Octavio Arenas Tapia

Expediente 1992/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1992/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Octavio Arenas Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo vigente, en contra de la sentencia pronunciada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 96 a 100). Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, aun cuando no obra constancia con la que se acredite que las autoridades foráneas denominadas Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en la Ciudad de México y Encargado de la Clínica Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, hayan quedado debidamente notificadas de la sentencia referida, pues dado el sentido de la misma, no están en aptitud de recurrirla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XX.J/74, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; sin embargo, se observa que en su oportunidad le fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa, misma que con esta data en que se causa ejecutoria a la sentencia pronunciada en autos, deja de surtir efectos, de lo que se ordena hacer del conocimiento de las responsables para los efectos legales conducentes. Finalmente, ya que la parte quejosa adjuntó a su demanda una documental en original (foja 17), con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger el citado documento; apercibida que de no hacerlo, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de ocho del actual mes y año en curso (foja 272); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la Secretaria de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el ocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 144 a 155), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: De lo anterior se colige, que el acto que debían realizar los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es lo siguiente: Dejar sin efectos la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario CD-PAD 02/2018 y, reponer el procedimiento disciplinario desde el auto de inicio, a efecto de que le diera a conocer al servidor público presunto responsable los hechos que se le imputan en la queja interpuesta por Edelmira Mercado Hernández, así como la causa de responsabilidad en la que se encuadra, a efecto de que estuviera en aptitud de ejercer una adecuada defensa y continuar el trámite legal y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda; además, de hacerse extensiva a la ejecución reclamada. Así, en diverso auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 176 a 177), se causó ejecutoria la sentencia antes indica y se requirió a las autoridades, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria en análisis. Luego, por oficio y anexo signados por el Consejero Presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (fojas 180 a 183), informó que había dejado sin efecto la sentencia de cuatro de julio de dos mil dieciocho dentro del procedimiento administrativo de que se trata y ordenó reponer el procedimiento, dejando sin efecto todo lo actuado desde el doce de enero del año próximo pasado y se dio vista al aquí quejoso para que formulara su respectivo informe en relación a la denuncia en su contra, dándosele a conocer los hechos imputados; posteriormente, el treinta y uno de mayo de esta anualidad, mediante ocurso y anexos suscritos por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (fojas 188 a 247), hizo del conocimiento las actuaciones del procedimiento administrativo disciplinario CD-PAD 02/2018, de donde se advierte entre otra cosas, que el promovente del amparo rindió su correspondiente informe y ofreció pruebas, por lo cual, el citado órgano señaló fecha para su desahogo; por último, el siete del actual mes y año (fojas 257 a 271), el Consejero Presidente antes descrito, hizo del conocimiento la resolución dictada el treinta de septiembre de este año, donde se declaró improcedente el procedimiento administrativo de que se trata. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias certificadas relativas al procedimiento administrativo disciplinario CD-PAD 02/2018, de su índice en dos tomos, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el comunicado de cuenta signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, como lo acredita con el anexo que acompaña; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexos de mérito, en vías de cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Juzgado Federal el treinta de agosto de este año (fojas 212 a 225), el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector. En relación a lo anterior, por acuerdo de dos de septiembre del año actual (foja 226), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que hubieran realizado alguna manifestación. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el dos de julio del año actual (fojas 161 a 174), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: **Resolución que por acuerdo de doce de agosto del año actual (fojas 195 a 196), se declaró firme y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento al fallo. Ante ello, el treinta de agosto de este año, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector, es decir, dejó insubsistente la interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio contencioso administrativo 209/2014, y en su lugar pronunció la diversa de veintinueve de agosto del año en curso, en la que de manera fundada, motivada y congruente resolvió el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho procedimiento (fojas 212 a 225). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del precepto 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió (fojas 17 a 24 y 32 a 36), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. **

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