Octavio Corona Chávez

Expediente 1278/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1278/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Octavio Corona Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa mediante el cual hace del conocimiento, que se encuentra realizando diversas manifestaciones referentes a los agravios acordados en la actuación veintinueve de mayo de la presente anualidad, comunicado que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y se reserva su envío hasta en tanto se conozca que Superioridad tenga conocimiento del medio de impugnación acordado en el presente sumario.

  2. Principal

    AVISO PRINCIPAL.- POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EL AUTO DE FECHA ONCDE DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, AL HABERLE DEJADO AVISO EN SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL DOCE DE JULIO SIGUIENTE Y NO ACUDIR AL JUZGADO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS HABILES POSTERIORES, PROVEIDO QUE EXPONE: Téngase por recibido el escrito de cuenta, firmado por ****************************** parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el presente juicio de protección de derechos humanos. Distribúyanse las copias del escrito de agravios, quedando a disposición del fiscal federal de la adscripción la que le corresponde en la secretaría de este Juzgado Federal y al tercero interesado, en tanto que a las autoridades responsables, remítasele mediante oficio. Una vez que obre la constancia de notificación a las demás partes respecto del presente auto, así como de la sentencia dictada, en el plazo de tres días, remítanse vía electrónica los autos del presente juicio de amparo y el original del escrito de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa del Tercer Circuito, para su debida substanciación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.-

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que, en sentencia de dos de mayo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Joaquín Antonio Lahuerta López y Sergio Huete Oviedo, en contra de los actos del Oficial del Registro Civil Número Doce de San Pedro Tlaquepaque del Estado de Jalisco, para los siguientes efectos. ".1) Desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos las porciones normativas declaradas inconstitucionales (artículos 61, 81, 423, 472, 473, 491, 492, 496, 500, 519, 578 y 581 del Código Civil; 30, 31, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley del Registro Civil, ambas legislaciones del Estado de Jalisco). 2) En vía de consecuencia, en lo futuro no se apliquen a los aquí quejosos, lo que de suyo implica que queda vinculada dicha autoridad a tomar en consideración la inconstitucionalidad del mensaje transmitido por las porciones normativas impugnadas, por lo cual, no podrán utilizarlo como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionadas con la paternidad pretendida, pues éstos no deben ser expuestos al mensaje discriminador de las normas, tanto en el presente como en el futuro. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias de Amparo, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." 3) Asimismo, deje sin efectos el oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, por el cual, con fundamento en las porciones normativas declaradas inconstitucionales, dio respuesta negativa a la petición de los quejosos Joaquín Antonio Lahuerta López y Sergio Huete Oviedo 4) En sustitución de dicho oficio, emita otro en el cual dé respuesta favorable a la solicitud que dichos quejosos le hicieron en ese sentido y, conforme a los lineamientos expuestos en esta resolución, a fin de garantizar el derecho a la identidad de la menor, deberá autorizar que su filiación quede debidamente registrada como hija de Joaquín Antonio Lahuerta López y Sergio Huete Oviedo, por ser ambos sus padres, sin aplicar las porciones normativas declaradas inconstitucionales, esto es, no podrá considerar que el registro de nacimiento de la menore sólo lo puede hacer una pareja conformada por un hombre y una mujer. 5) Para efectos de ese registro deberá proveer lo que estime necesario para que dichos quejosos aparezcan ambos como padres y, en el caso de que en los formatos que ya se tengan, respecto al rubro "datos del padre", únicamente exista la posibilidad de asentar un solo nombre, es decir, que sobre este rubro no existan dos apartados, deberá realizar una certificación a efecto de que ambos padres (Joaquín Antonio Lahuerta López y Sergio Huete Oviedo), queden registrados como tales, para lo cual deberá asentar en esa certificación que ello se hace en cumplimiento a esta ejecutoria y adicionar otro rubro de "datos del padre", así como dejar en blanco en nombre de la madre." Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se requirió a la responsable por el cumplimiento del fallo protector. En proveído de trece de junio del presente año, se recibió el oficio que remitió la responsable, mediante el cual desincorporo de la esfera jurídica de los quejosos los artículos declarados inconstitucionales y adjuntó copia del acta de nacimiento de la menor registrada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, así como de la constancia de clave única de registro de población CURP de la menor referida; razón por lo que se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y de los datos aportados por la autoridad, sin que hubiera manifestado algo al respecto. En consecuencia, se le hace efectivo dicho apercibimiento, por lo que este órgano de control constitucional, procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, con las constancias que obran en autos. Lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, relativo al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA).". Como se advierte de la transcripción que se realizó al inicio de este acuerdo, el núcleo esencial de los efectos de la concesión de amparo se puede sintetizar en los siguientes aspectos: Para que la responsable, desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos los artículos declarados inconstitucionales y registre a la menor. Por tanto, toda vez que la autoridad responsable acreditó haber emitido desincorporado de la esfera jurídica de los quejosos los artículos declarados inconstitucionales, haber registrado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, a la menor con el acta de nacimiento de con número de certificado de nacimiento 031978294; en consecuencia, este juzgado de Distrito, concluye que la autoridad responsable atiende al núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, por lo tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, en virtud de que la quejosa ha sido restituido de su garantía violada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis 2ª-. CXIV/97 visible en la página 414, Materia Común, del tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, correspondiente a la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como " debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Lo anterior con independencia de que la parte quejosa, en caso de que lo estime pertinente, pueda hacer valer los medios de defensa establecidos en la ley. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es CONSERVABLE, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena realizar la entrega de los incidentes de suspensión, al encargado del archivo, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.

  4. Principal

    Visto el oficio remitido por el Delegado de la responsable Comisaría de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector emitido; en consecuencia, agréguese a los autos y téngase a la responsable en vías de cumplimiento. En relación con lo anterior y con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable oficiante, para que continúe informando los actos procesales que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Ello, dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente a la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo así .-

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