matizó las reglas de procedencia descritas en los incisos b) y c), pues consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictado dentro de la fase de ejecución o de remate que afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso, de manera que no es necesario que éste espere a que se dicte la última resolución en esos procedimientos. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de dos mil once, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este caso de excepción, el juzgador debe verificar si se cumplió con el principio de definitividad, como condición para la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos de imposible reparación dictados en ejecución de sentencia y en la fase de remates. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de dos mil doce, tomo 1, página 729, cuyos rubro y texto son: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En caso de reclamarse en amparo indirecto un acto de imposible reparación en la etapa de ejecución de sentencia (lato sensu) y de ser procedente algún recurso ordinario en su contra, el juicio de amparo será procedente (excepción a la excepción) cuando: El quejoso sea tercero extraño a la controversia; o bien, Impugne la constitucionalidad de una norma de observancia general. Ahora bien, de la transcripción del acto reclamado y de los antecedentes que manifiesta la quejosa bajo protesta de decir verdad se desprende que la resolución reclamada, misma que derivó del auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio civil hipotecario con clave única de identificación de expediente 09-0179-111C, del índice de dicha autoridad, el que la parte quejosa, tienen la calidad de deudor respecto del inmueble hipotecado, por tanto, no se surte la excepción referida con antelación, esto es, que la parte quejosa sea tercera extraña a la controversia de origen, ya que en la fecha precisada se incorporó el procedimiento en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la tesis IV.3o.8 C, publicada en la página cuatrocientos sesenta y dos, Tomo III, Abril de 1996, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REMATE. TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE TAL CARACTER EL ACREEDOR DEL DEMANDADO CUANDO ES LLAMADO A JUICIO. No puede ostentarse como tercero extraño al procedimiento el acreedor del demandado, cuando éste es llamado con ese carácter, despojándole así de la calidad de tercero extraño, en virtud de que, conforme a los artículos 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles, tiene a su favor el derecho de intervenir en el avalúo y subasta de los bienes embargados, debiendo entenderse que la incorporación al procedimiento le faculta para oponer los medios de defensa necesarios para controvertir las determinaciones que afecten el interés que le asiste." Asimismo, es ilustrativo a lo anterior, la tesis número IV.3º.T.268 L, publicada en la página dos mil treinta y uno, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. EL ACREEDOR CITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR APARECER EN UN CERTIFICADO DE GRAVÁMENES RESPECTO DE UN INMUEBLE EMBARGADO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO SI SE AFECTAN SUS DERECHOS. Del artículo 968 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que, tratándose de bienes inmuebles embargados en el procedimiento, un acreedor diverso del ejecutante tiene una connotación especial como sujeto procesal, puesto que es aquel que aparece en el certificado de gravámenes con un derecho constituido a su favor respecto del bien inmueble embargado en el juicio. En este sentido, aun cuando el citado acreedor no forme parte de la relación procesal en el juicio principal, en términos del precepto 689 de la citada ley, su intervención en la etapa ejecutiva, por virtud de la citación practicada para que haga valer sus derechos, lo incorpora como parte advenida en dicha etapa, puesto que su derecho forma parte de los que serán dilucidados en ésta. Por tanto, si tal acreedor es afectado en sus derechos por los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados por las Juntas en la ejecución de los laudos, tiene legitimación para interponer en su contra el recurso de revisión a que alude el artículo 849 del código laboral, por ser el medio previsto en éste para obtener su resarcimiento." Por otro lado, en lo atinente a la diversa excepción expuesta, tampoco es de actualizarse, ya que la parte quejosa sólo reclama la resolución de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio civil hipotecario con clave única de identificación de expediente 09-0179-111C, del índice del juez natural, y no la inconstitucionalidad de alguna norma de carácter general; por tanto, en el presente asunto no se materializa alguna excepción referente a actos de imposible reparación que legitime a la parte quejosa a la promoción de juicio de amparo. Con relación a este último punto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 101/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, página 97, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO ESTADO. En la impugnación de una ley, en amparo ante Juez de Distrito, con motivo de una resolución dictada dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció la jurisprudencia No. 29/96, que previene que tal vía extraordinaria de defensa sólo procede contra la última resolución que se dicte y que ponga fin al procedimiento de ejecución, pero tal criterio tiene relación con el procedimiento de ejecución de una sentencia que ya causó ejecutoria y no con los actos de ejecución de una sentencia que se encuentra sub júdice; de modo que cuando se combata una disposición legal, porque permite la ejecución de un fallo que no ha causado ejecutoria, el juicio de garantías es procedente." Una vez establecidas las reglas y excepciones relativas a la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos dictados después de concluido el juicio natural y en la etapa de ejecución de sentencia, se procede a determinar en qué supuesto se ubican los actos reclamados materia de análisis. De acuerdo al acto reclamado y análisis de la demanda, se estima que el acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio civil hipotecario con clave única de identificación de expediente 09-0179-111C, del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil de esta ciudad capital, en la cual se ordena sacar a remate el bien inmueble hipotecado, a virtud del incumplimiento del convenio celebrado en el juicio de origen, el cual fue elevado a categoría de sentencia ejecutoriada, entre los ahora quejosos con la parte actora, dentro del juicio especial hipotecario del índice del juez mercantil aludido, no constituye la última resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Por tanto, el auto del cual deriva la resolución reclamada, no puede ser catalogado como la última determinación que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, que exige el numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ya que hasta este momento sólo se ordena sacar a remate, en primera almoneda, el bien inmueble, pero no se ha ordenado el otorgamiento de la escritura del mismo, por lo que el acto reclamado no se ubica en la regla genérica de procedencia señalada con antelación, en razón de que resulta indispensable que concurran las dos determinaciones (sin importar si se dictan en dos momentos diferentes), esto es, la determinación que en forma definitiva otorgue las escrituras y se ordene la entrega del bien rematado; por tanto, el juicio de amparo deviene improcedente. Lo anterior, no es óbice para que una vez que se dicte en forma definitiva el auto que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, la parte quejosa promueva el juicio de amparo respectivo, pues hasta ese momento procesal podrá reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa y que trascendió al resultado de la resolución Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que se no se podría desvirtuar la naturaleza y los efectos de carácter procesal que el acto reclamado origina. Por tanto, el amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracciones IV, V y VI, de la ley de la materia, interpretadas en sentido contrario. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.

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