Octavio Herrera Hernandez

Expediente 1035/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1035/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Octavio Herrera Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por medio del cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el tres de mayo de dos mil diecinueve, en el toca 7/2019, formado con motivo de la inconformidad interpuesta por la parte quejosa en contra del auto de trece de marzo de dos mil diecinueve (en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, -fojas 138 a 140-), misma que en su primer punto resolutivo determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Es infundado el recurso de inconformidad. (.)" En consecuencia, glósense a los presentes autos únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la inconformidad interpuesta; acúsese el recibo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la llegada del testimonio de mérito. Además, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, del estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que la autoridad responsable agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Cuarto Turno, con sede en Tepeaca, no ha acusado recibo del oficio 38.1 del índice de este juzgado de veinte de febrero de dos mil diecinueve, con el que se le devolvió la documental que anexó en apoyo a su informe justificado, con la que se formó el anexo I, consistente en el original de la averiguación previa 1342/2016/TEPEA de su índice; en tales condiciones, requiérasele por última ocasión a la citada autoridad para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo de la documental descrita. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto contra el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; y lo registró con el número 7/2019 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por Héctor Herrera Delgado, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 138 a 140), emitido en los autos del juicio de amparo 1035/2018. En tal virtud, distribúyase entre las partes copia del escrito de cuenta; y, con fundamento en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo y, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre del referido año), del que se desprende que corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de ese medio de impugnación; dentro del término de veinticuatro horas siguientes a que se notifique este proveído a todas las partes en el presente sumario constitucional, remítanse los autos originales de este juicio de amparo, junto con un tomo de prueba, el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito para la sustanciación del recurso aludido. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 13 DE marzo DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado al quejoso Octavio Herrera Hernández y a la tercera interesada Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria "Profesor Filiberto Quiroz", por conducto de su representante, mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Cuarto Turno, con sede en Tepeaca (actualmente Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana con residencia en Tepeaca, Puebla) a la sentencia de amparo; desahogando dicha vista únicamente la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 70 a 87), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "(.) Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo para el efecto de que una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento dentro del plazo establecido para tal efecto, a la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Cuarto Turno, con sede en Tepeaca, única y exclusivamente en cuanto al indiciado Octavio Herrera Hernández, realice lo siguiente: 1. Determine, de acuerdo a la naturaleza del delito denunciado, si procede o no continuar integrando la averiguación previa citada, a efecto de recabar más elementos de convicción para decidir si ejerce la acción penal correspondiente, o determine lo procedente. En caso de que decida continuar con la investigación, precisará qué pruebas debe recabar o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación y obtención. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue y determine la indagatoria, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.) 2. En el supuesto que decida, que no resulta necesario recabar más pruebas para continuar la integración de la averiguación previa, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal, analizando desde luego la figura de la prescripción. (.)" (Fojas 85 vuelta y 86). En acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 98 a 100), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento al fiscal responsable. En tales condiciones, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana con residencia en Tepeaca, Puebla, mediante oficios números 198/2019 y 199/2019 de veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 109 a 126), remitió copia certificada de la resolución pronunciada el doce de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 1342/2016/TEPEA de su índice. Documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Una vez analizado el material probatorio recabado en la averiguación previa 1342/2016/TEPEA, determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de la mencionada indagatoria y su consecuente archivo definitivo. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. No se soslaya que la resolución con la que se tuvo por cumplido el fallo amparador, fue dictada antes de que aquél quedara firme; sin embargo, como se destacó en auto de veintiocho de febrero pasado (fojas 127 y 28), haber ordenado que dicha determinación se dejara insubsistente, hubiera implicado obligar a la responsable a dictar otra resolución igual a la emitida pero con fecha posterior, cuestión que habría resultado ociosa y que, lejos de generar un beneficio al quejoso, hubiese provocado una dilación en la impartición de justicia; máxime que el procedimiento de origen no se encontraba suspendido, por lo que el representante social se encontraba facultado y obligado para seguir actuando en la indagatoria natural. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. CUANDO SE DESECHA POR IMPROCEDENTE NO OPERA EL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2011, DE RUBRO: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE."(*). De la jurisprudencia citada deriva que en caso de que la autoridad responsable hubiese dictado un laudo o una sentencia en cumplimiento de un fallo constitucional que no es definitivo por haberse interpuesto en su contra el recurso de revisión, al resolverse éste deberá dejarse insubsistente tal laudo o sentencia. Sin embargo, dicha jurisprudencia no cobra vigencia en los casos en los que el recurso de revisión se declara improcedente, ya que la situación jurídica creada por la sentencia de amparo no se verá modificada. En este sentido, el hecho de dejar insubsistente el laudo o la sentencia reclamada, lo único que ocasionaría es obligar a la autoridad responsable a dictar otra resolución igual a la emitida, cuestión que resultaría ociosa y que, lejos de generar un beneficio al quejoso, provocaría una dilación en la impartición de justicia. En congruencia con lo anterior, cuando el recurso de revisión se declara improcedente, resulta innecesario dejar insubsistente el laudo o la sentencia." Finalmente, no se inadvierten las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito presentado en este juzgado de Federal, el once de marzo del año en curso, en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria constitucional, pues esencialmente refiere que: a) La autoridad responsable no remitió la constancia de notificación realizada a la parte ofendida -aquí tercera interesada- de la resolución dictada el doce de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la averiguación previa 1342/2016/TEPEA de su índice; lo que, según refiere, lo deja en estado de indefensión por no saber si la referida determinación fue impugnada o no; y b) La representación social no estudió la prescripción de la acción penal, como le fue ordenado en los efectos de la ejecutoria constitucional. Al respecto, debe indicarse que tales alegaciones resultan inoperantes, por las razones siguientes: En relación a la especificada en el inciso a), no forma parte de los efectos del fallo protector, en virtud que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional se delimitaron en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se situó dicho acto dentro del procedimiento de origen; máxime que, contrario a lo que refiere, el quejoso sí tiene el carácter de indiciado en la averiguación previa de origen, por lo que nada le impide tener acceso a las actuaciones que la integran y dar seguimiento a la secuela procesal. Atinente a la manifestación precisada en el inciso b), este órgano jurisdiccional no podría imponer al fiscal responsable el estudio de la prescripción de la acción persecutoria, si previo a ello, éste determinó que existe atipicidad de la conducta; por tanto, al no existir un delito que investigar, no podría existir la prescripción de la facultad investigadora..."

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