Octavio Eipoyucan Vega Díaz

Expediente 1999/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 65 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1999/2018
Año
2018
Actuaciones
65
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Octavio Eipoyucan Vega Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 65.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso, por medio del cual solicita se informe el estado procesal que guarda el presente juicio y solicita copias; al respecto, hágasele del conocimiento a la parte quejosa que en auto de once de marzo de dos mil veinte y veintiuno de octubre de dos mil veinte, se dio vista con el cumplimiento al fallo protector, y posteriormente en auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se declaró cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo del juicio en que se actúa por estar debidamente concluido; auto que le fue notificado de manera personal el nueve de noviembre de dos mil veinte. Luego, respecto a la solicitud de copias, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que se esté a lo ordenado en auto de nueve de julio de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, a través del cual, en atención a la vista otorgada en autos, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, éste órgano jurisdiccional analizará si la ejecutoria de amparo está o no cumplida. En primer término debe decirse que en la ejecutoria de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, mismos que se concretan a lo siguiente: El Fiscal General del Estado de Jalisco, deberá pagar al quejoso la indemnización constitucional respectiva, la cual engloba el pago de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que pudiera tener derecho, conforme a la legislación aplicable. Asimismo, deberá efectuar la anotación en el expediente personal del quejoso ****. Lo anterior en términos de las jurisprudencias números 103/2012, 110/2012 y 198/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve, sea por vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de, entre otros, los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones. Por tanto, como la sentencia que les concede la protección federal contra el acto que dio por terminada la relación administrativa que guardan con el Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, no puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en aras de compensar esa imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011." (Época: Décima Época. Registro: 2002199. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 2a./J. 103/2012 (10a.). Página: 1517). "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." (Décima Época. Registro: 2001770. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 110/2012 (10a.). Página: 617). "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos." (Época: Décima Época, Registro: 2013440, Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.), Página: 505)". De la transcripción se advierte que el amparo se concedió para que el Fiscal General del Estado de Jalisco, pagara al quejoso la indemnización constitucional respectiva, la cual englobaría el pago de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que pudiera tener derecho, conforme a la legislación aplicable. Luego, mediante resoluciones de nueve de julio y seis de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente innominado de liquidación, así como su actualización, en la que se cuantificó la cantidad de ****, respectivamente. Por su parte, la autoridad responsable mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el cinco de diciembre de dos mil diecinueve y veintisiete de febrero de dos mil veinte, informó el cumplimiento y remitió diversas copias certificadas, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que pagó al aquí quejoso las cantidades de ****. Luego, mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable para que acreditara que realizó el pago correspondiente a las aportaciones patronales del Fondo de Pensiones, de Vivienda y del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro. Por su parte, la autoridad responsable mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinte de octubre de dos mil veinte, informó que cumplió con el pago de las prestaciones determinadas a favor del quejoso, asimismo, informó que cumplió con sus obligaciones de índole patronal, como retener las cantidades que le corresponde cubrir al quejoso, es decir, aportaciones a los distintos esquemas de seguridad social. Asimismo, remitió copia certificada del oficio ****, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte que la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, solicitó a la Directora de Gastos de Servicios Personal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la aplicación del pago ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, respecto a las actualizaciones y recargos del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro. Ahora, el quejoso, en su escrito de cuenta, se inconforma con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo toda vez que la autoridad responsable omite realizar los pagos correspondientes a las actualizaciones y recargos de las aportaciones de vivienda, así como del Sistema de Ahorro para el Retiro, asimismo, informa que no demuestra que se