Octavio Benigno Solis Alvarado
Expediente 1037/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Octavio Benigno Solis Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente destrucción, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1037/2020, y; R E S U L T A N D O : Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el once siguiente por razón de turno, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que precisó en su demanda. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de amparo de que se trata, registrándose con el número de expediente 1037/2020, misma que en auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, se mandó pedir informes justificados; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento y reanudación del trámite, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son aquéllos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, así como las constancias que integran el presente juicio de amparo; además, con apoyo en la jurisprudencia 19, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". Es aplicable también, la jurisprudencia 70, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado.". De la misma forma, apoya lo anterior la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno del citado Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Así pues, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, del análisis de ésta, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención del quejoso y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama lo siguiente: - La orden de embargo emitida por el Juez responsable que se pretende ejecutar en el domicilio del quejoso ubicado en ***********, no obstante que éste no es parte en el juicio ejecutivo mercantil ***********, y el ahí demandado, quien es su hijo, no habita en tal inmueble. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTO RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En ese sentido, se tiene que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado, mientras que el Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, refirió adherirse al informe rendido por el titular de ese juzgado, por lo que también resulta cierto el acto atribuido a dicha ejecutora. Para corroborar lo expuesto, el Juez responsable remitió como complemento a su informe justificado, copia certificada de diversas constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ************, documental que adquiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, máxime que no fue objetada. CUARTO. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el quejoso carece de interés jurídico para acudir a esta instancia. Para explicar lo anterior, es de precisarse que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a).- El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b).- Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo. En particular, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, dicho precepto exige la acreditación de un interés jurídico. En ese sentido, los artículos 5°, fracción I, primer párrafo, 6° primer párrafo y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Los preceptos anteriores, en lo que interesa, engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo. Precisado lo anterior, debe tomarse en cuenta que tratándose del interés jurídico, por éste se entiende el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende, que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés jurídico que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a).- Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo); y, b).- Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de derechos. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, del tomo XXVII, enero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4º de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con los numerales 5°, fracción I, en lo conducente, y 6º de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal, en términos del artículo "SEXTO" transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Luego, tratándose de actos jurisdiccionales, una persona puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, siendo inconcuso que, para la procedencia del juicio de amparo es indispensable que ese perjuicio o agravio ya exista de manera actual, al momento de promoverse la demanda de amparo correspondiente, pues, es esa situación presente, la que le está causando un perjuicio en la esfera del peticionario de derechos. Por otra parte, cabe puntualizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, precisó diversos supuestos en los que se puede acudir al amparo como persona extraña al procedimiento de origen, siendo los siguientes: a).- Cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos, subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; podrá reclamar todo lo actuado a partir del emplazamiento. b).- Cuando los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado. c).- Cuando ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del tercero extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados. Es fundamento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 96, del tomo VII, enero de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196929 que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." Asimismo, en las jurisprudencias 1138 y 556, sustentadas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visibles en la páginas 783 y 399, de los Tomos IV y VI, Materias Común y Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, se establece: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional; de suerte que si no está justificado dicho perjuicio el amparo no debe concederse." "INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4° de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado." Del contexto antes trascrito se advierte que, el interés jurídico a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es respecto a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, tal como se desprende del contenido del diverso numeral 5, fracción I de la misma ley, que establece que, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo y alegue que, con los actos reclamados se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; lo que permite colegir que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías. En razón de las consideraciones vertidas se afirma que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, por un interés "simple", como suele llamársele a aquél que, sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Asimismo, se ha reconocido por los tribunales de Amparo, que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones, tal como se advierte de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, visible a página 295, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente impone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Durante la tramitación de un juicio