Octavio Enrique Merino Flores
Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Octavio Enrique Merino Flores
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. **** Valoración documental. *** Devolución de documentos y garantía. *** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el escrito signado por la parte quejosa ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento de tres de abril de dos mil veintitrés.****************************************La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La inconstitucionalidad del tercer y cuarto párrafo, del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo del acto de aplicación consistente en la determinación de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, en que se impuso prisión preventiva oficiosa al quejoso dentro de la causa penal ********************; y,********************La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Celaya al diverso de Valle de Santiago.****************************************Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Extemporaneidad en cuanto a la determinación de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, en que se impuso prisión preventiva oficiosa al quejoso dentro de la causa penal ********************. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y, no obstante, deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, en tales circunstancias, presume conformidad con el acto. Por su parte, de los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte como regla general, que el juicio constitucional debe instarse dentro del término de quince días, que se contabilizarán a partir del día siguiente: I. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, II. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; o, III. Al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. Así, se aprecia que la Ley de Amparo prevé tres formas fundamentales para computar el término de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda, todas con características propias, pues, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal de Justicia, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio constitucional fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de donde se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Análisis del caso concreto. Con base en este marco normativo, el acto reclamado se ubica dentro de la primera regla antes enunciada; ya que la promovente lo refiere bajo protesta de decir verdad, a lo que se le otorga valor pleno como confesión, que el cuatro de septiembre de dos mil veintidós le fue notificada la resolución reclamada. Por tanto, el término para promover el juicio de amparo le transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surtió sus efectos. *****Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día hábil siguiente al en que surtió sus efectos, esto es, el seis de septiembre de dos mil veintidós y feneció el veintinueve del mismo mes y año.***** Descontándose los días diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles conforme al ordinal 19 de la legislación en consulta.********Por tanto, debió promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surtió efectos el acto reclamado -cinco de septiembre de dos mil veintidós- y la demanda de amparo fue recibida ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Guanajuato, con sede en Celaya, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, tal como se corrobora del sello de recepción. Lo anterior evidencia que, la presentación sucedió de manera extemporánea conforme al siguiente calendario:*****En ese orden, cuando a la parte quejosa se le notifica el acto reclamado y al no estar en alguno de los casos de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, su presentación deviene extemporánea. Lo expuesto, ya que la orden de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa reclamada no se encuentra prevista en la fracción IV, del arábigo 17 de la Ley de Amparo, en el sentido de que puede presentarse en cualquier tiempo la demanda biinstancial cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que el propio quejoso señaló que fue con motivo de un proceso judicial accionado en su contra. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata en cuanto al acto reclamado consistente en la determinación de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, en que se impuso prisión preventiva oficiosa al quejoso dentro de la causa penal ********************; y derivado de ello, la inconstitucionalidad de las leyes reclamadas, pues tal acto fue derivado del citado en primer lugar. Ahora, respecto al reclamo en vía de consecuencia - tercer y cuarto párrafo, del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales - toda vez que el acto de aplicación por el cual pretendió impugnarlo resultó improcedente, la porción normativa sigue su suerte; ello, ya que el amparo contra leyes heteroaplicativas en amparo indirecto es procedente únicamente cuando se impugna con motivo del acto de aplicación, pero con la salvedad de que este sea procedente. Ahora, en diverso orden de ideas, se analizará lo relativo a la orden de traslado reclamada. Definitividad sobre orden de traslado. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Esta causa de improcedencia contiene varias excepciones, las cuales dan posibilidad de acceder al juicio de amparo sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinario. Estas excepciones son, a grandes rasgos, cuando el acto reclamado sea de aquéllos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; cuando se trate de ataques a la libertad fuera de procedimiento; cuando se trate de personas extrañas a juicio; y, finalmente, cuando se reclame el auto de vinculación. Marco legal de la Ley Nacional de Ejecución Penal*** A la luz de la reforma constitucional de dos mil ocho, surgió a la vida jurídica la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuerpo normativo que establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal.****** Para efectos de este asunto, esta legislación prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este esquema se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de este cuerpo normativo. Régimen disciplinario, en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En razón de los actos reclamados, es oportuno limitar el estudio de esta legislación al procedimiento identificado bajo el punto III, -de traslados de personas detenidas-; así, la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior. Sistema traslados en la ley especial**** Los traslados voluntarios previstos por el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al juez de Ejecución, el que celebrará una audiencia en la que requerirá consentimiento expreso de aquél en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley.***** Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal.