Octavio Genaro Juárez Badillo

Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
90/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Octavio Genaro Juárez Badillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, comunicando mediante oficio, el auto de dieciséis de mayo de este año, mediante el cual acusa recibo del escrito de agravios, el juicio de amparo original 90/2023-II y un tomo de pruebas, asimismo, comunica que admitió a trámite el recurso de revisión 61/2023, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el auto del doce de mayo del año en curso, emitido en el recurso de revisión 61/2023, del que se desprende en la parte conducente que acusa recibo del oficio dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el que se pidió turno para la substanciación del citado medio de impugnación. Ahora bien, dado que en auto del veintiuno de febrero de este año, se autorizó la consulta y notificación vía electrónica al usuario proporcionado por la parte tercero interesada *********, sociedad anónima de capital variable; en obvio de mayores dilaciones, se ordena notificar vía electrónica a la moral tercero en cita, la sentencia con engrose al veinte de abril del año en curso, para los efectos legales conducentes. Una vez realizada dicha diligencia, remítase vía interconexión la constancia respectiva al tribunal revisor. Finalmente, hágase de su conocimiento que el once de mayo del año en curso, mediante oficio 8823/2023, se remitió el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, con un tomo de pruebas y el original y copia del escrito de agravios, como se desprende de la constancia respectiva. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. "V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 90/2023-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco. SEGUNDO. Con fecha dos de diciembre de dos mil veintidós el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, radicó la demanda de trato bajo el número de expediente 1389/2022-IV de su índice, la cual una vez cumplimentadas las prevenciones que le fueron formuladas, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la misma; se solicitó su informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Por acuerdo de veinticinco de enero del año que transcurre, de conformidad con los arábigos 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado homólogo remitió los autos originales de su amparo indirecto 1389/2022-IV y un tomo de pruebas a este Juzgado de Distrito, aludiendo al conocimiento previo emanado del diverso expediente 1054/2022-VI de nuestro índice; siendo así que por auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente 1054/2022-VI, éste Juzgado de Distrito aceptó el conocimiento del asunto en mención y ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. CUARTO. En data treinta de enero de dos mil veintitrés, se recibió la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, misma que se radicó bajo el número 90/2023-II, y una vez cumplimentadas las prevenciones que le fueron hechas, por auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la misma, convalidándose en el acto las actuaciones relativas al expediente 1389/2022-IV; se dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad residente dentro del territorio en el que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados consisten en; De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco: La falta de ejecución total del laudo emitido el quince de junio de dos mil dieciocho dentro del expediente laboral J1/349/2005, mismo que fue dictado en términos de lo precisado por la ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, en el amparo directo ********************. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que así lo reconoció la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, en el informe justificado rendido en autos, y se corrobora con las documentales que al mismo acompañó; documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, del Apéndice al semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el texto y rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. A mayor entendimiento, se procede a establecer los antecedentes que juicio de este juzgador, resultan relevantes al caso en estudio: Con fecha quince de junio de dos mil dieciocho la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo directo ********************, emitió el laudo correspondiente al juicio laboral ********************, en el cual resolvió: "(.) PRIMERO. En cumplimiento a la Ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el Amparo Directo ******************** de fecha 30 de Abril del 2018, se deja insubsistente el laudo de fecha 11 de Septiembre de 2018. SEGUNDO. La parte actora acreditó parcialmente la procedencia de su pretensión, en tanto que la demandada en igual forma justificó sus defensas y excepciones. TERCERO. Se absuelve a las empresas demandadas ********************. y a los codemandados físicos ********************, con domicilio ubicado en: ********************, del pago y cumplimiento de las prestaciones que les reclamo el actor ********************en concepto de: La Indemnización Constitucional Salarios caídos, Prima de Antigüedad y de Tiempo Extra, Fondo de Ahorro, Ayuda de Gasolina.- Procede Condenar únicamente a las morales demandadas al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional del 2004 y proporcionales del 2005, la Entrega al actor de los comprobantes clave y número de cuenta e instituciones en donde se realizaron las aportaciones al SAR O AFORE, INFONAVIT desde su fecha de ingreso, o en su defecto el pago de las aportaciones que corresponden y al pago de ********************de Comisiones, finalmente se dejan a salvo los derechos del actor en cuanto al Reparto de Utilidades.