de amparo la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma indubitable o fehaciente, por ende, no debe deducirse a base de presunciones". Retomando la litis constitucional que nos ocupa, deviene inconcuso que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar la orden de embargo que se ordenó practicar en el inmueble que afirma habita y está ubicado en calle Bruselas número veinte, Primera Sección de Burgos de Cuernvaca, en Temixco, Morelos y que fue donde el actuario responsable se constituyó en busca de Octavio Isaac Solís Rueda, demandado en el juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto controvertido y quien afirma el promovente es su hijo. Para una mayor comprensión del asunto en estudio, es menester tomar en cuenta que el juicio ejecutivo mercantil 815/2019, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, se originó a partir de la demanda que promovido Nancy Medina Rodríguez, en contra de Octavio Isaac Solís Rueda (hijo del quejoso, según lo afirma); expediente en el que en diligencia de diez de noviembre de dos mil veinte, el actuario responsable se constituyó en el domicilio que afirma el quejoso habita, en busca del demandado y al no encontrarlo, dejó citatorio con Thalía Narváez Santiago, quien dijo ser esposa del buscado y se identificó, para que lo esperara al día siguiente, a las nueve horas con diez minutos. En la fecha motivo de la citación, el actuario responsable entendió la diligencia con Thalía Narváez Santiago, misma persona con quien dejó el citatorio, requiriéndole el pago de la cantidad de cien mil pesos, y al no realizarse el mismo, procedió a embargar un vehículo de la marca nissan, tipo Versa, color negro, con placas de circulación P08-BAM y se practicó el emplazamiento a juicio. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el demandado Octavio Isaac Solís Rueda acudió a contestar la demanda; por lo que en auto de veinticinco del mismo mes y año, se le tuvo dando contestación, por opuestas las defensas y excepciones, anunciadas las pruebas que ofreció y se dio vista a su contraparte con tal contestación. Ahora bien, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrarse el origen de la misma, esto es, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo que pudiera dar lugar a la protección constitucional que se solicita; así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete el derecho fundamental de audiencia; en ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". De dicho criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si el impetrante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tiene efectos para el juicio de amparo y no tiene la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. En la especie el quejoso refiere que habita el inmueble que se ha mencionado, sin indicar el carácter con que lo hace, ya que únicamente afirma que el demandado, quien es su hijo, no tiene su domicilio en ese lugar, por lo que acude a defender dicho bien, bajo el temor de que se practique un embargo en el mismo, lo que se advierte de la narrativa hecha ya aconteció, sin embargo, de las constancias allegadas, se observa tal embargo ya fue practicado y se trabó sobre un vehículo automotor, del cual no se especificó quién es el propietario, y el quejoso tampoco aclaró tal aspecto, no obstante que la diligencia de embargo aconteció con posterioridad a que fue presentada la demanda de amparo que nos ocupa. Ahora, se tiene que el quejoso para demostrar el interés que le asiste con relación al inmueble que acude a defender, únicamente presentó copia del citatorio que fue dejado el diez de noviembre de dos mil veinte, a Thalía Narváez Santiago, con quien se entendió la diligencia de embargo y se practicó el emplazamiento al demandado, persona que afirmó en aquella instancia mercantil que es esposa del éste. Por tanto, se estima que con ese medio de convicción, no justificó el derecho que dice tiene respecto del inmueble de trato, ni que exista una afectación a sus derechos subjetivos, resultando claro que no demostró el interés jurídico que se requiere para solicitar la protección de la Justicia Federal contra actos de una autoridad judicial, pues ya se dijo que lo anteriormente establecido es un requisito indispensable para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña en un juicio mercantil; habida cuenta que como se ha hecho notar, la diligencia de embargo, se entendió con quien dijo ser esposa del demandado e incluso éste acudió a contestar la demanda y aun cuando el embargo trabado en esa instancia recayó sobre un vehículo automotor, tal aspecto no fue específicamente reclamado en esta instancia y tampoco demostró el quejoso ser titular del vehículo involucrado. Por las razones que informa, se cita la Tesis 2a. LII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Página 333, tomo V, Mayo de 1997, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AÚN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público". Por lo anterior, al no haberse acreditado la titularidad del bien inmueble que se pretende defender, lo que se traduce en la falta de comprobación de un interés jurídico, legalmente protegido es incuestionable que no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Esto, porque resulta importante contar con plenitud de certeza de que quien pide la anulación por esta vía de un acto autoritario sobre un bien cualquiera, alegando ser ajeno a la controversia de donde dicho acto emana y afirmando ser el poseedor o propietario legítimo del bien materia del litigio, efectivamente cuente con tal carácter y que a él corresponda la titularidad efectivamente de ese derecho, cuya afectación ataca, no siendo suficiente para ello, se insiste, el documento exhibido en autos, porque como ya se dijo no acredita la titularidad del quejoso respecto a ese inmueble. Es menester precisar que no basta para tener por acreditado el interés jurídico del impetrante de amparo, la sola presentación de la demanda, pues ello implica únicamente la pretensión de poner en movimiento el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que el acto reclamado lesiona su interés jurídico, tampoco las manifestaciones contenidas en ella bajo protesta de decir verdad, en razón de que dicha fórmula únicamente se trata de un requisito meramente formal que la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo exige en el contenido del escrito inicial de demanda, pero esta declaración no entraña el acreditamiento de un derecho, ni el interés jurídico para el ejercicio de la acción constitucional, sino la satisfacción por parte de la inconforme de los requisitos exigidos por el numeral en mención que deberá encontrarse robustecida con elementos de convicción que hagan prueba plena. Sobre el particular, es aplicable el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número doscientos noventa y ocho, consultable en la página doscientos cuarenta y