hayan realizado los enteros al Servicio de Administración Tributaria respecto del Impuesto Sobre la Renta. Sin embargo, en primer término, no es factible requerir a la autoridad responsable para que demuestre que enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria, ya que, como se dijo en resolución de nueve de julio de dos mil diecinueve, le corresponde a la parte patronal realizar las deducciones que por concepto de obligaciones tributarias deban retenerse. Luego, respecto a requerir a la responsable para que acredite que realizó el pago de las actualizaciones y recargos de las aportaciones correspondientes al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, relativas al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR); debe decirse lo siguiente: Es verdad que, en el caso, no existe discusión en cuanto a que el quejoso tiene derecho a que se hagan, en su nombre y beneficio, las aportaciones en materia de seguridad social, que hubiesen correspondido enterar a la autoridad con la que tenía una relación administrativa. Se hace esa afirmación, pues la autoridad responsable mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el cinco de diciembre de dos mil diecinueve y veintisiete de febrero de dos mil veinte, exhibió copias certificadas de los recibos números ****, de los que se advierte que realizó las deducciones de **** por concepto de fondo de pensiones. Sin embargo, la demostración del entero de esas cantidades al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, no implica que se trate de un tema que pueda abordarse como parte del cumplimiento del fallo protector. A esa conclusión se arriba con motivo de que, como se vio, la protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable pagara al quejoso la indemnización constitucional respectiva, la cual englobaría el pago de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que pudiera tener derecho, conforme a la legislación aplicable. Así, es evidente que a la autoridad encargada del cumplimiento no le fue impuesta de manera expresa la obligación de acreditar fehacientemente haber llevado a cabo de las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; por tal motivo, no puede abordarse el tema en los términos pretendidos por el inconforme, solo porque hizo una retención por ese concepto. Máxime, que como lo refiere la autoridad, conforme a los artículos 13, 15, 16 y 17 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, es obligación de las entidades públicas que lleven a cabo las retenciones relativas a las aportaciones, con consecuencias derivadas de un posible incumplimiento, según se lee: "Artículo 13.- Los servidores públicos sujetos a esta ley, deberán pagar a la Dirección de Pensiones, una cuota o aportación obligatoria, del 5 por ciento mensual del sueldo, sobresueldo y compensación que perciban. Las entidades públicas a que se refiere esta ley, están obligadas a pagar a la Dirección de Pensiones, un 5 por ciento mensual sobre los mismos conceptos que señala el párrafo anterior. Ambos, estarán obligados a cubrir las aportaciones que fije el Consejo Directivo, en los términos del artículo siguiente de esta ley. Artículo 15.- Las aportaciones a cargo de las entidades públicas sujetas al régimen de esta ley, tienen carácter de obligatorias; por consiguiente, deberán consignarse en las partidas de sus respectivos presupuestos de egresos. Artículo 16.- Las entidades públicas sujetas a este ordenamiento, están obligadas a descontar, y enterar quincenalmente, a la Dirección de Pensiones, el monto de las aportaciones a que se refiere esta ley, así como el importe de los descuentos, que por adeudos, ordene la citada Institución. En el mismo plazo, están obligadas a enviar a la Dirección de Pensiones las nóminas o recibos en que consten los descuentos. Para los efectos de este artículo, la Dirección de Pensiones calculará el monto de las entregas, quincenalmente, ajustando la cuenta provisionalmente, cada mes y de manera definitiva, cada año. Artículo 17.- Cuando las entidades públicas incorporadas no cumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 13 y 16 de esta ley, deberán pagar intereses a la Dirección de Pensiones, conforme a una tasa equivalente al costo porcentual promedio de captación de recursos del Sistema Nacional Bancario. Tratándose de los sujetos obligados, la Dirección de Pensiones deberá requerir de manera inmediata el cumplimiento de dichas obligaciones, además, deberá informar al Congreso del Estado, cuando omitan dar cuenta de las aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 16 de esta ley por más de tres meses." Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, ya que la autoridad responsable demostró que pagó al quejoso la indemnización constitucional respectiva, así como las prestaciones a que tuvo derecho. Similar criterio adoptó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de inconformidad 19/2019 y 11/2020, en sesiones de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve y veinte de julio de dos mil veinte, respectivamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido.

  3. Principal

    La autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 21 DE OCTUBRE DE 2020, QUE DICE: Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

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