- Se Absuelve a la empresa demandada ********************del pago de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó el actor en este juicio. Todo lo anterior en base a lo establecido en el último considerando de este laudo. CUARTO.- Se concede a las demandadas un término de 72 horas para que den cumplimiento a la condena establecida en el presente Laudo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. (.)" Con fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, la responsable despachó auto de ejecución en lo que interesa: "(.) II.- En lo que respecta a la primera de las promociones, la misma se tiene por reciba, sin que haya lugar a acordar de favorable, toda vez, que la parte demandada en presente juicio laboral, no ha sido requerida del cumplimiento de las condenas estipuladas en Laudo que pone fin al juicio que nos ocupa. ------------------------------------------------------------Y en lo que respecta a la segunda de las promociones, como lo solicita el promovente y toda vez que la demandada no ha dado cumplimiento al laudo dictado en el presente expediente, no obstante de que ha transcurrido en exceso el termino previsto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo SE DESPACHA AUTO DE EJECUCION con efecto de mandamiento en forma, por la cantidad de ********************, cantidad en la que se incluyen las condenas decretadas en el laudo de referencia y salvo error u omisión de carácter aritmético. - Se comisiona al C. Actuario de esta Junta para que asociado de la parte actora se constituya en el domicilio ubicado en ********************, y proceda a requerir a la demandada ******************** el pago de la cantidad mencionada; así como la entrega al actor denlos comprobantes clave y número de cuenta e institución en donde se realizaron las aportaciones al SAR O AFORE, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, desde su fecha de ingreso, o en su defecto el pago de las aportaciones que corresponden; en caso de negativa embargue bienes de su propiedad suficientes para garantizar el crédito laboral, los cuales deberán quedar en depósito de la persona que la parte actora designe bajo su más estricta responsabilidad en el momento de la diligencia previa aceptación y toma de protesta que por el cargo conferido se le haga por conducto del funcionario de esta Junta.- Lo anterior de conformidad con lo previsto por los artículos 940, 951, 956 y demás) relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.- (.)" En data veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dio cumplimiento parcial al laudo emitido por la responsable, al llevarse a cabo la diligencia encomendada, en los términos siguientes: Con fecha uno de diciembre de dos mil veintitrés, el presidente de la junta responsable hizo entrega a la parte actora en el juicio de origen del cheque simple número ******************** de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de ********************, exhibido mediante diligencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés y acordó dejar a salvo los derechos del mismo para requerir nuevamente a la parte demandada la entrega de los comprobantes, clave y número de cuenta e institución en donde se realizaron las aportaciones al SAR o AFORE, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desde su fecha de ingreso o en su defecto el pago de las aportaciones que correspondan. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, la junta responsable, comisionó al actuario adscrito a dicha junta, para que asociado con la parte actora se constituyera en el domicilio de las demandadas y las requiriera por la entrega de comprobantes clave y número de cuenta e institución en donde se realizaron las aportaciones al SAR o AFORE, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desde su fecha de ingreso o en su defecto el pago de las aportaciones que correspondan Diligencia que fue llevada a cabo por el actuario de su adscripción con fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós, en los términos siguientes: Mediante escrito con folio 5297 la parte actora solicito a la junta responsable acordar lo conducente en razón al cumplimiento del laudo emitido en el expediente de marras, a lo que por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós la junta de mérito acordó, en lo que aquí interesa que: "(.) la parte actora ha tenido y tiene a salvo su derecho para hacer exigible la solicitud ante las autoridades correspondientes SAR o AFORE e INFONAVIT, tal como se advierte del laudo emitido por esta Junta en fecha quince de junio de dos mil dieciocho. (.)" Hasta aquí lo relatado como antecedentes relevantes en el estudio que nos atañe. QUINTO. