Octavio García León
Expediente 663/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Octavio García León
- Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Pieda, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. 1. Acusa recepción de oficio y de autos del juicio de origen. Visto el oficio de cuenta, se tiene al Juez Segundo Civil de Primera Instancia, del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, acusando de recibo el oficio 2204/2023, del índice de este Juzgado y tiene por recibidos los autos originales que integran el juicio ordinario civil ********************; lo que comunica para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y el tercero interesado, no interpusieron recurso de revisión, dentro del plazo legal para hacerlo, contra la sentencia, dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. 5. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de constancias enviadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, mismas que anexó como justificación de su informe, solicitándole el acuse correspondiente. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 663/2022, promovido por Octavio García León, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama del: Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 284/2019, específicamente el auto dictado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se ordena al personal actuante se constituya en el inmueble ubicado en calle Juárez y/o Benito Juárez, número 2, esquina con calle Morelos, colonia Centro de la localidad de Patzímaro de Aviñas, municipio de Churintzio, Michoacán, a efecto de poner en posesión real y material del mismo a la parte ejecutante. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en el juicio ordinario civil 284/2019, que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Debe precisarse que la autoridad responsable informó que la diligencia de restitución se ejecutó el veintidós de junio de dos mil veintidós; no obstante, en el caso, el conflicto jurídico (consistente en determinar a quién le corresponde detentar el inmueble), lo cual debe resolverse al dictar la sentencia en el juicio de amparo; pues de ser el caso y estar ante una posible concesión debe restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; siempre y cuando no se actualice causa de improcedencia. CUARTA. Causas de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ; [.]". En relación con lo anterior, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]". De dichos preceptos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que la norma o el acto reclamado cause perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la jurisprudencia que dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 en relación con la fracción I, del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que estima violado; esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. Por otro lado, el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa del promovente del amparo; de modo tal que, si no se demuestra ésta, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce la quejosa se violentan en su perjuicio. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto". De las constancias que remitió con su informe de ley el juez responsable, a las que se otorgó valor probatorio en párrafos precedentes, se obtiene que el doce de abril de dos mil diecinueve, Maurilio León Arroyo promovió juicio ordinario civil, sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones, frente a Roberto León Arroyo, mismo que fue turnado al juzgado responsable, en donde se registró con el número 284/2019. El siete de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia que declaró procedente la acción intentada, condenando al demandado a desocupar y entregar el inmueble materia de la litis. Inconforme con la anterior resolución, el apoderado del demandado, interpuso en su contra recurso de apelación, mismo que fue resuelto el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, confirmándose la sentencia definitiva. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó requerir al accionado para que cumpliera voluntariamente con al sentencia ejecutoriada; con el apercibimiento legal que de no hacerlo se procedería a su ejecución forzosa. Ante el incumplimiento, en auto dictado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se ordenó al personal actuante se constituyera en el inmueble ubicado en calle Juárez y/o Benito Juárez, número 2, esquina con calle Morelos, colonia Centro de la localidad de Patzímaro de Aviñas, municipio de Churintzio, Michoacán, a efecto de poner en posesión real y material del mismo a la parte ejecutante, el cual constituye el acto aquí reclamado, de manera destacada. Precisado lo anterior, se tiene que el presente juicio de amparo es improcedente porque no se afecta el interés jurídico de la parte quejosa, en lo que respecta al bien sujeto a debate en el juicio de origen; es así, porque el peticionario de amparo se ostenta tercero extraña al juicio natural, y al respecto argumenta que es poseedor del bien inmueble aludido. Sin embargo, no acreditó que efectivamente tuviera la posesión originaria o derivada del bien inmueble materia de la litis en el juicio natural, bajo una causa legal demostrable en la época en la que se emitió el acuerdo reclamado, por lo que sin cumplir con ese requisito, únicamente sería un simple detentador del citado bien en ese momento. Se dice lo anterior, pues el quejoso ofreció como prueba de su parte: Copia simple del contrato de arrendamiento celebrado con Roberto León Arroyo, respecto del inmueble materia de controversia constitucional. Lo anterior, en razón de que el original de dicho contrato fue presentado por el demandado, dentro del juicio natural, ante la autoridad jurisdiccional al contestar la demanda desde el quince de agosto de dos mil diecinueve, por lo que -refiere- ese documento ya se encontraba dentro del juicio, incluso antes de ordenar la ejecución forzosa de la sentencia; de ahí que, al exhibirse ante persona que