Octavio Enrique Cruz Flores
Expediente 1626/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1626/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Subdirección General de Administración de Cartera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores
- Octavio Enrique Cruz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por lo que se declara que ha quedado firme. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese
- Principal
***** Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). En primer término, conviene precisar que en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada por este Juzgado el nueve de junio de la presente anualidad, en la que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, Subdirección General de Administración de Cartera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se les notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá demostrar lo siguiente: 1. Que dejó sin efectos el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Emitir uno nuevo, en que siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, resuelva de maneara fundada y legalmente lo que proceda respecto de lo solicitado por la parte quejosa en el escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil veintiuno. De lo que se desprende que la autoridad obligada al cumplimiento, Subdirección General de Administración de Cartera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para acreditar el cumplimiento del fallo protector, debe realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Emitir uno nuevo, en que siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, resuelva de maneara fundada y legalmente lo que proceda respecto de lo solicitado por la parte quejosa en el escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora, del estudio de las constancias remitidas por el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, se destacan las comunicaciones suscritas por el Consultor de Cumplimiento Legal de la Subdirección General de Gestión de Cartera del citado instituto, que se describen a continuación: Oficio SGGC/GCL/46/2022, de nueve de agosto de dos mil veintidós (anexo de la promoción controlada con el número de correspondencia 20133), en que se dejó sin efectos la respuesta previamente proporcionada al quejoso el cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Oficio SGGC/GCL/42/20022, de veintiocho de junio de dos mil veintidós (anexo de la promoción controlado con el número de correspondencia 18113), de cuyo contenido se desprende que en atención al escrito de petición elevada por el quejoso, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, le informó de manera fundada y motivada, que no procede su solicitud para modificar su contrato de crédito en los términos solicitados en el aludido escrito, toda vez que los créditos INFONAVIT TOTAL AG, como el que el acreditado contrató, fue excluido de la aplicación de la reestructura por el Consejo de Administración de dicho instituto, debido a que esos créditos se otorgan utilizando recursos de entidades financieras para su fondeo, por lo que no procede la solicitud para convertir el crédito 2213019125, otorgado en Veces el Salario Mínimo a pesos, pues una modificación de contrato (como en el caso del programa de responsabilidad compartida), implica colocar una reestructura que forma parte del esquema de cobranza social del Instituto, Las anteriores, al ser documentales públicas, tienen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, para demostrar que, en atención a la solicitud elevada por el quejoso, dicha responsable, dejó sin efectos la respuesta otorgada por la responsable el cinco de noviembre de dos mil veintiuno y de manera fundada y motivada otorgó una nueva respuesta a la petición de mérito. En atención a las anteriores consideraciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este Juzgador considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que la autoridad responsable acreditó el acatamiento de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, sin que exista defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Son aplicables, por analogía, las jurisprudencias 2ª./J. 1/2001 y 2a./J. 16/96, de los rubros siguientes: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. (Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. (Registro 194481, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página: 122). Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio ubicado en *****
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Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta en que el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil, en representación del Subdirector General de Gestión de Cartera y del Director General, todos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, informa las gestiones de cumplimiento realizadas y exhibe las constancias con las que aduce el cabal acatamiento del fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos tomando conocimiento de sus contenidos. De conformidad con el numeral 196 de la ley de la materia, con copia de los oficios de cuenta, así como de los diverso controlado con los números de promoción 18113 y respectivos anexos, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta en que el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en representación del Director General y del Subdirector General de Gestión de Cartera del citado instituto, informa las respectivas gestiones de cumplimiento realizadas para atender el fallo protector; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Atento a su contenido y dado que de las constancias remitidas sólo se advierte el acatamiento de uno de los efectos de la ejecutoria de amparo dictada en autos, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, y 197, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE de nueva cuenta al Subdirector General de Administración de Cartera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para que dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cabal cumplimiento a la obligación impuesta por mandato constitucional, para lo cual deberá demostrar fehacientemente lo siguiente: ? Dejar sin efectos el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de dicha Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al DIRECTOR GENERAL, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Subdirector General de Administración de Cartera del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos.????????? Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a las directas responsables o, en su caso, que no llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí mismas, se llevara a cabo el procedimiento descrito en el citado punto 3. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente??????????? acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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