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este órgano constitucional debe ocuparse, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes contra el acto reclamado a la autoridad de referencia, ni de autos advertirse alguna que de oficio deba ser analizada, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Enseguida se procede a examinar las cuestiones de fondo del asunto, por tanto, los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe artículo alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 con número de registro 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, con el objeto de que esta sentencia se encuentre debidamente informada, se sintetizan los motivos de disenso, a través de los cuales, la quejosa alega lo siguiente: La responsable vulnera en su perjuicio, con su conducta omisiva, el artículo 17 constitucional, debido a que ha aplicado únicamente de formar parcial el mandato emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, en el amparo directo ********************, y en los términos especificados en la orden contenida en el laudo de marras. Luego, dicho concepto de violación resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón de lo que a continuación se expondrá. Apoya tal consideración, la jurisprudencia P./J.5/2006, con número de registro 175750, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS." El artículo 17 constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos, cuyo texto dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Ahora, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran el derecho humano de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: - Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias planteadas ante ellas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; - Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; - Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y - Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no recaudarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.192/2007, con número de registro 171257, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, que establece: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES Del texto constitucional del artículo 17 y la jurisprudencia citada, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al laudo, y obviamente a su ejecución. Sobre la etapa correspondiente a la ejecución de sentencia, se advierte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado jurisprudencialmente el deber de los Estados de garantizar los medios para ejecutar los recursos judiciales en sede interna, al establecer que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia" sino que se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Tiene aplicación, la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2018637, de título siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." En desarrollo de este criterio, la Corte Interamericana explicó que, en términos del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tienen dos obligaciones para asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso: (i) consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, y (ii) garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Por ello, sentenció el tribunal interamericano, "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", pues una resolución con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Ahora bien, en el caso se cuestiona la omisión por parte de la responsable de lograr la cabal ejecución de la condena contenida en el laudo emitido en el juicio laboral de origen, pues que de las actuaciones del mismo claramente se advierte que la parte actora ha solicitado se dé cumplimiento al mismo, tan es así que de la determinación emitida en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, la responsable deja a salvo los derechos de la parte actora, para que por sus medios haga exigible la solicitud ante las autoridades correspondientes SAR o AFORE e INFONAVIT, en contravención a lo explícitamente ordenado en el laudo correspondiente; así, resulta evidente que estamos frente a una cuestión que guarda relación con el derecho a la ejecución de sentencias, como parte del acceso a la justicia. Por ese lado, la autoridad responsable, en cumplimiento a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica se encuentra obligada a llevar a cabo los actos necesarios para ejecutar las resoluciones dictadas en los procedimientos que diriman una controversia, a fin de no violar derechos sustantivos de las partes. Por lo anterior el suscrito considera incorrecta la determinación y el actuar que se analizan, pues la responsable en esencia afirma que desde el laudo emitido el quince de junio de dos mil dieciocho, se han dejado a salvo sus derechos para que por sus medios haga exigible las solicitudes necesarias, ante las autoridades correspondientes SAR o AFORE e INFONAVIT, siendo que atendiendo al resolutivo tercero del mismo se aprecia claramente lo siguiente: "(.) Procede Condenar únicamente a las morales demandadas al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional del 2004 y proporcionales del 2005, la Entrega al actor de los comprobantes clave y número de cuenta e instituciones en donde se realizaron las aportaciones al SAR O AFORE, INFONAVIT desde su fecha de ingreso, o en su defecto el pago de las aportaciones que corresponden y al pago de ********************de Comisiones, finalmente se dejan a salvo los derechos del actor en cuanto al Reparto de Utilidades.