Octavio Chávez López
Expediente 2678/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2678/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2021
Partes del expediente
- Octavio Chávez López
- GABRIELA ESPERANZA ALQUICIRA SÁNCHEZ y Otros.
- Juan Carlos Ramírez Benítez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que por Circular SECNO/29/2020, emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos procesales en el presente asunto en razón del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19 y, que en atención a la diversa Circular SECNO/10/2021, emitida en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, y de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021 relativos a la Reanudación de Plazos y el Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se permite reanudar la secuela procedimental a partir del estado procesal en que se encuentre cada asunto; por tanto, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada el cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Agréguese a los autos el oficio que remite la Directora de Área de la Dirección General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, por medio del cual devuelve el oficio 102605/2020 dirigido al Presidente de la República, en el que señala que la citada autoridad carece de representación en el presente asunto y solicita notificar al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal a efecto de que determine la Unidad a quien corresponde la representación de Presidente de La República; sin que sea dable acordar de conformad, lo anterior debido a que por auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve se tuvo por no presentada la demanda, por auto de seis de octubre de dos mil veinte causó estado y se acordó el archivo correspondiente. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Virus COVID-19, se determinó la suspensión de labores y plazos en los asuntos que no tuvieran el carácter de urgente; y en atención a lo ordenado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, entre los cuales se encuentra el presente asunto. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en razón de que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco siguiente; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un juicio en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es decir, se trata de un expediente en el que se emitió la resolución correspondiente si haber decidido el juicio en lo principal; a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo quinto del Acuerdo General invocados en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 21 del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Hágase del conocimiento del promovente que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa en cumplimiento al proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la quejosa en proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista ordenada en el referido proveído, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. En consecuencia, se le tiene por conforme con la cantidad determinada en la plantilla de liquidación por concepto de diferencias de aguinaldo correspondiente a 2018, por la cantidad a pagar de $**********, por lo que con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a las siguientes autoridades Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, quien deberá acreditar la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho a favor de **********, quejoso en el presente asunto y al Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, el cual se estima razonable dada la complejidad y dificultad que ello implica en el cumplimiento, realicen el pago respectivo a la quejosa y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. En el entendido de que: Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.
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