Octavio Caballero Pérez

Expediente 95/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
95/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
19/03/2015

Partes del expediente

  • Octavio Caballero Pérez
  • Mariana Yáñez Unda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA IV B De los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el proveído de diecinueve de febrero de dos mil quince (fojas 31 a 33), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, hágase del conocimiento del promovente del amparo que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales correspondientes, téngase por efectuada la certificación relativa a que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia pronunciada en este juicio sea

  2. Principal

    MESA IV B Visto el oficio el oficio 1136/2014 suscrito por el Presidente Ejecutor por Ministerio de Ley, de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso (foja 23), remite copia certificada de la notificación del proveído de seis del actual, realizada a la parte quejosa en el expediente laboral 23/2008(2) de su registro; por tanto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos, como prueba de la autoridad responsable la documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso OCTAVIO CABALLERO PÉREZ, por medio de su apoderado legal Noé Martín Hernández Rivera reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dar contestación por escrito a su solicitud de veintinueve de mayo de dos mil catorce, en el expediente laboral número 23/2008 (2) de su índice (foja 3). Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente Ejecutor por Ministerio de Ley, de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que niega la existencia del acto que se le reclama; y agrega que por proveído de seis del actual en el juicio laboral 23/2008 (2), se acordó lo procedente respecto al escrito de veintinueve de mayo de dos mil catorce, presentado por el ahora quejoso (foja 20), el cual le fue notificado, por medio de su apoderado legal Noé Martín Hernández Rivera el trece de febrero del año en curso (foja 30). Por lo cual se desprende que si el proveído de seis de febrero de dos mil quince, fue notificado al citado quejoso el trece del mismo mes y año, esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de enero de dos mil quince -fojas 2 a 5-), es evidente que a la fecha en que se instó el presente juicio constitucional, existía la omisión de que se duele la parte quejosa. Ahora bien, el análisis de las constancias que remitió la aludida autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, permite conocer que se acordó lo procedente respecto de la petición del quejoso en el juicio laboral 23/2008 (2) del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; mismo que fue debidamente notificado a la parte quejosa, el trece del actual. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que el seis de febrero de la presente anualidad, se acordó lo procedente respecto de la petición formulada por el quejoso, en el juicio laboral 23/2008 (2) del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; misma que fue debidamente notificada a la parte quejosa, el trece de febrero del año que transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 15 vuelta), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Cabe agregar que no pasa inadvertido para la suscrita que en el presente juicio de amparo, no se emplazó a la parte tercero interesada; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, es evidente que de ninguna manera le puede deparar perjuicio alguno. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 338, Tomo VI, febrero de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notificación personal por lista. MESA IV B Visto el oficio el oficio 1136/2014 suscrito por el Presidente Ejecutor por Ministerio de Ley, de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso (foja 23), remite copia certificada de la notificación del proveído de seis del actual, realizada a la parte quejosa en el expediente laboral 23/2008(2) de su registro; por tanto, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos, como prueba de la autoridad responsable la documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso OCTAVIO CABALLERO PÉREZ, por medio de su apoderado legal Noé Martín Hernández Rivera reclama del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dar contestación por escrito a su solicitud de veintinueve de mayo de dos mil catorce, en el expediente laboral número 23/2008 (2) de su índice (foja 3). Por otra parte, del contenido del informe justificado rendido por el Presidente Ejecutor por Ministerio de Ley, de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que niega la existencia del acto que se le reclama; y agrega que por proveído de seis del actual en el juicio laboral 23/2008 (2), se acordó lo procedente respecto al escrito de veintinueve de mayo de dos mil catorce, presentado por el ahora quejoso (foja 20), el cual le fue notificado, por medio de su apoderado legal Noé Martín Hernández Rivera el trece de febrero del año en curso (foja 30). Por lo cual se desprende que si el proveído de seis de febrero de dos mil quince, fue notificado al citado quejoso el trece del mismo mes y año, esto es, con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de enero de dos mil quince -fojas 2 a 5-), es evidente que a la fecha en que se instó el presente juicio constitucional, existía la omisión de que se duele la parte quejosa. Ahora bien, el análisis de las constancias que remitió la aludida autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, permite conocer que se acordó lo procedente respecto de la petición del quejoso en el juicio laboral 23/2008 (2) del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; mismo que fue debidamente notificado a la parte quejosa, el trece del actual. Lo anterior permite advertir que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que el seis de febrero de la presente anualidad, se acordó lo procedente respecto de la petición formulada por el quejoso, en el juicio laboral 23/2008 (2) del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; misma que fue debidamente notificada a la parte quejosa, el trece de febrero del año que transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En atención que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 15 vuelta), así como las providencias decretadas en éste; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Cabe agregar que no pasa inadvertido para la suscrita que en el presente juicio de amparo, no se emplazó a la parte tercero interesada; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, es evidente que de ninguna manera le puede deparar perjuicio alguno. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 338, Tomo VI, febrero de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA IV B Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente Ejecutor por Ministerio de Ley, de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; para que surta sus efectos legales consiguientes; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Por otra parte, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable en cuestión, la documental que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia certificada de constancias que integran el expediente 023/2008 (2) de su índice; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; ordenándose glosarla a los autos. No obstante lo anterior, y toda vez, que la autoridad oficiante es omisa en remitir las constancias necesarias para apoyar su informe justificado; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio que se gire, requiérase a la autoridad de referencia, para que remita a este juzgado copia certificada, legible y completa de la notificación del auto de seis del actual dictado en el juicio laboral 023/2008 (2) del índice de la responsable, realizada al quejoso Octavio Caballero Pérez; apercibida que de no hacerlo o informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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