- (.)". De lo anterior se aprecia que, si bien es cierto con fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, ya fue entregado a la parte actora el cheque simple número ********************, mismo que fue recibido bajo su entera satisfacción por la parte actora, no se aprecia que los extremos de la condena ordenada en el laudo en mención hayan sido colmados hasta el momento, sin que del mismo se aprecie que la responsable al emitir el laudo en cita deje salvo derecho alguno a la parte actora para que como erróneamente se dice, ésta por sus medios haga exigible las solicitudes necesarias, ante las autoridades correspondientes SAR o AFORE e INFONAVIT, puesto que incluso fue materia de la condena en mención el que, en su defecto se le haga el pago de las aportaciones que correspondan. Así, el acceso a la justicia no es simplemente la posibilidad de acudir a un tribunal a dirimir una cuestión de derecho, sino además garantizar que la sentencia que llegue a dictarse tenga plena eficacia, lo cual se logra a través del establecimiento de normas y criterios que impidan que se obstaculice la ejecución de la sentencia que se dicte. De nada sirve a quien logra triunfar en un juicio haber litigado y logrado el reconocimiento de su pretensión si no se garantiza que el derecho reconocido en la sentencia se hará efectivo, pero además que ello sucederá en un plazo razonable. Sostener lo contrario limitaría la celeridad pretendida por esta figura (ejecución de sentencias), como una herramienta fundamental para agilizar y simplificar el acceso a la justicia. En otras palabras, la interpretación acogida por la autoridad responsable representa un obstáculo irrazonable para el derecho a ejecutar una sentencia, el cual, además, de que no contar con las constancias necesarias no es impedimento para lograr con esa finalidad. Aunado a que las partes tienen interés, en que la ejecución de los laudos se cumpla dentro de los plazos establecidos, por lo que retardar tal procedimiento, violentaría en su perjuicio los principios de seguridad jurídica y debido proceso, pues se trata de dar cumplimiento a un laudo que adquirió firmeza procesal. Así, el retraso en la ejecución del laudo, en caso de no encontrar justificación jurídica, genera para la parte que ya ganó un juicio una violación a su garantía de administración de justicia, que como se dijo ya, no sólo incluye el dictado de un laudo que decida sobre los derechos, sino que, en el caso de que dicha resolución sea favorable, la misma pueda ejecutarse En consecuencia, se advierte que la responsable está siendo omisa en tomar las medidas pertinentes para ejecutar en su cabalidad el laudo respectivo, lo que deviene violatorio de los derechos de la parte quejosa consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de restablecer el orden constitucional quebrantado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por el promovente. Lo anterior, porque como se precisó la autoridad se encuentra obligada a la observancia de la totalidad de los derechos constitucionales, incluyendo a aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así, la autoridad responsable, en cumplimiento a los derechos de legalidad y de seguridad jurídica se encuentra obligada a llevar a cabo los actos necesarios para ejecutar las resoluciones dictadas en los procedimientos que diriman una controversia, a fin de no violar derechos sustantivos de las partes. De esta manera, si dichos derechos están encaminados a asegurar que las autoridades encargadas de aplicar la ley, lo hagan, entre otros supuestos, de manera completa, lo cual comprende la ejecución de los laudos, por lo que es claro que éstas se encuentran obligadas a agotar todos los medios legales para lograr su eficaz cumplimiento, aun cuando realizan actos materialmente jurisdiccionales. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el presente considerando, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, por lo que hace a la orden de dejar a salvo derecho alguno a la parte actora para que ésta por sus medios haga exigible las solicitudes necesarias, ante las autoridades correspondientes SAR o AFORE e INFONAVIT. 2. En su lugar emita un proveído en el que ordene se lleven a cabo las medidas necesarias que la ley le faculte, a efecto de que se dé cabal cumplimiento a lo precisado como condena en el laudo emitido con fecha quince de junio de dos mil dieciocho, Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo por las razones y fundamentos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta el día de hoy veinte de abril de dos mil veintitrés, por así permitirlo las labores de este Juzgado de Distrito. Doy fe."

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase a **********, apoderado de la tercero interesada **********, sociedad anónima de capital variable, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia con engrose al veinte de abril del año en curso, emitida en este juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele el juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el escrito de expresión de agravios con el que se interpone dicho recurso, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios por el que se interpone el recurso de revisión, e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al oficial judicial "A", para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Citatorio. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el auto del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase a **********, apoderado de la tercero interesada **********, sociedad anónima de capital variable, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia con engrose al veinte de abril del año en curso, emitida en este juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele el juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas, así como el escrito de expresión de agravios con el que se interpone dicho recurso, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios por el que se interpone el recurso de revisión, e intégrese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Se instruye al oficial judicial "A", para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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