seis, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que textualmente dice: "INTERES JURIDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACION DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Asimismo, resulta oportuno invocar la jurisprudencia número doscientos noventa y siete, sustentada por la referida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y cinco, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que es del tenor literal siguiente: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." De igual forma, resulta pertinente aclarar que, tampoco es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico del peticionario de amparo, el hecho de que la autoridad responsable ordenadora haya aceptado el acto reclamado, pues una cosa es tener por existentes los actos de molestia, y otra, el perjuicio que estos puedan depararle al quejoso, luego entonces, le correspondía a él comprobar el interés jurídico con algún elemento de prueba que acredite que efectivamente le causa perjuicio los actos impugnados y, por lo mismo, tenía la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de garantías, misma que no satisfizo. Al caso concreto, es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Congruente con lo anterior, al carecer de interés jurídico el peticionario del amparo y, por ende, actualizarse la causal de improcedencia que se ha analizado, impone sobreseer en el asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XII, del mismo ordenamiento. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al no haberse combatido por vicios propios, ya que su ilegalidad la hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690 del Tomo II Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Ahora bien, los tribunales federales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente; sin embargo, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías, como ocurre en este asunto, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sustenta lo aquí resuelto, la tesis 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe decir que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, precisión que se hace de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63 fracción V, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, atento a las razones y fundamentos legales plasmados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1037/2020, y; R E S U L T A N D O : Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el once siguiente por razón de turno, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que precisó en su demanda. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de amparo de que se trata, registrándose con el número de expediente 1037/2020, misma que en auto de doce de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, se mandó pedir informes justificados; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento y reanudación del trámite, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son aquéllos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, así como las constancias que integran el presente juicio de amparo; además, con apoyo en la jurisprudencia 19, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". Es aplicable también, la jurisprudencia 70, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado.". De la misma forma, apoya lo anterior la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno del citado Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Así pues, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, del análisis de ésta, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención del quejoso y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama lo siguiente: - La orden de embargo emitida por el Juez responsable que se pretende ejecutar en el domicilio del quejoso ubicado en ***********, no obstante que éste no es parte en el juicio ejecutivo mercantil ***********, y el ahí demandado, quien es su hijo, no habita en tal inmueble. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTO RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En ese sentido, se tiene que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado, mientras que el Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, refirió adherirse al informe rendido por el titular de ese juzgado, por lo que también resulta cierto el acto atribuido a dicha ejecutora. Para corroborar lo expuesto, el Juez responsable remitió como complemento a su informe justificado, copia certificada de diversas constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ************, documental que adquiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, máxime que no fue objetada. CUARTO. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito, estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el quejoso carece de interés jurídico para acudir a esta instancia. Para explicar lo anterior, es de precisarse que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a).- El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y, b).- Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además, provenir de un interés individual o colectivo. En particular, tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales, dicho precepto exige la acreditación de un interés jurídico. En ese sentido, los artículos 5°, fracción I, primer párrafo, 6° primer párrafo y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Los preceptos anteriores, en lo que interesa, engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo. Precisado lo anterior, debe tomarse en cuenta que tratándose del interés jurídico, por éste se entiende el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior se desprende, que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que esta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés jurídico que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a).- Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo); y, b).- Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de derechos. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Es sustento de lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225, del tomo XXVII, enero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". El criterio jurídico contenido en la tesis transcrita cobra aplicación al caso por la identidad jurídica substancial existente entre el artículo 4º de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con los numerales 5°, fracción I, en lo conducente, y 6º de la Ley de Amparo, así como por no contraponerse con alguna disposición del citado cuerpo legal, en términos del artículo "SEXTO" transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Luego, tratándose de actos jurisdiccionales, una persona puede promover un juicio de amparo, cuando el acto reclamado le cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos, siendo inconcuso que, para la procedencia del juicio de amparo es indispensable que ese perjuicio o agravio ya exista de manera actual, al momento de promoverse la demanda de amparo correspondiente, pues, es esa situación presente, la que le está causando un perjuicio en la esfera del peticionario de derechos. Por otra parte, cabe puntualizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/95, precisó diversos supuestos en los que se puede acudir al amparo como persona extraña al procedimiento de origen, siendo los siguientes: a).- Cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos, subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; podrá reclamar todo lo actuado a partir del emplazamiento. b).- Cuando los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado. c).- Cuando ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del tercero extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados. Es fundamento de lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 5/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 96, del tomo VII, enero de 1998, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196929 que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." Asimismo, en las jurisprudencias 1138 y 556, sustentadas por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visibles en la páginas 783 y 399, de los Tomos IV y VI, Materias Común y Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, se establece: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional; de suerte que si no está justificado dicho perjuicio el amparo no debe concederse." "INTERÉS JURÍDICO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL. Si la sentencia reclamada no afecta los intereses jurídicos del quejoso, y si de todo lo actuado en el juicio civil de donde emana el acto de molestia no se advierte pronunciamiento alguno que pudiese afectar la esfera jurídica de los intereses del solicitante de garantías, entonces, éste carece de la debida legitimación para ejercitar la acción constitucional que por sus propios derechos pretende, en virtud de que el artículo 4° de la Ley de Amparo, ello sólo es dable a quien perjudique el acto reclamado." Del contexto antes trascrito se advierte que, el interés jurídico a que se refiere la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es respecto a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, tal como se desprende del contenido del diverso numeral 5, fracción I de la misma ley, que establece que, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo y alegue que, con los actos reclamados se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; lo que permite colegir que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantías. En razón de las consideraciones vertidas se afirma que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, por un interés "simple", como suele llamársele a aquél que, sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Asimismo, se ha reconocido por los tribunales de Amparo, que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones, tal como se advierte de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, visible a página 295, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente impone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Durante la tramitación de un juicio de amparo la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma indubitable o fehaciente, por ende, no debe deducirse a base de presunciones". Retomando la litis constitucional que nos ocupa, deviene inconcuso que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar la orden de embargo que se ordenó practicar en el inmueble que afirma habita y está ubicado en calle Bruselas número veinte, Primera Sección de Burgos de Cuernvaca, en Temixco, Morelos y que fue donde el actuario responsable se constituyó en busca de Octavio Isaac Solís Rueda, demandado en el juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto controvertido y quien afirma el promovente es su hijo. Para una mayor comprensión del asunto en estudio, es menester tomar en cuenta que el juicio ejecutivo mercantil 815/2019, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, se originó a partir de la demanda que promovido Nancy Medina Rodríguez, en contra de Octavio Isaac Solís Rueda (hijo del quejoso, según lo afirma); expediente en el que en diligencia de diez de noviembre de dos mil veinte, el actuario responsable se constituyó en el domicilio que afirma el quejoso habita, en busca del demandado y al no encontrarlo, dejó citatorio con Thalía Narváez Santiago, quien dijo ser esposa del buscado y se identificó, para que lo esperara al día siguiente, a las nueve horas con diez minutos. En la fecha motivo de la citación, el actuario responsable entendió la diligencia con Thalía Narváez Santiago, misma persona con quien dejó el citatorio, requiriéndole el pago de la cantidad de cien mil pesos, y al no realizarse el mismo, procedió a embargar un vehículo de la marca nissan, tipo Versa, color negro, con placas de circulación P08-BAM y se practicó el emplazamiento a juicio. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el demandado Octavio Isaac Solís Rueda acudió a contestar la demanda; por lo que en auto de veinticinco del mismo mes y año, se le tuvo dando contestación, por opuestas las defensas y excepciones, anunciadas las pruebas que ofreció y se dio vista a su contraparte con tal contestación. Ahora bien, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrarse el origen de la misma, esto es, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo que pudiera dar lugar a la protección constitucional que se solicita; así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete el derecho fundamental de audiencia; en ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". De dicho criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si el impetrante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tiene efectos para el juicio de amparo y no tiene la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. En la especie el quejoso refiere que habita el inmueble que se ha mencionado, sin indicar el carácter con que lo hace, ya que únicamente afirma que el demandado, quien es su hijo, no tiene su domicilio en ese lugar, por lo que acude a defender dicho bien, bajo el temor de que se practique un embargo en el mismo, lo que se advierte de la narrativa hecha ya aconteció, sin embargo, de las constancias allegadas, se observa tal embargo ya fue practicado y se trabó sobre un vehículo automotor, del cual no se especificó quién es el propietario, y el quejoso tampoco aclaró tal aspecto, no obstante que la diligencia de embargo aconteció con posterioridad a que fue presentada la demanda de amparo que nos ocupa. Ahora, se tiene que el quejoso para demostrar el interés que le asiste con relación al inmueble que acude a defender, únicamente presentó copia del citatorio que fue dejado el diez de noviembre de dos mil veinte, a Thalía Narváez Santiago, con quien se entendió la diligencia