Octavio Daniel Arroyo Hernández
Expediente 1252/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Comisionado del Órgano Administrativo Prevención Y Readaptación Social, Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad
- Octavio Daniel Arroyo Hernández
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General sin número emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
I. Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor público. Agréguese a los autos el oficio firmado digitalmente por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós y, para tal efecto, designa al licenciado Jorge Gerardo García Leija, como defensor público y/o asesor jurídico del quejoso Octavio Daniel Arroyo Hernández. II. Defensor acepta y protesta cargo. En esa tesitura, glósese a los autos el escrito de cuenta signado por Jorge Gerardo García Leija y, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo de defensor público y/o asesor jurídico del aquí quejoso privado de la libertad Octavio Daniel Arroyo Hernández. Asimismo, téngasele proporcionando número telefónico y cuenta de correo electrónico con el propósito de establecer contacto no procesal en caso de que se estime necesario; sin que haya lugar a tenerle señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta, por encontrarse fuera de la jurisdicción de este Tribunal. III. Se ordena notificación personal a defensor público federal. A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, se ordena notificar personalmente al defensor público federal Jorge Gerardo García Leija, el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, a fin de que manifieste lo que a su representación legal convenga. Ahora, toda vez que el defensor público federal Jorge Gerardo García Leija, fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por única ocasión notifíquesele el presente acuerdo en el correo electrónico que proporciona en su escrito de cuenta; asimismo, se le requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio en esta ciudad. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista. IV. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público y/o asesor jurídico. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignado como defensor público y/o asesor jurídico para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo al defensor público federal Jorge Gerardo García Leija, para los efectos legales a que haya lugar. V. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, realícense tanto al directo quejoso privado de su libertad, como al defensor y/o asesor antes citado, a fin de potencializar el acceso a la justicia del aquí quejoso.
- Principal
Manifestaciones. Agréguese a los autos la constancia de notificación de cuenta asentada por el fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que en cumplimiento al requerimiento que se le formuló al quejoso ----------------------------, en proveído de treinta de noviembre pasado, manifiesta que no cuenta con abogado que lo represente; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Se solicita designación de defensor público. En consecuencia, a efecto de potenciar el acceso a la tutela judicial efectiva del quejoso, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con copia de la demanda de amparo, requiérase a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos y/o asesores jurídicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso. Asimismo, requiérase a la autoridad en trato, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el profesionista que nombre, mediante escrito presentado ante este Juzgado Federal, acepte y proteste el cargo que se le confiera dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al de su designación. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización.
- Principal
Autoridad judicial remite demanda de amparo. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la administradora del Juzgado de Ejecución Penal de Guanajuato, con sede en la capital, a través del cual remite el original de la demanda de amparo promovida por Octavio Daniel Arroyo Hernández; consecuentemente, se provee: Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, esta Juzgadora considera que en el particular, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Para arribar a tal aserto, conviene acotar que el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", sito en Ocampo, y comparece ante la presente instancia constitucional a reclamar la orden de traslado del Centro Estatal de Reinserción Social, de Zacatecas, Zacatecas, al en el que se encuentra actualmente recluido. Empero, dicho acto, previo a ser reclamado por la vía constitucional, debe ser impugnado ante el juez de Ejecución o de Control, según se trate, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que tratándose de órdenes de traslado emitidas por autoridades administrativas, existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios ordinarios de defensa, los cuales están previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el principio de definitividad. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: I. Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad, que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. II. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la referida legislación. III. Traslados de las personas detenidas; en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación. El referido capítulo V del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, distingue tres tipos de traslados: 1. Traslados voluntarios, que son los que solicita el propio interno ante el juez y éste lo autoriza; 2. Traslados involuntarios, los cuales impone la autoridad con previa autorización judicial; y, 3. Traslados urgentes (o excepcionales), que son impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin autorización judicial previa. A continuación, se explican de manera separada estos tres tipos de traslados: a) Los traslados voluntarios, previstos en el numeral 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. b) El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la referida legislación, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, esto es, por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos por la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito, conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al juez competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Por su parte, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente y que la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, la cual será calificada con posterioridad por un juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Ahora bien, cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: - La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 52, impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, y a su vez, surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas; esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. - Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, conforme al artículo 52, en relación con los diversos numerales 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con base en lo expuesto, se obtiene que como parte integral de la implementación del sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Por tanto, se determina que el directo quejoso, previo a acudir al amparo, debió agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues al enterarse de la orden de traslado reclamada tenía la posibilidad de impugnarla ante el Juez de Ejecución o de Control, según se trate, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles, como si intentara la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 1701, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, de rubro y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Máxime que respecto al acto reclamado, no se puede considerar que se actualice alguna de las causas de excepción previstas en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. (.) XX. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)." Lo anterior es así, porque como ya quedó establecido en párrafos precedentes, las hipótesis para la procedencia de los medios ordinarios de defensa en análisis, están previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y se trata de un acto que emite una autoridad competente, dentro del procedimiento respectivo. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral, esto es, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa, en tanto que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas, a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, puesto que esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal, en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social, en el cumplimiento de las penas, así como las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un juez de Control o un juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que en los supuestos específicos de excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado; asimismo, del referido precepto legal se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados, es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. Para emitir esta determinación, no se soslaya que la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 154/2016, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, de una sentencia condenatoria. Sin embargo, lo cierto es que el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, puesto que se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la autoridad judicial respectiva realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional, lo que significa que será el juez de Control o el juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del procedimiento respectivo, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, los internos podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro de procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. A lo que se suma que la impugnación de la orden de traslado reclamada, emitida por autoridades administrativas, se encuentra prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en un reglamento, el cual constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional, con lo que se satisface el requisito de que el medio de defensa sea legal, esto es, que se encuentre contemplado por ley. Por su parte, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene, del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad inexcusable revocar, nulificar o modificar los hechos, actos u omisiones relacionados con las órdenes de traslado -ya sean voluntarios, involuntarios, excepcionales o urgentes- emitidas con control judicial, previo o posterior a su ejecución, lo que implica que tales medidas de traslado puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la persona privada de libertad o en virtud de un control de legalidad ejercido de manera oficiosa por la autoridad judicial, aunado a que la propia norma prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses del recluso, lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa. A su vez, al considerarse la viabilidad de la suspensión respecto de una cuestión de carácter urgente, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, tal como lo disponen los artículos 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de oficio o a petición de parte, el juez de ejecución de forma inmediata suspenderá el hecho o acto que motivó la controversia, así como los efectos que tuviere, en aras de salvaguardar la subsistencia de la materia del recurso hecho valer, hasta en tanto resuelva en definitiva la legalidad de la medida de traslado que ahí se impugne, todo lo cual pone de manifiesto que se satisface plenamente la exigencia señalada en la causal de improcedencia en análisis. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Las consideraciones emitidas en la presente resolución, se encuentran contenidas en las ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020 de su índice, en sesión virtual celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, a fin de proteger sus derechos a una tutela judicial efectiva, se le requiere para que en el momento de la notificación que recaiga al presente asunto, o bien, dentro del plazo de tres días siguientes a que surta efectos, señale abogado que lo represente; apercibido que de no hacerlo, se le nombrará uno de oficio, para lo cual se requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione el servicio. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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