por disposición de la ley está facultada para realizar una función autenticadora a nombre del Estado -sostiene- su dicho es verdad oficial y su intervención otorga certeza jurídica al contenido del multicitado instrumento privado; máxime que dicha autoridad jurisdiccional se encuentra dentro de los funcionarios que tienen fe pública. No obstante lo anterior, dicho instrumento probatorio es insuficiente para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, por los motivos que se exponen a continuación. En primer término, para que un contrato adquiera fecha cierta requiere que se haya realizado ante fedatario público o funcionario autorizado, inscrito en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, o que haya fallecido cualquiera de los firmantes. Esta exigencia es aplicable incluso tratándose de contratos de arrendamiento, toda vez que si bien la legislación secundaria en lo general, no exige que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, tal circunstancia no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia número 1a. /J. 24/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En el caso, tratándose de la copia simple del contrato de arrendamiento celebrado con Roberto León Arroyo, respecto del inmueble materia de controversia constitucional, que exhibió el quejoso, no puede tener el alcance que éste pretende; es decir, que adquiera fecha cierta por haber sido presentado ante la autoridad jurisdiccional que conoce del juicio natural. Lo anterior, porque no puede llegarse al extremo de considerar la fecha cierta del contrato de arrendamiento partiendo de la relativa a su presentación, pues ello iría en contra de la seguridad jurídica de quienes se encuentran litigando ante la instancia común, ya que se les obligaría a estar en presencia y pasar por una cadena de "fechas ciertas" obtenidas a través de ese tipo de actos diversos al que motiva la causa generadora de la posesión. De ahí que la fecha de esa presentación no puede ser considerada para que la copia simple del contrato de arrendamiento adquiera certeza legal; entonces, en el caso no es útil para los fines que persigue el quejoso. Se cita, en sentido contrario, la siguiente jurisprudencia: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." Por tanto, el quejoso debió acreditar con prueba idónea la posesión que refiere tener sobre el bien inmueble descrito en párrafos anteriores, pues la trascendencia de que un documento adquiera fecha cierta, es precisamente proteger al legítimo poseedor contra actos de terceros a partir de ese momento. En el caso es aplicable -en sentido contrario- la siguiente jurisprudencia: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." Ahora, en el supuesto no concebido de considerar la existencia del acto jurídico relativo al arrendamiento partiendo de la fecha de su presentación, esto es, del quince de agosto de dos mil diecinueve, se tiene que tampoco se demostraría que ese hecho causante de la posesión derivada de ese pacto de voluntades sea anterior a la instauración del juicio ordinario civil origen, pues éste fue iniciado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve. De ahí que se precise, que el arrendamiento, en todo caso, fue celebrado con posterioridad al inicio del juicio de origen; y, en ese supuesto, el inquilino adquiere el carácter de causahabiente y, consecuentemente, se somete a las consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en el juicio de origen, con independencia de que él como arrendatario hubiera tenido conocimiento o no de la existencia del procedimiento, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se haya celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados. Luego, si el promovente de este juicio no demostró la posesión del inmueble a través de una causa legítima, es evidente que tampoco justificó que ese acto vulnere su esfera jurídica, y que por ello se hubiese infringido en su perjuicio los derechos humanos que invoca, puesto que corresponde a la parte quejosa acreditar la procedencia de la acción constitucional, y para eso se requiere como presupuesto necesario que se pruebe que el acto reclamado afecta los derechos que se estimen conculcados; de ahí que no siendo esto así, se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo. No constituye obstáculo alguno para la determinación anterior, el hecho de que se haya tenido por acreditada la existencia del acto reclamado, en mérito a que, como ha quedado establecido, tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que el acto combatido afecta su esfera de derechos públicos subjetivos tutelados por la Ley fundamental. Es ilustrativa sobre el particular, el criterio jurisprudencial que se lee: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". En las relatadas condiciones, procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Finalmente, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló el tercero interesado, atento a las razones que se dan en la Jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Octavio García León, contra los actos reclamados y autoridad responsable, precisados en la consideración primera; y, por los motivos expuestos la diversa cuarta de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 1. Comparece tercero interesado. Visto lo de cuenta, se tiene al tercero interesado Maurilio León Arroyo, compareciendo a juicio, señalando domicilio para recibir notificaciones el que indica; y autorizando para tal efecto en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ana Georgina Galván Méndez, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, a las diversas personas que refiere, se les tiene como autorizados en términos restringidos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. 2. Alegatos. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulado los alegatos que a su parte corresponden, los que serán tomados en consideración, en el momento procesal oportuno. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.
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