de embargo y se practicó el emplazamiento al demandado, persona que afirmó en aquella instancia mercantil que es esposa del éste. Por tanto, se estima que con ese medio de convicción, no justificó el derecho que dice tiene respecto del inmueble de trato, ni que exista una afectación a sus derechos subjetivos, resultando claro que no demostró el interés jurídico que se requiere para solicitar la protección de la Justicia Federal contra actos de una autoridad judicial, pues ya se dijo que lo anteriormente establecido es un requisito indispensable para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostenta como persona extraña en un juicio mercantil; habida cuenta que como se ha hecho notar, la diligencia de embargo, se entendió con quien dijo ser esposa del demandado e incluso éste acudió a contestar la demanda y aun cuando el embargo trabado en esa instancia recayó sobre un vehículo automotor, tal aspecto no fue específicamente reclamado en esta instancia y tampoco demostró el quejoso ser titular del vehículo involucrado. Por las razones que informa, se cita la Tesis 2a. LII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la Página 333, tomo V, Mayo de 1997, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AÚN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público". Por lo anterior, al no haberse acreditado la titularidad del bien inmueble que se pretende defender, lo que se traduce en la falta de comprobación de un interés jurídico, legalmente protegido es incuestionable que no se afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Esto, porque resulta importante contar con plenitud de certeza de que quien pide la anulación por esta vía de un acto autoritario sobre un bien cualquiera, alegando ser ajeno a la controversia de donde dicho acto emana y afirmando ser el poseedor o propietario legítimo del bien materia del litigio, efectivamente cuente con tal carácter y que a él corresponda la titularidad efectivamente de ese derecho, cuya afectación ataca, no siendo suficiente para ello, se insiste, el documento exhibido en autos, porque como ya se dijo no acredita la titularidad del quejoso respecto a ese inmueble. Es menester precisar que no basta para tener por acreditado el interés jurídico del impetrante de amparo, la sola presentación de la demanda, pues ello implica únicamente la pretensión de poner en movimiento el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que el acto reclamado lesiona su interés jurídico, tampoco las manifestaciones contenidas en ella bajo protesta de decir verdad, en razón de que dicha fórmula únicamente se trata de un requisito meramente formal que la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo exige en el contenido del escrito inicial de demanda, pero esta declaración no entraña el acreditamiento de un derecho, ni el interés jurídico para el ejercicio de la acción constitucional, sino la satisfacción por parte de la inconforme de los requisitos exigidos por el numeral en mención que deberá encontrarse robustecida con elementos de convicción que hagan prueba plena. Sobre el particular, es aplicable el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número doscientos noventa y ocho, consultable en la página doscientos cuarenta y seis, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que textualmente dice: "INTERES JURIDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACION DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Asimismo, resulta oportuno invocar la jurisprudencia número doscientos noventa y siete, sustentada por la referida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y cinco, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que es del tenor literal siguiente: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACION DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." De igual forma, resulta pertinente aclarar que, tampoco es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico del peticionario de amparo, el hecho de que la autoridad responsable ordenadora haya aceptado el acto reclamado, pues una cosa es tener por existentes los actos de molestia, y otra, el perjuicio que estos puedan depararle al quejoso, luego entonces, le correspondía a él comprobar el interés jurídico con algún elemento de prueba que acredite que efectivamente le causa perjuicio los actos impugnados y, por lo mismo, tenía la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de garantías, misma que no satisfizo. Al caso concreto, es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Congruente con lo anterior, al carecer de interés jurídico el peticionario del amparo y, por ende, actualizarse la causal de improcedencia que se ha analizado, impone sobreseer en el asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XII, del mismo ordenamiento. El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al no haberse combatido por vicios propios, ya que su ilegalidad la hace depender de los actos atribuidos a la ordenadora. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia VI. 2o. J/7, visible en la página 690 del Tomo II Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Ahora bien, los tribunales federales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente; sin embargo, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías, como ocurre en este asunto, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sustenta lo aquí resuelto, la tesis 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe decir que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, precisión que se hace de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63 fracción V, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, atento a las razones y fundamentos legales plasmados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; primero de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Fecha de audiencia constitucional. Consecuentemente, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será´ pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevara´ a cabo la relación de constancias y recibirán los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común y el buzón judicial, tal como lo prevé´ el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, únicamente la parte quejosa podrá´ alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Autoridad responsable remite constancia de emplazamiento de tercero interesada. En otro contexto, téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, Morelos, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado por auto de ocho de diciembre pasado, remite la constancia de notificación realizada a la tercero interesada ********. Al respecto, téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito, y por recibida la constancia de notificación en cita para los efectos legales a que haya lugar. Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.
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