Octavio Gonzalez Luevanos
Expediente 806/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Octavio Gonzalez Luevanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
se notifica por lista al quejoso:Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación del Estado de Coahuila, con sede en esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79-A, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de ocho de mayo de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con números de referencias 758401722 y 758401713. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al quejoso las cantidades que enteró en los referidos recibos, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por cada inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional); así como el cobro proporcional que con base en dicha tarifa se calculen las contribuciones accesorias relativas al fomento a la educación y seguridad y el impuesto adicional; cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas. Sin que deba devolverse el importe que aparece en el citado recibo como "CEPROFI" (certificado de promoción fiscal), ya que no fue pagado por el quejoso por tratarse de estímulos fiscales, en términos del numeral 38, fracción III, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila". De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad devolvió a la parte quejosa la cantidad de $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) mediante cheque expedido a su nombre y desincorporó de la esfera de la parte quejosa los artículos objeto de la protección constitucional. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que los primeros no se exhibieron en el juicio de amparo en que se actúa, ni se ordenó la apertura del incidente de suspensión respectivo. ...
- Principal
se notifica por lista al quejoso: Por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento que ha dado a la ejecutoria de amparo. Al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que remite copia del cheque 0012894, en favor del quejoso Octavio González Luevanos, por la cantidad de ... lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario otorgarle vista a la parte quejosa, con citado oficio; en virtud de que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se le corrió traslado con un oficio en el mismo sentido; por lo que aún se encuentra transcurriendo el término, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que la autoridad responsable, informa únicamente sobre la entrega del citado cheque; sin embargo, la protección constitucional también se concedió a la quejosa para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica, los artículos 79-A, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, remita copias certificadas y legibles de la determinación en la que expresamente desaplique en lo presente y en lo futuro al quejoso Octavio González Luevanos, respecto de los artículos 79-A, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Con el apercibimiento de ser omiso sobre el particular, en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y de actualización, por la cantidad de ... En la inteligencia de que la responsabilidad en que se incurre por desacato al fallo constitucional, perdura durante el tiempo que dure en el encargo y subsiste aun cuando ya no esté en funciones, pudiendo ser enjuiciado por ese motivo, aunque hubiere dejado el encargo, por omitir cumplir la ejecutoria o cumplirla de manera extemporánea, en términos del numeral 195 de la Ley de Amparo, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 60/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, consultable en la página 7, de la Décima época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso. Agréguese a sus antecedentes el oficio remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que remite copia del cheque... Al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que la autoridad responsable, informa únicamente sobre la entrega del citado cheque; sin embargo, la protección constitucional también se concedió a la quejosa para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica, los artículos 79-A, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, remita copias certificadas y legibles de la determinación en la que expresamente desaplique en lo presente y en lo futuro al quejoso ******************** respecto de los artículos 79-A, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Con el apercibimiento de ser omiso sobre el particular, en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y de actualización, por la cantidad de ********************, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 258 en relación con el 192 y 193 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil dieciocho, asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la ley reglamentaria, esto es, se abrirá el incidente de inejecución, según lo dispone la jurisprudencia 1ª./J./58/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal". En la inteligencia de que la responsabilidad en que se incurre por desacato al fallo constitucional, perdura durante el tiempo que dure en el encargo y subsiste aun cuando ya no esté en funciones, pudiendo ser enjuiciado por ese motivo, aunque hubiere dejado el encargo, por omitir cumplir la ejecutoria o cumplirla de manera extemporánea, en términos del numeral 195 de la Ley de Amparo, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 60/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, consultable en la página 7, de la Décima época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
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