Octavio Echenique Garcia

Expediente 1120/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1120/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Octavio Echenique Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido emitido el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés el cual señala "... Como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación dictada en fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés en el que se desecho la demanda de garantías en que se actúa sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes Por otra parte como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar en consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años de conformidad con lo establecido en los artículos 12 14 fracción III 20 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración destrucción digitalización transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica social o económica en el ámbito nacional Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese personalmente ..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fraccion I inciso C de la Ley de Amparo

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibido el escrito signado por ********************, apoderado de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en atención a la vista ordenadas en autos; sin embargo; por tanto, una vez que transcurra la vista ordenada con las constancias remitidas por la autoridad responsable en el párrafo siguiente, este Juzgado de Distrito procederá a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo, y remite las constancias que lo sustenta; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en cita, en contra del Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado; en ese sentido regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número IV-1120/2023-C. Ahora, del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable ordenadora se reclama la sentencia de fecha once de julio del año dos mil veintitrés, que se resolvió el Incidente de Incompetencia que formuló la parte demandada, dentro del expediente número - relativo al Juicio Administrativo que sigo en contra de la Seguridad Pública del Estado de Michoacán, y Auxiliar Administrativo del Complejo Administrativo Policía Regional (CUARTEL HUETAMO).". Ahora, el suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que entre otros, procede el amparo indirecto cuando se reclame una determinación de una autoridad jurisdiccional en la que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En atención a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, de la que resultó el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 ABRIL DE 2013).", determinó que efectivamente procede el amparo indirecto contra los actos de autoridad en el que determine declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivas, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, se entienden como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (esto por lo que respecta a la declinatoria), o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la inhibitoria), ya que es hasta ese momento procesal cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, cuando se han producido todas la consecuencias del acto reclamado. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la sentencia de once de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dentro del expediente -, relativo al Juicio Administrativo que el quejoso sigue en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otra autoridad, en la que determinó que no es competente para conocer y resolver dicho juicio administrativo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del expediente de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, pues los actos que en su caso podrían ocasionar tal afectación, sería cuando la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia acepta ésta, o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto, ya que sería en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa. Entonces, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, no puede ser considerado como de imposible reparación; ya que en el caso particular se está en la incompetencia por declinatoria, y quien resolvió esa cuestión fue el juez que conoce de ese asunto, lo que ocasiona que el acto respecto del cual procede el amparo indirecto, será aquel en el que la autoridad a la cual se decline la acepte. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro 2009721, aprobada por contradicción de tesis por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 5 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Luego, a efecto de aclarar la figura jurídica que se analiza, y que el suscrito considera se está en el supuesto jurídico, es necesario realiza un análisis ponderado del acto que en esta vía se reclama, el cual tendrá como propósito ubicar la causa de improcedencia que se analiza, por lo que para robustecer la determinación que se estimó en párrafos anteriores, se realiza el siguiente estudio. Así, es necesario evidenciar la diferencia y naturaleza entre la incompetencia por inhibitoria o declaratoria, el artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que la inhibitoria se propondrá ante el Juez a quien se considere competente y se le pedirá dirija oficio a quien estuviere conociendo del determinado asunto que se inhiba de conocer, para lo cual remitirá los autos de que se trate. En tanto que la declinatoria se intentara ante el Juez que conozca del negocio, solicitándole se abstenga de seguir conociendo y remita los autos al Tribunal competente; esto es, en el primer supuesto el planteamiento se realiza ante un Juez diverso al del proceso para que el pida que éste se inhiba de conocer de la misma, en tanto, que lo segundo se propone ante el Juez del conocimiento para que la decline a favor otro. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Finalmente, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y por autorizadas para ese efecto a las personas que refiere, únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados -, en virtud de que se encuentran dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales. Notifíquese personalmente.

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