********El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado.*****Finalmente, los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad; pero tiene como requisito importante, conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.*****De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente; en relación a lo cual, la regla general es que la autorización sea previa, aunque, de manera excepcional, será posterior a la ejecución del traslado. En este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez.*** Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, lo que permite estimar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el traslado. *********Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.******* Análisis del caso concreto*****En el caso concreto si el quejoso ********* reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Celaya al diverso de Valle de Santiago, es incuestionable que se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados en el juicio de origen. Por tanto, se precisa que si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tratarse de un traslado urgente o excepcional, esto es, contra la decisión que califique de legal la determinación administrativa de traslado, también procederá el recurso de apelación; sin embargo, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento sobre su calificación, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, de conformidad con lo previsto en los ordinal 116, fracción I, en relación con el diverso 117, fracción III, de la precitada legislación. Luego, como la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias.**** En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo.***** Ello, pues el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. ***********Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.*****Además, en el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber:********Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Finalmente, tampoco se hace nugatorio el derecho fundamental del quejoso a acceder a un recurso, ya que, al estar notificado de la calificación de legal del traslado, está en aptitud de apelar tal situación; caso contrario, en caso de que no se le hubiera comunicado tal situación, cabría el análisis constitucional para que se le comunicara tal situación y pudiera contar con un recurso para modificar o nulificar el traslado. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el arábigo 61, fracción XXIII y XVIII, en relación con el diverso 6º de esta ley, y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. ******************De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento.
- Principal
Demanda y registro. Con la demanda de amparo de cuenta, ********************, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región residente en Celaya, Guanajuato; y, Titular del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 281/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La inconstitucionalidad del tercer y cuarto párrafo, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo del acto de aplicación consistente en la determinación de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, en que se impuso prisión preventiva oficiosa al quejoso dentro de la causa penal **********; y,******** La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Celaya al diverso de Valle de Santiago.***Consideraciones previas.Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al quejoso para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, para así tener oportunidad de subsanarlas en tiempo. En ese sentido, en atención al ordinal 114 de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, la suscrita estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III y V, de la Ley de Amparo.*********** Señalamiento de autoridad responsable. La fracción III del arábigo 108, de la ley de la materia, establece la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva.****Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite.**** En el caso concreto, la parte promovente señaló como acto reclamado -en lo que interesa- la inconstitucionalidad del tercer y cuarto párrafo, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo del acto de aplicación consistente en la determinación de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, en que se impuso prisión preventiva oficiosa al quejoso dentro de la causa penal ********; sin embargo, omitió señalar a las autoridades que participaron en el proceso legislativo.***********Antecedentes del acto reclamado.**********En el presente asunto, si bien el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos del acto reclamado, también lo es que omitió señalar cuándo se le notificó la determinación de cuatro de septiembre de dos mil veintidós, en que se impuso prisión preventiva oficiosa. De igual forma, no menciona si contra de la orden de traslado reclamada interpuso algún medio ordinario de defensa señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.******* Por tanto, al advertirse tales irregularidades, resulta procedente imponer la siguiente:*******Prevención. Con fundamento en lo establecido en la fracción II, del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracciones III y V, de la ley de la materia, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad; y en atención a lo establecido en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: ********* Primero. Señale como autoridades responsables a las autoridades que participaron en el proceso de creación del tercer y cuarto párrafo, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.**** Segundo. Manifieste la fecha en que se le notificó la determinación de cuatro de septiembre de dos mil veintidós.******Tercero. Indique si contra de la orden de traslado interpuso algún medio ordinario de defensa señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.*******Apercibimientos.****** Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento con el punto descrito de la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo.***** De igual manera, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la solicitante deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su poderdante y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral les confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional.**************Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. *******Autorizados.Por otra parte, como lo solicita el quejoso, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas.******************Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. ********Ahora, conforme a lo previsto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza para acceder vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ********************.
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