Octavio de Jesús Alejandro Barriga Pombo

Expediente 1174/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1174/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2019

Partes del expediente

  • Octavio de Jesús Alejandro Barriga Pombo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de diez de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. Se precisa que en el presente cuaderno no existen documentos de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado y a consideración de este órgano de control de constitucionalidad, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II.UN ACUERDO DE NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    MESA II. AVISO PARTE QUEJOSA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ******************, por propio derecho, contra actos del Juez de Cuantía Menor de Zinacantepec, Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1174/2019-II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, el acto que la parte quejosa reclama a través del presente juicio de amparo es:  El auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 302/2013, en el que se negó la solicitud de devolución de las cantidades consignadas a favor del Comité de Propietarios del Condominio ******************, por concepto de pagos de mantenimiento de la Unidad Condominal. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, aplicado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones: El numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cunado se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.]". Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Los preceptos trascritos contemplan el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa que la parte quejosa no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página: 902, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, como se precisó, en el caso el quejoso combate el auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 302/2013, en el que se negó la solicitud de devolución de las cantidades consignadas a favor del Comité de Propietarios del Condominio ExHacienda San José Barbabosa, por concepto de pagos de mantenimiento de la Unidad Condominal. Como se desprende de los antecedentes del acto, ese acuerdo corresponde a un auto de la autoridad responsable y fue emitido por escrito, por lo que se concluye que respecto de lo expuesto en éste procede el recurso de revocación en términos de lo dispuesto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dispone: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." De la lectura del precepto citado se tiene que el recurso de revocación procede contra aquellos autos emitidos por el juez y que no fueren apelables, como es el auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Con base en lo anterior y tomando en consideración que el auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 302/2013, en el que se negó la solicitud de devolución, es que se concluye que en el caso es procedente el recurso de revocación, como medio ordinario de defensa, cuya finalidad es que el mismo juzgador revise su pronunciamiento y, dependiendo el caso, lo modifique o confirme. Medio de impugnación que es idóneo para modificar o revocar el acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal y, que además, es eficaz para reparar la violación que hace valer. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual pueda ser modificada o revocada la determinación combatida, es inconcuso que el peticionario estaba obligado a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a acudir a la instancia constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, registro: 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trate de un acto que afecte la libertad personal del quejoso, ni el peticionario tiene el carácter de tercero extraños a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral. Así las cosas, al resultar improcedente el presente juicio de amparo indirecto, lo conducente es desechar de plano la demanda. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se le tiene como tal el mencionado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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